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Demasiadas dudas que aún persisten

Coexisten dos teorías sobre el crimen; nunca se supo cuál fue el patrullero que llegó a Carmel y no entró En la causa consta que un móvil salió para atender "una emergencia" Sus ocupantes nunca declararon Tampoco se explicaron cuestiones poco claras referidas a los peritajes

Lunes 27 de octubre de 2003

En un año, la investigación por el asesinato de María Marta García Belsunce es un compendio de claros y oscuros. Sobresalen dos hipótesis: la del fiscal de Pilar Diego Molina Pico, que apunta al viudo, Carlos Carrascosa, como presunto homicida y al círculo íntimo de la víctima como encubridor, y la de la familia bajo sospecha, que insiste en el homicidio en ocasión de robo, por el que acusan al primer vigilador que llegó a la casa del country Carmel donde ocurrió la muerte, y a un vecino al que todos por allí parecían temer.

La familia dice que Molina Pico nunca quiso investigar esta línea; el fiscal responde que sí lo hizo, sólo que las pruebas apuntan al viudo y a su entorno. Pero lo único cierto, pasado un año, es que María Marta está muerta y que quien la mató vivía o trabajaba en el country, que nunca se encontró el arma homicida y que no se vio a nadie entrar o salir de la casa en el momento del hecho.

Es imposible que el custodio José Ortiz y el vecino Nicolás Pachelo (en una teoría), y Carrascosa, en la otra, coexistan en un expediente como eventuales autores del crimen. El viudo fue acusado como autor porque, según el fiscal, dijo que estaba en lo de sus cuñados cuando dos testigos lo vieron en el Club House. Pero Pachelo también mintió: dijo que no estaba en Carmel a la hora del crimen, y llamadas telefónicas y un video de seguridad del country demuestran que sí. Cayó su coartada, pero nunca fue indagado al respecto.

Son algunas de las particularidades de una causa que, como el fiscal admitió a LA NACION, está "llena de misterios". Y sobran los ejemplos.

Carrascosa y su círculo íntimo se niegan a que se les extraiga sangre para un cotejo de ADN. Creen que si no se les muestran los resultados antes, los peritos del fiscal podrían "manipularlos" con el fin de incriminar al viudo o a sus allegados.

Hay un precedente: las muestras de la zona del cráneo de la víctima por la que ingresaron las balas llegaron sin precintar al laboratorio. Los peritos hallaron en ellas el compuesto ciano, base de "la Gotita". El fiscal preguntó si podía tratarse de pegamento y se le respondió que sí, pero excluyó interrogar si ese elemento podía tener otro origen, como dice la familia. Nunca se profundizó ese estudio por vías independientes.

El auto "invisible"

Molina Pico da por sentado que se impidió a la policía llegar a la escena del crimen y que, incluso, se pagó una coima a los ocupantes de un patrullero que arribó a Carmel. Pero el fiscal nunca pudo corroborar quién llamó a la policía ni cuál fue el patrullero que acudió al country ante esa advertencia anónima.

El fiscal aseguró que ningún patrullero salió la noche del 27 de octubre de 2002 por una denuncia. Pero consta en la causa que a las 21.50 de ese día el móvil 28.948, con el sargento Hugo Fernández y el agente Cristian Da Silva como dotación, se dirigió a la zona de Fátima (Pilar) para atender una "emergencia".

Molina Pico entiende que el patrullero que fue a Carmel, pero no entró, pasó por allí a las 20.30, como dijeron los vigiladores. Si Horacio García Belsunce (h.) llegó allí a las 21.12 y llamó al celular del jefe antisecuestros Angel Casafús para que le "sacara a la policía de encima" a las 22.04, y gracias a esa llamada no hubo que "coimear" a los policías para que se fueran, como propuso el vecino Sergio Binello, es muy probable que aquél sea el móvil que nunca llegó a la escena. Esa hipótesis no se profundizó en la investigación.

Aquellos policías no fueron citados. Casafús sólo declaró como testigo; admitió dos llamadas de García Belsunce (h.), pero hubo siete comunicaciones a su celular.

El comisario mayor y el entonces jefe de Investigaciones de San Isidro, Aníbal Degastaldi -que fue con el fiscal a la escena del crimen, el mediodía del 28-, fueron denunciados por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público (por no ir a Carmel ante aquella llamada de las 22.04) y eventual encubrimiento, por hacer regresar, supuestamente, a los agentes. Pero nunca se los indagó.

Por Fernando Rodríguez De la Redacción de LA NACION

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