Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Las proveedoras denuncian censura en Internet

La ley que las obliga a ofrecer software para bloquear sitios específicos despertó críticas por parte de las ISP, que consideran que es imposible controlar los contenidos en la Red

Domingo 12 de enero de 2003

Las empresas proveedoras de Internet (ISP por sus siglas en inglés) en la Argentina dicen que están confundidas. Una nueva ley las obliga a ofrecer a sus clientes "software de protección que impida el acceso a sitios específicos" y las compañías, abrumadas por la falta de precisiones del texto, han llegado a denunciar censura y falta de responsabilidad del Estado.

Se trata de la ley 25.960, publicada el 3 del actual en el Boletín Oficial, que aún debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. El proyecto original, impulsado por la diputada radical Marta di Leo, establecía que los ISP debían proveer un software que "impida el acceso a sitios de contenidos para adultos, que pudieran dañar la formación psíquica y moral de niños, niñas y adolescentes".

El cambio en el texto fue realizado, según Di Leo, en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados. "Lo hicieron para hacerla más general y para que pueda ser aplicada no sólo en el caso de los contenidos pornográficos", dijo la diputada."Quisieron incluir aquellos sitios que son inconvenientes que los vea cualquiera, como las páginas que exaltan la discriminación".

Los softwares disponibles no ofrecen un control total ya que los chicos pueden conectarse en un locutorio o hackear el sistema
Los softwares disponibles no ofrecen un control total ya que los chicos pueden conectarse en un locutorio o hackear el sistema. Foto: Archivo

¿Quién definirá el término "específico"? Nadie lo sabe aún porque el texto no lo deja en claro. Hasta el momento, la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (Cabase) que agrupa a las empresas proveedoras no se ha pronunciado y está analizando la situación.

Mientras tanto, cada empresa ha realizado una libre interpretación de lo que significa la nueva ley. Y todas coincidieron en afirmar que es imposible impedir el acceso a los sitios en la Red.

Las firmas desconocen si el software deberá ser gratuito o pago, pero Di Leo señaló que serán ellas las encargadas de definir la forma en que ofrecerán la solución. Actualmente, sólo algunos servidores en la Argentina ofrecen sistemas de protección (ver aparte).

Cruces y confusiones

La diputada destacó que la modificación "no cambia el espíritu de la ley que intenta brindar a los padres una herramienta más para proteger a sus hijos de los contenidos en la Web".

"¿Protegerlos de qué?", se preguntó Karina Degano, gerenta de marketing de Ciudad Internet, empresa proveedora de Internet del Grupo Clarín. "La ley habla de contenidos específicos, lo cual es un concepto demasiado amplio que puede abarcar cualquier cosa", destacó la ejecutiva, que habló también en nombre Full Zero, el servidor gratuito del grupo.

"Creemos -continuó- que eso atenta contra la libertad de prensa y la libertad de información de un sitio para publicar lo que quiera, y por eso estamos totalmente en contra de esta norma."

Hernán Glatsman, director de negocios de AlternativaGratis, señaló que "la ley tal cual está no encaja con el espíritu de Internet, que siempre fue la libertad". El ejecutivo, sin embargo, dijo que no cree que "la norma toque la libertad de las empresas porque no obliga al usuario a instalar el software sino que le brinda una opción".

Fuentes de Telecom, que provee Internet a través de Arnet, señalaron que la empresa se suma "a la preocupación general de los otros servidores por la definición de un concepto que podría avanzar sobre los ámbitos de la libertad y que abandona el proyecto original".

El presidente de America Online (AOL), Osvaldo Setuain, destacó que la norma "limita a las empresas dirigidas a ciertos tipos de usuarios porque no todas son familias con hijos chicos y cada una tiene una orientación".

Y David Castiglione, gerente de UOL-Sinectis, afirmó: "Estamos de acuerdo con el espíritu de la ley, pero me parece mal que diga contenidos específicos. Una cosa es la pornografía, pero a ver si deciden que el deporte extremo es violento. Ahí hay una deformación en el espíritu de la norma".

En tanto, Andrés Bargués, gerente de servicios de Internet de Telefónica, aseguró estar sorprendido y destacó que "en el fondo el espíritu de la ley es bueno, pero no es clara".

La Comisión Nacional de Comunicaciones se hará cargo del control de las empresas. Y tendrá la facultad de fijar y aplicar las multas a las infractoras.

Al respecto, los ejecutivos de Ciudad Internet y UOL-Sinectis destacaron que el organismo esta a cargo de regular las telecomunicaciones y no de versar sobre contenidos.

Francisco de la Mano, gerente general de Fibertel, dijo que "la aplicación de la norma será difícil". "Ni siquiera se sabe quién definirá lo que significa específicos. El texto te la deja picando y mañana un regulador puede poner en manos de un censor la definición de específico, y ahí tal vez prohiban alguna religión", afirmó.

En este contexto, Alejandro Prince, presidente de la consultora Prince&Cooke, disparó: "La ley es estúpida. No en su intención, pero si en su posibilidad de aplicación. Pasará lo mismo que con la televisión, que después encontrás un decodificador por tres pesos", agregó.

Para el directivo, esta norma sólo traerá más control, más presupuesto y más burocracia. "En cuanto el Estado se meta en esto vamos a entrar en una zona peligrosa con límites pocos claros, más allá de la intención que haya tenido la diputada que originó el proyecto", afirmó.

Entre revuelos de conceptos y opiniones cruzadas, todos los ejecutivos parecieron coincidir en algo: impedir que chicos o grandes naveguen libremente por la Red es algo que resulta imposible.

¿Por qué? Por un lado, porque algunos protectores como los que proveen las mismas compañías reconocen al usuario y a partir de allí aplican el filtro. En consecuencia, si el internauta se conecta a través de otro servidor puede ingresar al site que desee sin protector alguno.

También están aquellos que se aplican en la máquina. En ese caso, bastaría con cambiarse de computadora.

Y finalmente, existen los que evitan el ingreso a sitios con determinadas palabras y ahí existe el riesgo de censurar páginas que tal vez no sean pornográficas o xenófobas, pero que contengan alguna palabra relacionada con el tema como muchos diarios online.

Cualquiera sea el protector que se utilice también estará presente, según Horacio Stolovitzky, presidente del proveedor gratuito Argentina.com, otro problema típico de las familias: el poco conocimiento de los padres sobre Internet y el amplio manejo de sus hijos.

Al respecto, Setuain destacó: "Hoy los pibes son cada vez más tecnológicos y lo que no puedan ver en su casa lo van a ir a ver a lo de un amigo o a cualquier locutorio".

En un comunicado, la consultora especializada en Internet, Carrier & Asociados, bautizó el texto como "la ley de la vaguedad". Señala que permite diversas interpretaciones en función de los intereses de cada uno y agrega:

"Da la sensación de haber sido redactada por gente que no tiene la más mínima idea de lo que está hablando."

Acusado

Para las empresas, la única forma de prevenir el ingreso de los chicos a los sitios es por medio de la educación de los padres y también del Estado. En ese sentido, Setuain señaló que el Estado debería "educar a los chicos y no limitar a las empresas".

Al reclamo se sumó De la Mano, gerente general de Fibertel, que considera que el Gobierno quiere delegar cuestiones de educación en otros.

"Están tras una solución mágica que me parece que lo único que va a lograr es que la gente delegue en los ISP el papel de educadores, que le corresponde a los padres y al Estado. Y cuando las empresas fallen, porque la protección total no existe, las harán responsables", afirmó.

Prince, en tanto, destacó que "cuando alguien no quiere sus hijos vean algo debe ocuparse de eso, hacerse el tiempo y educarlos". "También te podés convertir en una botona y ponerle el protector. Algo así como ponerle un candado al teléfono", agregó irónicamente.

Más allá de las críticas, la decisión final quedará en manos del usuario: será el cliente quien elija instalar o no el software que los ISP estarán "ofrecer". Difícilmente, esto pueda ser considerado como algún tipo de censura a no ser que la reglamentación del texto de nueva sorpresas a las empresas.

Sin definiciones y envueltos en una nube de interpretaciones, los proveedores defienden el espíritu de libertad que caracterizó siempre a la Red.

Algunos a rajatabla, otros reconociendo el derecho de los padres a controlar lo que sus hijos ven.

Por Mercedes García Bartelt De la Redacción de LA NACION

Te puede interesar