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Las medidas de ajuste

El Gobierno impulsa retiros voluntarios

Política

Hay 113.000 empleados públicos nacionales en condiciones de adherirse; el programa tiene un fondo de $ 100 millones; se pagará un sueldo por año de antigüedad más un plus del 15 por ciento del monto total; pretenden obtener mayor eficiencia.

A partir de junio próximo, unos 113.000 empleados dependientes de la administración pública nacional podrán optar por adherirse a un sistema de retiro voluntario.

Los empleados de los organismos descentralizados, por su parte, podrán acogerse al nuevo régimen entre el 2 y el 30 de septiembre próximo.

Con esta medida, la administración de Fernando de la Rúa pretende "obtener una mayor eficiencia y racionalizar el gasto público", según explicaron fuentes gubernamentales.

De acuerdo con cálculos oficiales, el retiro voluntario le permitiría ahorrar al Estado, en un lapso promedio de un año y medio, unos 80 millones de pesos de gastos fijos por el pago de sueldos a sus empleados.

El nuevo sistema de retiro voluntario está contemplado en la decisión administrativa Nº 5/00, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, y la del ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, y que fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

Desde el 2 de abril y hasta el 30 de septiembre próximos, los empleados públicos podrán enterarse de las características del retiro voluntario para tomar una decisión.

No todos, sin embargo, podrán adherirse al beneficio.

Así, de las 280.000 personas que en la actualidad trabajan en el Estado nacional, sólo unas 113.000 estarán en condiciones de acogerse al sistema, según indicó a La Nación el subsecretario de la Gestión Pública, Leandro Popik.

El funcionario sostuvo que no podrá retirarse por medio de este sistema el personal de las Fuerzas Armadas que presta servicios militares, de las fuerzas de seguridad y policiales -se encuentren en actividad o retirados- y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

De esas áreas oficiales dependen aproximadamente 150.000 empleados, más de la mitad del total del personal de la administración pública nacional.

Tampoco podrán adherirse quienes estén sometidos a procesos penales o sumarios administrativos de los que puedan surgir cesantías o exoneraciones, ni quienes perciban jubilaciones, retiros u otras prestaciones equivalentes.

Finalmente, no podrán incorporarse al sistema de retiros voluntarios las personas que estén en condiciones de jubilarse en los próximos tres años y aquellos empleados que se encuentren en uso de licencia o en situación de disponibilidad.

Cómo retirarse

El mecanismo para adherirse al retiro voluntario será así: primero, el Gobierno hará un censo en el que evaluará cómo se desempeña cada empleado.

Con esa información en la mano, cada ministro verá si acepta o no las solicitudes de retiro voluntario que lleguen a su despacho.

Las indemnizaciones se calcularán de acuerdo con el número de años trabajados como empleado permanente (se pagará un mes de sueldo por año de antigüedad), a los que se agregarán un plus del 15 por ciento sobre esa cantidad y los montos por preaviso que determine cada estatuto laboral en vigencia.

Así, por ejemplo, un empleado que trabajó durante diez años con un sueldo de 1000 pesos, cobrará 10.000 pesos en concepto de indemnización más 1500 pesos de plus.

En la liquidación se tomarán en cuenta los conceptos remunerativos no extraordinarios, percibidos mensualmente en forma normal, regular, habitual y permanente.

No se tomarán en cuenta los pagos extraordinarios, las horas extras, los gastos de movilidad, las asignaciones familiares, el sueldo anual complementario (aguinaldo) y todo otro concepto cuyo pago no tenga periodicidad mensual.

Para el pago de las indemnizaciones, que se harán en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas, la Secretaría de Hacienda constituyó un Fondo de Reestructuración Organizativa de 100 millones de pesos.

Ese porcentaje es muy inferior al 80 por ciento ofrecido en 1990 por el gobierno entonces a cargo de Carlos Menem. Esto, sumado al alto desempleo, es lo que hace pensar a la administración nacional actual que en esta oportunidad se desvincularán del Estado muchas menos personas que en ese entonces.

Mientras que en los dos retiros voluntarios realizados durante la gestión de Raúl Alfonsín y en el que instrumentó Menem se adhirió al retiro un promedio del tres por ciento de los que estaban en condiciones de hacerlo, para esta oportunidad se estima que sólo lo hará el 2,65 por ciento, es decir, unos 3000 empleados.

Esa cifra permitirá al Estado ahorrar, en un año y medio, aproximadamente 80 millones de pesos, con lo que recuperaría unos dos tercios del monto invertido en el pago de las indemnizaciones.

Mirando al pasado

Hace quince días, la Subsecretaría de la Gestión Pública y la Secretaría de Hacienda empezaron a analizar en forma conjunta los tres retiros voluntarios instrumentados durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem.

Dos fueron las conclusiones que surgieron de esas experiencias anteriores: l Un retiro voluntario hecho rápidamente puede llevar al Estado a perder a sus mejores empleados. Tentados por las indemnizaciones, éstos pueden decidir irse y trabajar en el sector privado.

l Se corre el riesgo de que se retiren demasiados empleados, lo que obligaría al Estado a pagar cifras astronómicas en concepto de indemnizaciones. Esto obligaría además a la recontratación de algunos empleados ante la exagerada reducción de la planta de personal.

De allí la importancia del "relevamiento integral de recursos humanos" que en los próximos días comenzarán a realizar especialistas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de la Jefatura de Gabinete y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) entre los 113.000 empleados que se encontrarán en condiciones de adherirse al retiro voluntario.

Por un convenio de colaboración con la Subsecretaría de la Gestión Pública, que se firmará hoy, a las 17.30, en el auditorio del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), también participarán del relevamiento las organizaciones no gubernamentales (ONG) del Foro de la Transparencia, entre las que se cuentan las agrupaciones Conciencia, Compromiso Ciudadano y Poder Ciudadano.

Censo cualitativo

Se tratará de un censo cualitativo, en el que se evaluará la eficacia de cada empleado. "No queremos hacer tanto un Estado más chico como un Estado más eficaz", argumentó Popik.

Para evitar que algunos empleados se retiren por la "tentación" de las indemnizaciones con la intención de volver más tarde, la medida publicada en el Boletín Oficial establece que el personal que se desvincule de la administración pública no podrá, salvo algunas excepciones, ser reincorporado durante un lapso no menor de cinco años.

Por otro lado, aquellos empleados que elijan seguir trabajando en el Estado deberán pasar por otra prueba: en los próximos tres años, cada ministerio seguirá de cerca su rendimiento por medio de evaluaciones periódicas. A partir de esos resultados decidirá cuánto les paga mensualmente.

Este sistema de premios y castigos según la calidad del desempeño no es otro que la "gestión por resultados" que fue anunciada por el vicepresidente Carlos Alvarez la semana última, cuando presentó la Secretaría para la Modernización del Estado. .

Gabriela Litre
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