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Solución superadora

Por Ricardo Gómez Diez Para LA NACION

Lunes 27 de mayo de 2002

En septiembre de 1974 el Congreso sancionó la ley 20.840, de seguridad nacional. El país vivía una situación muy difícil, ya que la violencia subversiva se había instalado en la República. Para citar un caso, ese fue el mes del secuestro de los hermanos Born.

Esta ley contemplaba varias figuras que podríamos denominar de carácter político y en sus artículos 6 a 9 legislaba sobre lo que se dio en llamar “subversión económica”. En el debate, estos artículos fueron cuestionados, ya que se planteó que se superponían con figuras contempladas en la legislación y se sostuvo también que los tipos penales descriptos eran imprecisos y que iban a ser difíciles de aplicar.

El senador Solari Yrigoyen dijo con claridad: “Queremos que los delitos sean bien definidos para que se entienda cuál es la actividad punible. Si la terminología es confusa, la propia Justicia encontrará inaplicable la ley o tal vez podrá llegar a aplicarla por vía de interpretación, que no es el mejor método de la ciencia penal”. Con el voto favorable del justicialismo y las críticas de radicales y provinciales la ley, fue finalmente aprobada.

Primer intento

En 1984, reinstaurada la democracia, el presidente Alfonsín envió al Congreso un proyecto de derogación total de la ley 20.840. En esa oportunidad el Senado se pronunció por primera vez por la derogación total, pero incorporando modificaciones al Código Penal. La Cámara de Diputados impuso un criterio distinto, ya que decidió la derogación parcial manteniendo los delitos económicos. La ley pasó a denominarse de subversión económica.

En 1997 el Senado, aconsejado por la Comisión de Asuntos Penales en despacho que suscribieron, entre otros, Cristina de Kirchner, Jorge Yoma y Pedro Villarroel, aprobó por segunda vez la derogación de la ley, por medio de un proyecto que luego no fue tratado por la Cámara de Diputados.

Hace casi un mes el tema cobró actualidad cuando 20 gobernadores suscribieron un plan que se conoció como el documento de los 14 puntos, que contempla entre otros aspectos la firma, en 15 días, de acuerdos fiscales bilaterales entre la Nación y las provincias para reducir el déficit, la modificación de la ley de quiebras y la derogación de la ley de subversión económica.

De estos puntos, a la fecha, los acuerdos con las provincias están demorados, la ley de quiebras se modificó y la de subversión económica tiene un trámite inconcluso.

Cuando el presidente Duhalde, en cumplimiento de este acuerdo, remitió al Senado un proyecto de derogación de la ley 20.840, recogimos la iniciativa de la derogación, pero planteamos como solución superadora una modificación del Código Penal, al insertar el delito de vaciamiento de empresa con términos precisos como figura fraudulenta en el artículo 174 de ese cuerpo legal.

Al suprimirse esa ley simultáneamente con la incorporación del delito señalado al código, no hay vacío legal; por consiguiente, no hay impunidad.

Además, se prevé que las causas en trámite ante la justicia federal continuarán sustanciándose en el mismo fuero hasta su conclusión. Las nuevas actuaciones se tramitarán ante los jueces penales ordinarios, ya que se trata de delitos comunes incorporados al Código Penal.

Con la solución pergeñada se salvan las objeciones que se habían formulado acerca de falta de seguridad jurídica por lo impreciso del tipo penal y la jurisdicción federal de excepción, y se asegura al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie.

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