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Dossier de julio para coleccionar / Violencia / Ultima entrega

Violencia institucional

Revista

La agresión institucional, que se hace visible a la opinión pública, sobre todo en casos referidos a la policía -Federal y provinciales-, de gatillo fácil y de apremios ilegales, es una de las más profundas urgencias que deben ser atendidas por el Estado nacional. Cuáles son las víctimas de este mal y a qué organizaciones recurrir en busca de ayuda

 
 

La consultora Opinión Pública Servicios y Marketing, dirigida por Enrique Zuleta Puceiro, difundió una encuesta de imagen de la Policía Federal -trabajo encargado por el diario Página/12 y publicado en su edición del 9 de junio último- donde revela que el 70 por ciento de los encuestados piensa que esa fuerza protege el tráfico de drogas, el juego y los secuestros. En otro segmento del informe, casi el 67 por ciento cree que la policía libera zonas para el robo de autos, y el 58 por ciento dice que desalienta a los vecinos de la ciudad para que no hagan denuncias.

Por su lado, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) informa que sólo en la ciudad de Buenos Aires se detiene a 413 personas por día en aplicación de los edictos policiales, y cerca de la mitad por averiguación de antecedentes. En total, más de 200 mil detenciones anuales. Estas herramientas represivas -aclara la Correpi- sirven como instrumento para aplicar el control social a los sectores más desprotegidos, a los jóvenes, a los pobres, a los inmigrantes de países limítrofes y a quienes se ven obligados, para evitar la detención, a contribuir con la cooperadora policial, como es el caso de prostitutas, travestis y vendedores ambulantes.

La violencia institucional, encarnada en su escenario más emblemático, la Policía Federal y las policías provinciales, es, si no la mayor, una de las más profundas urgencias que debe atender el actual gobierno. La historia reciente -reflejada con algunos ejemplos que aquí se exponen- así lo demuestra.

  • Walter Bulacio, de 17 años, fue detenido el 19 de abril de 1991, antes de ingresar en un recital de rock del grupo Los Redonditos de Ricota, en el estadio Obras. El joven, que fue hospitalizado por la golpiza recibida en la comisaría 35ª, de Belgrano, murió una semana después. Luego de intervenir en la causa 36 jueces -incluyendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, el comisario Miguel Angel Espósito fue procesado y se le dictó prisión preventiva por el delito de privación ilegal de la libertad calificada. En 1996, la fiscal Mónica Cuñarro pidió que se lo condene a 15 años de prisión y 30 de inhabilitación absoluta. Pero la causa penal no avanzó, y el 21 de noviembre último la Sala VI de la Cámara del Crimen resolvió que el caso estaba prescripto. El ex comisario Espósito quedó liberado de responsabilidad.

A doce años del hecho, el Estado argentino reconoció su responsabilidad en la muerte de Walter Bulacio al firmar un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la familia de la víctima, en el que admite que violó los derechos humanos de Walter Bulacio, al ser detenido ilegalmente.

  • Miguel Bru estuvo detenido en la comisaría 9ª de La Plata el 18 de agosto de 1993. Su cuerpo sigue sin aparecer.
  • Cristian Domínguez Domenichetti, detenido en la Unidad Penal XV, de Batán, provincia de Buenos Aires, en febrero de 1995, fue esposado a una reja y golpeado con palos de goma y de madera. Murió por la hemorragia causada por el estallido del hígado. La Justicia condenó a dos guardiacárceles como autores materiales por aplicación de tormentos, pero no consideró probado el resultado de la muerte como consecuencia de la tortura y no se pudo determinar quién fue el autor del golpe mortal que reventó el hígado.
  • Cristian Campos, de 16 años, fue secuestrado, baleado y quemado vivo por tres policías de Mar del Plata el 5 de marzo de 1995.
  • Sebastián Bordón, de 18 años, fue asesinado por la policía en Mendoza el 2 de octubre de 1997 mientras realizaba el viaje de egresados con sus compañeros. Su cuerpo fue hallado diez días más tarde al pie de un barranco.
  • Durante los brutales episodios que enmarcaron la salida del gobierno de Fernando de la Rúa, 24 civiles murieron (seis en la Capital Federal, nueve en la provincia de Buenos Aires, cinco en Santa Fe, dos en Entre Ríos, uno en Córdoba y uno en Río Negro). En el libro Días de furia, Jorge Camarasa, su autor, relata: Para las 6 de la tarde de ese día, Carlos Maestro y Horacio Pernasetti, jefes de los bloques oficialistas de senadores y diputados, habrían conseguido por fin comunicarse por un teléfono celular con De la Rúa: -Fernando -le habrían dicho a coro-, tenés que parar la represión, porque va a haber más muertos. Y De la Rúa habría contestado: -No es así, son cuentos. No pasa nada.

Cuando la represión en el microcentro provocó los 5 muertos y 41 heridos de bala, la jueza María Romilda Servini de Cubría acusó formalmente a Fernando de la Rúa por homicidio, prohibiéndole la salida del país.

Hace pocos días, el ex presidente negó ante la jueza haber tenido responsabilidad en la muerte de los manifestantes durante las protestas, y sus abogados afirmaron que él mismo se ocupó de "mantener el orden y evitar los excesos".

  • La asociación Periodistas, en un informe entregado el año último al entonces presidente Eduardo Duhalde, indica que durante 2002 se denunciaron 106 agresiones contra periodistas en las que estuvieron involucrados funcionarios o ex funcionarios públicos. Entre ellos se destaca el estado de permanente inseguridad que vive la periodista Clara Britos, propietaria y directora del periódico mensual La Tapa, de Guernica, provincia de Buenos Aires, a pesar de los reiterados reclamos ante las autoridades y de la custodia domiciliaria de que dispone desde el 25 de febrero último.

Britos ya había sido amenazada en un acto en Avellaneda, en julio de 2002, al cumplirse un mes de la muerte de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la policía durante una manifestación de piqueteros en el puente Pueyrredón. Precisamente el responsable del operativo policial de aquel día y principal acusado por los crímenes, el comisario inspector Alfredo Fanchiotti, fue el que el 1° de enero de 2000 encabezó un allanamiento en el domicilio particular de Britos con la excusa de buscar a dos asesinos. En ese procedimiento, la periodista y su familia fueron maltratadas y obligadas a pasar cuatro horas tirados en el piso.

El Gobierno nacional -resume Periodistas- no puede contemplar indiferente la sucesión de casos que atentan contra la libertad de expresión, porque podría ser considerado cómplice por omisión. Nos negamos a aceptar que se trate de casos aislados. Hechos políticos como los ocurridos recientemente en Catamarca ponen de relieve que en la lucha por el poder vale todo, y en tales circunstancias la libertad de expresión resulta seriamente afectada.

La teoría y la práctica

La Argentina es signataria de la Convención contra la Tortura, de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, de la Convención sobre Derechos del Niño y de otros tratados internacionales que, a partir de la reforma constitucional de 1994, tienen jerarquía de norma suprema. "Sin embargo -al decir de la Correpi-, esa supremacía formal no se traduce, en la práctica, en una real prevención por parte del Estado argentino de la tortura, ni de homicidios y desapariciones cuya autoría es imputable a funcionarios de las fuerzas de seguridad federal y provinciales."

En un mismo sentido, Graciela Rosemblum, copresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, apunta que el grado de aplicación de esos convenios en nuestro país es relativo. Primero, porque no hay leyes que reglamenten esos pactos, y segundo, porque con esto pasa lo mismo que con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional: hay una enumeración de derechos que uno tiene, pero no está, en la letra de la Constitución, la forma de acceso a esos derechos; por lo tanto todo depende de la interpretación de la ley vigente. Por ejemplo, yo tengo derecho a tener una vivienda digna, pero resulta que no tengo vivienda, no tengo trabajo, no puedo alquilar, entonces ocupo una casa y en realidad estoy cometiendo un delito. Y la ley lo que reglamenta es ese delito, no el acceso a la vivienda digna. Estas son las contradicciones de la Argentina.

El control político

Seguimientos, amenazas, patotas asociadas con dirigentes políticos, detenciones por horas, es una realidad que está presente más de lo que puede imaginarse.

En un modelo económico-social como el nuestro se hace casi imposible hablar de la vigencia de los derechos humanos, aunque haya períodos, muy pequeños, sin represión política y social. La exclusión, la miseria, el hambre y la explotación se registran en forma ascendente desde que la Argentina surgió como nación, reflexiona Rosemblum. Y agrega: Conocemos la historia de la represión en nuestro país, y esas prácticas se siguen dando, en menor grado que otros años, pero están. Cuando un patrullero te levanta y te lleva a recorrer una zona determinada, eso recuerda prácticas de viejas épocas. De alguna manera, a partir de la violencia y la masividad que tuvo la represión desde 1976 hasta 1983, el tema de los derechos humanos en la Argentina ha quedado atrapado en las violaciones que tienen que ver solamente con el derecho a la vida y a la libertad, y no su íntima relación con los problemas económicos, sociales y culturales que tenemos como país. La represión es institucional, no del pueblo que sale a las calles. Los ejemplos más recientes son los hechos en el puente Pueyrredón y en Plaza de Mayo.

El abogado José María Ugarte, profesor de Derecho Administrativo (UBA) y especialista en temas de defensa nacional y seguridad pública, sostiene que, a pesar de todo, la Argentina, con todas sus dificultades y urgencias, es el país menos fracturado de América latina en relación con la violencia institucional. "Acá, como en los demás países de la región, la militarización de las instituciones a través de las diferentes dictaduras sentaron las bases para el crecimiento de este escenario. En nuestro caso, la promulgación de la ley de defensa nacional y de seguridad interior fue un paso muy importante para acorralar la violencia del Estado, caracterizada, principalmente, por el férreo control de las policías y por la obediencia ciega hacia el poder militar. Pero, a pesar de esto, al desaparecer el régimen militar nuestras instituciones jamás asumieron el control de ellas. Quedó el vacío."

Para Ugarte -corredactor de las actuales leyes de defensa nacional, de seguridad interior, de servicio militar voluntario y de reestructuración de las Fuerzas Armadas, así como de proyectos sobre leyes orgánicas sobre información e inteligencia-, la descentralización policial en la provincia de Buenos Aires, pero bajo un control único, es, más que indispensable, urgente.

"Hay con que desarticular las 18 jefaturas departamentales que cuenta la provincia de Buenos Aires para darle más autonomía a los municipios, pero siempre bajo un mismo organismo de control. La idea es volver a una sola policía, como antes, pero establecer más control político en todos sus aspectos. Y para la ciudad de Buenos Aires, crear lo antes posible el cuerpo de policía de la Ciudad, bajo órdenes directas del jefe de Gobierno. La otra opción es lo que hicieron países como El Salvador y Guatemala, que disolvieron sus policías para crear otras, nuevas."

Cuando Enrique Mathov -procesado por los episodios de diciembre de 2001- se desempeñaba como secretario de Seguridad durante el gobierno de De la Rúa, sostenía que el control policial era una decisión política, pero la forma de efectuarlo era decisión policial. En opinión del doctor Ugarte, ahí radica la falla porque "para terminar con la violencia institucional tiene que haber un férreo control político. No podemos dejar que la policía se controle a sí misma".

Violencia

  • Gatillo fácil: esta expresión se refiere, en lenguaje popular, a las ejecuciones sin ningún tipo de proceso previo, lo que configura la aplicación por parte de la policía de una verdadera pena de muerte extralegal. Se trata de seudoenfrentamientos en los que se puede distinguir dos etapas sucesivas en la perpetración del delito: el fusilamiento propiamente dicho y el posterior encubrimiento. De 1983 a la fecha, se produjeron en la Argentina 2,66 muertes por mes a manos de las fuerzas de seguridad. En todos los casos, la víctima estaba desarmada y no revestía peligrosidad para el funcionario público o para terceros en el momento de ser ultimada.

(Fuente: Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional -Correpi-)

Dónde recurrir

  • Correpi: Avda. Corrientes 1785, 4374-9547.
  • Liga Argentina por los Derechos del Hombre: 4371-8066.
  • Amnesty Internacional Argentina: Avda. Rivadavia 2206, P 4º; 4954-5599 www.amnesty.org.ar

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Por Jorge Palomar
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