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Cómo se eligen magistrados en otros países

Política

En los EE.UU., Brasil o Chile hay mayor transparencia y la participación activa de entidades civiles

Por   | LA NACION

El anuncio del presidente Néstor Kirchner de autolimitar sus facultades para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema pone a la Argentina al nivel de otros países donde los mecanismos de selección de magistrados son más complejos y menos dependientes de los deseos presidenciales.

Así lo muestra un relevamiento realizado por LA NACION en los modelos judiciales de Estados Unidos, Brasil, Italia, España, Chile y Uruguay.

Aunque los intereses políticos parecen estar presentes en todas partes del mundo, la participación activa de asociaciones civiles, los nombramientos por antigüedad y las facultades más limitadas para el presidente son algunas de las disposiciones que propician un perfil menos político para los jueces de última instancia.

Ante el avance del juicio político que desde el Congreso amenaza con desbancar al titular del máximo tribunal, Julio Nazareno, Kirchner apuró el anuncio de una serie de medidas para despejar las sospechas que indicaban que intentaría conformar una nueva "corte adicta".

En un gesto que cosechó reacciones positivas de medios académicos y civiles, Kirchner firmó un decreto que dispone que cuando se produzca una vacante, en un plazo de treinta días se publicarán las nóminas de los postulantes, con todos sus antecedentes. Y que luego habrá un plazo de quince días para que los organismos competentes y ciudadanos en general presenten sus observaciones.

Hasta ayer, el sistema argentino preveía un procedimiento más discrecional para el reemplazo de los magistrados. Sin consulta previa, el presidente debía proponer un candidato; para aprobarlo, se requiere el voto de los dos tercios de los legisladores presentes en la sesión de la Cámara alta. De esa manera fueron designados Nazareno y los otros ocho integrantes de la Corte.

"Audiencias más serias"

Aunque el sistema es similar al dispuesto por Kirchner, en los Estados Unidos los aspirantes que llegan al Senado, también a propuesta del presidente, son sometidos a una exhaustiva evaluación de antecedentes. En las sesiones de acuerdo se les da activa participación a entidades de la sociedad civil, las que pueden presentar sus propios informes.

"Las audiencias de acuerdo no son meramente formales como las nuestras, sino que son mucho más serias, más largas y con mucha investigación previa. Se presentan pruebas, testigos, es casi como un juicio", explicó el constitucionalista Alejandro Carrió. Detalló además que por la publicidad que se le da al proceso a la hora de la designación el candidato es una persona conocida por gran parte de la sociedad.

Carrió subrayó, además, que las propuestas de los sucesivos presidentes no siempre pasaron por el filtro del Senado norteamericano. En cambio, en la Argentina nunca fue rechazado un candidato elevado por el Poder Ejecutivo.

La Constitución de Brasil, en tanto, determina que el presidente de la nación recomiende una lista o un nombre al Senado para ocupar las vacantes de la Corte, compuesta por once miembros. Pero el nombre de ese aspirante se eleva al Parlamento sólo después de que el mandatario recibe recomendaciones de diferentes entidades civiles, como colegios de abogados u organizaciones no gubernamentales (ONG). Este es un mecanismo similar al impuesto ayer por Kirchner.

Los jueces de la Corte Suprema de Chile son designados por el presidente de la república con el acuerdo de los dos tercios de los presentes del Senado, tal como ocurre en la Argentina. La diferencia es que el jefe del Estado elige a un magistrado de una terna de jueces de cortes de apelaciones que le presenta la propia Corte Suprema. Por lo tanto, al máximo tribunal sólo acceden jueces. No lo hacen los juristas externos o dirigentes políticos. El máximo tribunal de Chile está conformado por veintiún integrantes, que se deben jubilar al cumplir 75 años.

Doble vía

En Uruguay, dos de las cinco bancas de la Suprema Corte de Justicia están actualmente vacantes. Allí, hay dos vías para la designación de jueces: la Asamblea General, que conforman diputados y senadores, tiene un plazo de 90 días para elegir un magistrado, por medio de una votación con mayoría especial. El presidente no tiene interferencia en esta designación.

Si no hay acuerdo parlamentario en el plazo previsto, queda automáticamente designado para el cargo el miembro de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad en ese cargo. Los mandatos en la Suprema Corte duran diez años.

El proceso de designación de jueces es bien distinto en Italia y España, por tratarse de sistemas de gobierno parlamentarios, no presidencialistas.

En el país ibérico, los magistrados del Tribunal Supremo son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el órgano de gobierno de los jueces. En lo formal, el CGPJ es independiente del Poder Ejecutivo, pero esa independencia encuentra sus matices si se tiene en cuenta que sus miembros son elegidos por el Congreso.

Cuando se produce una vacante en el máximo tribunal español pueden concursar para ese cargo los jueces con un determinado nivel de experiencia, que suele rondar los 15 años. Una comisión calificadora del CGPJ se encarga de evaluar los méritos y la trayectoria de cada uno. Es allí cuando también se tendría en cuenta la "ideología" de los candidatos, según señalaron a LA NACION expertos en el sistema judicial español.

En Italia hay, por un lado, una Corte de Casación, que es un órgano colegiado dividido en secciones que tiene la tarea de asegurar el exacto cumplimiento y la interpretación uniforme de la ley.

Y, por otro lado, una Corte Constitucional, cuyo objetivo es juzgar la constitucionalidad de las leyes, juzgar sobre los conflictos de competencia entre los poderes del Estado y juzgar penalmente, en los casos previstos por la ley, al presidente de la república. Este tribunal está conformado por 15 jueces, que se mantienen en el cargo durante nueve años. Cinco son nombrados por el presidente, cinco por el Parlamento y cinco por magistrados ordinarios y administrativos de grado más elevado.

Con la colaboración de corresponsales en el exterior .

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