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La cultura del delito

Opinión

Por Juan José Cresto
Para LA NACION

Se está instalando en la Argentina una peligrosa conducta social que, a largo plazo, es aún más peligrosa que la pobreza: la cultura del delito. Nuestro país viene abandonando lenta pero persistentemente la filosofía del trabajo, que en su momento hizo grande la Nación y permitió una vida con dignidad a millones de seres que a lo largo de un siglo vinieron a nuestras costas en busca de mayor bienestar. Ese premio, consistente en un salario, ha sido reemplazado, cada vez más, por la dádiva o el delito. Y esta filosofía es apoyada por cultores de la pretendida "igualdad social", por la que enriquecerse por medios lícitos es condenable, o por quienes sostienen que las necesidades de unos deben ser sufragadas por otros, sin discriminación. O, lo que es peor aún, por miembros del aparato del Estado, que apoyan la permisividad en todas sus formas, como habitualidad demagógica.

Así pues, la Argentina es el país de las leyes que no se cumplen o entran en desuso desde el momento mismo de su promulgación. El neologismo piquetero no es más que un modo de designar al que comete el delito de usurpación de la propiedad, u otro mucho peor, porque es fuente de dinero ilícito recaudado en rutas y calles obstruidas bajo la presión del número. La expresión "casas tomadas" es un eufemismo para significar el abuso sobre la propiedad de otro, el delito de usurpación, que, a estas alturas, parece ser moneda corriente pero vista con benevolencia. "Rutas cerradas" es la obstrucción de cualquier camino o calle pública, delito que impide el acceso de las gentes, restringe la libertad, dificulta el comercio y la producción, causa lesiones económicas y personales, pero es oficialmente tolerado y, en algunos casos, hasta subrepticiamente promovido.

Temor al número

La destrucción de frentes de edificios públicos y privados es un delito visible para cualquiera y negado también por cualquiera que lo haya visto. Nadie tiene el coraje civil de denunciarlo. El robo de estatuas y la destrucción de placas de bronce han llevado las ciudades argentinas al último y degradado nivel del Tercer Mundo. El saqueo de cables telefónicos aísla barrios enteros. La sustracción de tapas de tormenta, con el consiguiente peligro en la vía pública, se comete a cada instante y, a fuer de cotidiana, ya no es noticia para nadie, no merece ser mencionada en ningún diario ni noticiero. Estamos conviviendo con el horror. Las constantes manifestaciones públicas, generalmente airadas, con bombos costosos, palos uniformados y organización, hechas a toda hora y en todo momento por personas provenientes de lejanos lugares, nos llevan a pensar que detrás de ellos alguien los moviliza y les paga.

Lentamente, pero dando pasos que parecen irreversibles, los piqueteros y practicantes de otras actividades marginadas se han unido en movimientos antisociales con organización, que representan la licitud de la ilicitud, han conversado y hasta pactado con autoridades y hacen valer los pretendidos derechos de esa misma actividad ilegal e inconstitucional. Un diálogo en el nivel gubernamental o con autoridades legítimas los hace a todos ellos parte de una negociación que, cualquiera que sea ella, por su misma naturaleza es racional. Por lo tanto, hay un reconocimiento y una aceptación de la actividad ilícita como valedera. Es grave.

La cultura del delito procede del temor de gobernantes y de gobernados. Ese temor es una filosofía de gobierno. Se teme al número. O, dicho de otra forma, se teme a la opinión pública desfavorable a las muchedumbres ruidosas que pueden originar conflictos de vida, se teme el juicio periodístico de diarios y medios de comunicación. Lejos estamos de un Sarmiento, Roca, Pellegrini, Alvear, Frondizi y tantos otros que decían lo que debían, gustara o no a los públicos.

Por otro lado, el temor de los gobernados, es decir, de toda la ciudadanía, es cada vez mayor. Y lo es justificadamente. La gente se encierra bajo llave, traba el automóvil, camina con precaución, se toman medidas en cualquier horario nocturno. Somos todos prisioneros de la cultura delictiva, prisioneros que nada podemos decir ni hacer. La autoridad pública está ausente porque cualquier participación suya es criticada: si es débil, por lenidad; si es fuerte, por brutalidad. Nada conforma a nadie, mientras la sociedad se sigue sumiendo en la miseria. Se están dando pasos hacia la anarquía sin salida posible, mientras se destruyen los bienes públicos y privados de un siglo y medio de trabajo acumulados.

Se han asociado a los modernos demagogos algunos jueces llamados "garantistas", que todo lo aprueban en aras de la protección del delincuente so pretexto de ¡garantizar la libertad! Cuando todo fluye en esa dirección, no hay dique oponible. El Código Penal ha sido modificado para reducir penas y hasta la Constitución Nacional tiene agregados tales, como que forman parte de ella los convenios internacionales, que no son de interés para nuestro país, para darles jerarquía constitucional. Desmantelar todo este andamiaje jurídico, incluyendo una reforma de la Constitución para volver a las fuentes, puede llevar algunos años, pero modificar una cultura delictiva es aún más difícil y prolongado.

Los verdaderos necesitados

Por supuesto, es necesario deslindar de los activos delincuentes a los menesterosos, a los pobres, a los indigentes y a los que han caído en la postración de la miseria. Estos requieren toda ayuda posible del Estado y de la sociedad, tanto más intensa y desinteresada cuanto mayor es el gran problema, que han creado dirigentes irresponsables pero cuya autoría ahora les adjudican a otros, innominadamente, como siempre ocurre. No se puede confundir delito con necesidad legítima. La ayuda debe darse sin retacear, en el entendimiento de que a la vez se deben crear legítimas fuentes de trabajo que sustituyan la dádiva. Y sea dicho al margen de este tema, todo empleo que se logra crear procede de una inversión de capital de alguien o de una actividad legítima, que otro considera rentable o lucrativa. El milagro consiste en que no hay milagro.

Si alguna vez tenemos "pleno empleo", no será nada fácil reemplazar la dádiva de "Jefes y Jefas de Hogar" por un trabajo cotidiano de ocho horas, porque cuando se pierde la dignidad del salario obtenido con esfuerzo, solamente se vuelve a él con una reeducación lenta y disciplinada. Más grave que la miseria, debida a políticas equivocadas de dirigentes incapaces, es la cultura del delito, que debe ser atribuida a la demagogia, a la permisividad de la politiquería y al desprecio de la ley. No obstante, por largo que sea el camino, es necesario comenzar de inmediato: de lo contrario se habrá extinguido en plazo breve la civilización que hemos construido. .

El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.
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