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XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

Declaración de Santa Cruz de la Sierra

Política

"La inclusión social, motor del desarrollo de la Comunidad Iberoamericana"

1. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países iberoamericanos, reunidos en la XIII Cumbre Iberoamericana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, reiteramos nuestro propósito de seguir fortaleciendo la Comunidad Iberoamericana de Naciones como foro de diálogo, de cooperación y de concertación política, profundizando los vínculos históricos y culturales que nos unen, admitiendo, al mismo tiempo, los rasgos propios de cada una de nuestras múltiples identidades que nos permiten reconocernos como una unidad en la diversidad.

2. Reconocemos que la lucha contra la pobreza es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de nuestros Estados y de la Comunidad Internacional. Declaramos que la superación de la pobreza requiere de la aplicación de políticas integrales definidas y desarrolladas por el Estado con la participación de todos los sectores de la sociedad, siendo el crecimiento económico una condición necesaria pero no suficiente para promover una mejor calidad de vida, superar la pobreza y eliminar la exclusión social.

3. Reafirmamos nuestra voluntad de reforzar las políticas y estrategias orientadas a luchar contra la pobreza y las causas que la originan, que hagan posible establecer condiciones de mayor inclusión social y expresamos nuestro convencimiento de que el mayor ejercicio de los derechos ciudadanos, la promoción de la equidad y la justicia social y la plena participación en la toma de decisiones sobre todos los asuntos de la vida nacional serán factores determinantes para el desarrollo de nuestras sociedades y para el afianzamiento de la gobernabilidad y la estabilidad democráticas.

4. Reafirmamos nuestra adhesión a los propósitos y principios del Derecho Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados, el principio de no intervención, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la protección y promoción de todos los derechos humanos para hacer frente a los problemas de la agenda internacional en un mundo globalizado. Nos manifestamos por un eficaz fortalecimiento del multilateralismo y del papel de la Organización de Naciones Unidas, como foro en el que deben resolverse las controversias internacionales, salvaguardar la paz y la seguridad internacionales y promover el desarrollo económico y social en el mundo.

5. Reafirmamos que el Consejo de Seguridad es el órgano con la responsabilidad primordial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Nos pronunciamos a favor de una amplia reforma de dicho órgano a fin de que opere de manera democrática, eficaz y transparente. Asimismo, apoyamos una amplia reforma del Sistema de Naciones Unidas que incluya una Asamblea General y una Secretaría General fortalecidas en sus funciones.

6. Reiteramos nuestro enérgico rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional, la libertad de mercado, navegación y comercio mundial y, por ello, exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin a la aplicación de la Ley Helms-Burton.

7. Subrayamos la importancia del establecimiento de la Corte Penal Internacional como órgano dedicado a investigar, juzgar y sancionar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, que afectan a toda la comunidad internacional. Destacamos la elección de distinguidos juristas iberoamericanos para integrar esta Corte, como jueces y fiscal, y subrayamos la importancia de la adhesión y ratificación universal del Estatuto de Roma.

8. Reconocemos que la democracia, la paz, la justicia, la equidad y el desarrollo sostenible son conceptos estrechamente vinculados que se refuerzan mutuamente. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso

con la consolidación de la democracia y el mantenimiento del Estado de Derecho, la protección y promoción de los derechos humanos, el reconocimiento y respeto a la propia identidad y al ejercicio de la diversidad cultural, así como el derecho de cada Estado a construir libremente sin injerencia extranjera, en paz, estabilidad y justicia, su sistema político y sus instituciones.

9. Subrayamos, asimismo, la importancia de instrumentar medidas orientadas a la superación de las condiciones socioeconómicas de pobreza y exclusión, campos fértiles para la desestabilización social y política.

10. Reafirmamos nuestra convicción de que constituyen elementos esenciales de la democracia, la independencia y equilibrio de poderes, la adecuada representación de mayorías y minorías, la libertad de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la participación ciudadana, la justicia social y la igualdad.

11. Reiteramos nuestro empeño en el fortalecimiento institucional del Estado, en lograr administraciones públicas más eficaces y transparentes y en promover los instrumentos necesarios para una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones. Los Estados Iberoamericanos fortalecerán en sus agendas gubernamentales las políticas de reforma de la Administración Pública. En este marco, expresamos nuestro especial compromiso para avanzar en la profesionalización de la Función Pública, acorde con los principios y orientaciones adoptadas en la "Carta Iberoamericana de la Función Pública", aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, celebrada el 26 y 27 de junio de 2003 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

12. Reafirmamos nuestra voluntad de combatir la corrupción en los sectores público y privado y la impunidad, que constituyen una de las mayores amenazas a la gobernabilidad democrática. Reiteramos la importancia de la cooperación internacional incluyendo, en su caso, los procedimientos de extradición, en la efectiva lucha contra la corrupción respetando los procedimientos jurídicos de cada país. El acceso a la información en poder del Estado promueve la transparencia y constituye

un elemento esencial para la lucha contra la corrupción y es condición indispensable para la participación ciudadana y el pleno goce de los derechos humanos.

13. Expresamos nuestro firme compromiso de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, con estricto apego al derecho internacional, a las normas internacionales de protección de los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario. Estamos decididos a reforzar nuestras legislaciones nacionales y fortalecer la cooperación internacional para prevenir, reprimir, combatir y sancionar todo acto terrorista, dondequiera que se produzca y por quien quiera que lo cometa, a no prestar ayuda ni refugio a los autores, promotores o participantes en actividades terroristas, de conformidad con las resoluciones relevantes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoyamos los trabajos del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad para combatir este flagelo, que representa una seria amenaza a la paz, la estabilidad democrática y el desarrollo de los pueblos.

14. Reafirmamos nuestro permanente compromiso de fortalecer la lucha contra el problema mundial de las drogas y sus delitos relacionados, desde un enfoque integral y equilibrado, que establezca una cooperación internacional fundada en los principios de la soberanía de los estados y la responsabilidad común y compartida. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de seguir cooperando en la lucha contra las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional.

15. Destacamos el positivo impacto social de los programas de desarrollo de cultivos alternativos en las comunidades rurales. Reconocemos la importancia de programas, eficaces y solidarios, de sustitución de cultivos ilícitos, para favorecer la inclusión social de los grupos más desfavorecidos del campo y los trabajadores rurales e indígenas, e instamos a la comunidad internacional a intensificar su apoyo a estos programas y a propiciar el acceso a los mercados internacionales de los productos de exportación resultantes de estos programas.

16. La situación de la economía mundial, la disminución del financiamiento para el desarrollo y de la cooperación multilateral afectan significativamente a nuestras sociedades. El problema se agrava por la volatilidad de los flujos financieros y de los capitales, el descenso de los precios de los productos básicos de exportación y la persistencia de barreras comerciales y medidas no arancelarias que dificultan las exportaciones, incluido el efecto de aquellas prácticas que, como los subsidios, distorsionan el comercio. Sobre este último asunto expresaron al mismo tiempo, su aprecio por el tratamiento constructivo del tema en las negociaciones entre América Latina y la Unión Europea. Los problemas señalados tienen un impacto muy negativo sobre las balanzas de pagos, ya muy afectadas por las grandes oscilaciones de los precios de los productos básicos de exportación.

17. Reiteramos la importancia del acceso de las exportaciones de los países en desarrollo a todos los mercados. Confiamos en que el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Conferencia de Monterrey por los países donantes lleve a que la Ayuda Oficial al Desarrollo acelere el crecimiento recuperado en los dos últimos años y contribuya de ese modo a asegurar una adecuada transferencia de recursos financieros hacia las regiones menos favorecidas del mundo incluidos los países de ingresos medios con altos niveles de pobreza y hacia programas y proyectos que favorezcan la reducción de la pobreza.

18. Ratificamos el deber de resolver, de manera efectiva, justa y duradera, el problema de la deuda externa que afecta a los países de la región, teniendo en consideración que los planes de ajuste económico preserven los principios de equidad y justicia social así como la lucha contra la pobreza, el hambre y la desocupación. A los efectos de aliviar el peso de la deuda a través de las negociaciones e iniciativas multilaterales, instamos al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo a que intensifiquen los mecanismos de prevención y resolución de las crisis financieras por las que atraviesan determinadas economías latinoamericanas, evaluando, en cada caso y con los países afectados, fórmulas para aliviar cargas insostenibles de la deuda, preservando los principios de responsabilidad mutua, de equidad, de combate a la exclusión y, en especial, promoviendo el fortalecimiento de la gobernabilidad de las democracias.

19. Las demandas sociales insatisfechas de nuestras poblaciones constituyen una amenaza a la gobernabilidad democrática. En ese contexto, recomendamos continuar con la búsqueda de mecanismos financieros innovadores destinados a afianzar dicha gobernabilidad y contribuir a la superación de la pobreza.

20. Acogemos con interés la iniciativa para la creación de un Fondo Humanitario Internacional, como mecanismo de financiación que permita acceder a fondos especiales que contribuyan a mitigar los efectos de la pobreza en los países en desarrollo.

21. Reconocemos el impacto positivo que tienen sobre la superación de la pobreza en nuestros países los avances de orden institucional que han significado una mayor participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, el mayor acceso de la población a la justicia y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, reconocemos que las reformas económicas estructurales llevadas a cabo con tanto sacrificio por nuestros pueblos y por nuestros gobiernos en muchos casos no han producido resultados suficientes sobre la disminución de las desigualdades y de la exclusión social, e incluso en algunos casos, han significado un retroceso o profundización de estos fenómenos.

22. Somos conscientes de que la exclusión social es un problema de carácter estructural con profundas raíces históricas, económicas y culturales cuya superación demanda una profunda transformación de nuestras sociedades, afectadas por la desigualdad en la distribución de la riqueza. Reconocemos la urgente necesidad de aplicar políticas públicas dirigidas a disminuir la pobreza e incrementar el grado de participación ciudadana de todos los sectores excluidos de la población en el diseño de las políticas sociales, la toma de decisiones y el control y la fiscalización sobre los recursos financieros destinados a dar cumplimiento a estas políticas, de manera que sean ellos los actores de su propio y pleno desarrollo. Así podremos propiciar su acceso a la tierra, a las fuentes de trabajo, a una mejor calidad de vida, a la educación, la salud, la vivienda y otros servicios básicos.

23. Tenemos la certeza de que la pobreza no se resuelve con planes asistenciales. Aún cuando éstos constituyan un paliativo obligado hasta la efectiva solución del problema, debe evitarse que cristalice una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos. Por ello, nos proponemos impulsar todas las acciones necesarias para disminuir las elevadas tasas de desocupación que castigan a nuestras sociedades, generando condiciones propicias para el desarrollo de los negocios y la inversión productiva y mediante programas de capacitación y de generación de empleo que permitan insertar a los desempleados, en las actividades productivas. Asimismo, reafirmamos nuestra convicción de que el trabajo decente tal como es concebido por la OIT, es el instrumento más efectivo de promoción de las condiciones de vida de nuestros pueblos y de su participación en los frutos del progreso material y humano.

24. Ratificamos el compromiso de seguir avanzando con las políticas solidarias de desarrollo sostenible que permitan alcanzar de forma planificada y equitativa las metas de erradicación de la extrema pobreza, dotación de servicios básicos para toda la población, mejoramiento de la calidad de vida, protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales y la modificación de los patrones no sostenibles de producción y consumo. Exhortamos por ello a los países desarrollados, a los organismos de cooperación y a las instituciones financieras multilaterales a reforzar la ayuda dirigida a programas y proyectos de desarrollo que cumplan con esas políticas.

25. Admitimos, por otra parte, que la crisis económica que afecta a la mayoría de los países iberoamericanos y la desigualdad en la distribución de los recursos y de los ingresos están produciendo un considerable deterioro y vulnerabilidad de la seguridad alimentaria de grandes sectores de nuestra población, especialmente en las zonas rurales, lo que tiene grandes repercusiones sobre el desarrollo humano y sostenible de la región. Por ello, consideramos necesario crear instrumentos enfocados a favorecer, entre otras medidas, la concesión de créditos y fortalecer los programas de capacitación y asistencia técnica que permitan a los más afectados formular estrategias integradas y participativas de producción agrícola para su autoabastecimiento, a fin de garantizar un desarrollo rural integral.

26. Reiteramos que la agricultura y la relación armónica entre lo rural y lo urbano son primordiales para el desarrollo integral de nuestros países. Nos comprometemos a incrementar las oportunidades para mejorar las condiciones y las capacidades humanas, sociales e institucionales de vida en el medio rural, promoviendo las inversiones y creando una institucionalidad favorable para el mejoramiento sostenible de la agricultura, el fomento de la agroindustria y su contribución al desarrollo social, la prosperidad rural y la seguridad alimentaria.

27. Asimismo, nos proponemos seguir adoptando medidas de emergencia para asistir a las familias e individuos cuyos ingresos per cápita sean inferiores al de la línea de pobreza y garantizarles la seguridad alimentaria. En ese sentido, registramos con interés la creación de un Fondo Mundial Contra el Hambre. Este fondo que se inserta en el contexto de la cooperación Sur - Sur, ya cuenta con donaciones de empresas privadas y contribuciones de países patrocinadores y podría beneficiarse de una dimensión Norte - Sur mediante el apoyo político y donaciones financieras de los países desarrollados.

28. Reconocemos el papel fundamental que la microempresa tiene para el desarrollo de nuestros países, ya que genera riqueza y empleo, facilita la descentralización económica y permite la incorporación de amplios sectores de la población a las economías nacionales. Reconocemos también el papel que las cooperativas y asociaciones comunitarias tienen para el desarrollo de una economía solidaria con vocación social, porque contribuyen a generar empleo productivo, promueven una mayor integración social, así como la plena participación de todos los sectores de la población en el proceso productivo nacional, en particular de las mujeres, los jóvenes, y las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Por ello, nos comprometemos a fomentar la concesión de microcréditos que favorezcan su más amplio desarrollo, teniendo en cuenta la equidad de géneros.

29. Asumimos el compromiso de continuar avanzando en la formulación y ejecución de políticas regionales para el desarrollo de una infraestructura de integración física regional, por la importancia que ésta tiene para disminuir los índices de pobreza y exclusión social y para aumentar el grado de participación y de articulación de las poblaciones originarias. Consideramos necesario asimismo que en esta política regional se dé prioridad a las necesidades y problemas específicos de los países en desarrollo sin litoral marítimo de la región y a las zonas interiores de los países de tránsito. Valoramos la importancia estratégica regional que representa para nuestros países el transporte aéreo y tomamos nota de la puesta en marcha del Comité Regional de Competitividad en el Transporte Aéreo.

30. Reconocemos la necesidad de generar un programa regional de vivienda de interés social y asentamientos humanos, orientado a los sectores sociales más pobres, con el propósito de contribuir en forma sustantiva a los esfuerzos que los gobiernos vienen desarrollando por medio de los programas nacionales de combate a la pobreza, contribuir al crecimiento económico de los países a través de las relaciones intersectoriales de la actividad de la construcción, generar fuentes de ingreso y empleo para las familias pobres, propiciar una mayor gobernabilidad en los países y, contribuir a la superación de las condiciones críticas medioambientales presentes en los asentamientos humanos y con ello promover el desarrollo sostenible del hábitat regional.

31. Somos conscientes de la importancia de la educación como factor de inclusión social para la erradicación de la pobreza, el logro del desarrollo sostenible y la construcción de sociedades prosperas y democráticas. Reiteramos nuestro compromiso para alcanzar las metas educativas establecidas en la Declaración de Bariloche en 1995, y para impulsar un Movimiento en favor de la Educación. Asimismo, acordamos que el día 2 de octubre sea adoptado en nuestros países como el día iberoamericano de la Educación.

32. Destacamos la posibilidad de llevar adelante estudios técnicos, diálogos y negociaciones conjuntas ante organismos internacionales con el objeto de explorar la viabilidad y puesta en marcha de estrategias, iniciativas e instrumentos de conversión de la deuda externa por inversión en educación, ciencia y tecnología, según sea del interés de los Estados, con el doble objetivo de reducir y aliviar el nivel de endeudamiento de nuestros países y a la vez aumentar la inversión genuina en dichos sectores críticos para el desarrollo.

33. Afirmamos que la cultura contribuye al desarrollo humano sostenible como elemento de cohesión social, basado en una perspectiva integral de la persona, que toma en cuenta la pluralidad de sus necesidades y aspiraciones. Reconocemos la riqueza de nuestra diversidad cultural como un valor fundamental de la Comunidad Iberoamericana y destacamos la conveniencia de fomentar, plena y libremente, políticas públicas integrales y transversales que fomenten la producción de bienes y servicios culturales como fuentes de valor agregado. Este último aspecto, también deberá considerarse en las negociaciones comerciales internacionales actuales y futuras.

34. La defensa de los derechos y de la identidad propia de las culturas originarias de América, afro descendientes y de otras procedencias, como parte fundamental de nuestras sociedades, debe ser una prioridad permanente para nuestros gobiernos, porque contribuyen de forma determinante al desarrollo e identidad de toda la comunidad iberoamericana. Su plena integración en la vida nacional, basada en el ejercicio de sus culturas y sus derechos ciudadanos, es un objetivo común que sólo podrá ser alcanzado a partir del desarrollo de la interculturalidad.

35. En el convencimiento del valor de la cultura para contribuir en la búsqueda de la equidad social, proclamamos el año 2005 como el año Iberoamericano de la Lectura, y proponemos aunar esfuerzos del sector público y del privado para llevar a buen término el Plan Iberoamericano de Lectura aprobado por la VII Conferencia Iberoamericana de Cultura.

36. La salud constituye un derecho humano fundamental para el desarrollo sostenible. El rescate de la atención primaria de salud, el objetivo de salud para todos y con todos, el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo del Milenio y el fortalecimiento de las capacidades de gestión local en salud deben convertirse en ejes estratégicos fundamentales para incrementar la protección social y lograr el acceso universal a la salud. En este sentido, es importante incrementar la inversión pública en salud y aprovechar los esfuerzos cooperativos entre países en el marco de las iniciativas regionales y subregionales de integración, así como, movilizar el apoyo de la comunidad y la cooperación internacionales

37. Declaramos que es necesario que todos nuestros países amplíen el acceso equitativo, universal y permanente a los sistemas de salud y de seguridad social y de dirigir nuestra acción hacia los sectores excluidos, con el propósito de disminuir los índices de mortalidad infantil y materna, prevenir la difusión de enfermedades infecto-contagiosas como el SIDA y a asegurar la atención primaria integral de salud de toda la población y el acceso a los medicamentos esenciales, respetando y promoviendo las costumbres y valores propios inherentes a cada cultura.

38. Por otra parte, ratificamos nuestro rechazo a todas las formas de discriminación racial, social, religiosa, de género o de orientación sexual, de discapacidad, u otras formas de discriminación. Consideramos relevante promover el papel fundamental de los instrumentos internacionales y regionales de promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona, así como la cooperación de todos los países en este ámbito.

39. Con la finalidad de promover un mayor entendimiento y concientización respecto de los temas relativos a las personas con discapacidad y movilizar apoyo a favor de su dignidad, derechos, bienestar y de su participación plena e igualdad de oportunidades, así como fortalecer las instituciones y políticas que los beneficien, proclamamos el año 2004 como Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad.

40. Reconocemos las contribuciones económicas y culturales de los migrantes a las sociedades de destino y a sus comunidades de origen. Ratificamos el compromiso de establecer una mayor coordinación y cooperación en torno al tema de las migraciones y destacamos la importancia de la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino para asegurar la plena protección de los derechos humanos y laborales de los migrantes y sus familias, así como para combatir el tráfico ilícito y la trata de personas que afecta particularmente a niños, niñas y mujeres. Impulsaremos para ello un diálogo integral entre los países de origen, tránsito y destino de los migrantes, que permita la gestión adecuada de los flujos migratorios y la integración social de los migrantes. Reconocemos también la necesidad de fomentar las inversiones productivas que generen fuentes de empleo dignamente remunerado, para crear alternativas a los actuales flujos migratorios y para eliminar el tráfico ilegal de personas. Asimismo impulsaremos mecanismos de cooperación que simplifiquen, reduzcan el costo y aceleren las remesas que envían los migrantes a sus países de origen.

41. Asimismo reiteramos el compromiso para combatir la trata de personas que afecta particularmente a mujeres, niños y niñas, adoptando medidas de prevención y protección de las víctimas, ajustadas a los principios reconocidos internacionalmente de no discriminación y de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, garantizando además que el retorno sea en la medida de lo posible voluntario y tenga debidamente en cuenta la seguridad y dignidad de la persona, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de no devolución consagrado en ellos.

42. Reconocemos que la mujer desempeña un papel fundamental en los procesos de transformación social y es factor determinante para el desarrollo económico de nuestros pueblos; y constatamos que aún persisten en nuestras sociedades diversas formas de discriminación, de exclusión y de violencia contra ella. Nos comprometemos a emprender, apoyar e impulsar en las políticas nacionales los planes de equidad de género e igualdad de oportunidades y los de prevención de violencia contra la mujer, que garanticen el desarrollo de sus potencialidades y su participación igualitaria en todas las actividades de la vida pública y privada y en la toma de decisiones en todos los ámbitos y niveles.

43. En Iberoamérica, los niños, niñas y adolescentes conforman la mayor parte de la población. Muchos de ellos nacen en condiciones de pobreza y de exclusión, lo que disminuye sus capacidades personales y compromete el futuro de nuestras sociedades. Reconocemos la deuda que nuestros Estados tienen con los jóvenes y nos comprometemos a seguir buscando soluciones que aseguren su plena inserción social y laboral y su participación en la toma de decisiones sobre todos los asuntos que les conciernan. Ratificamos por ello nuestro decidido apoyo a las actividades desarrolladas en la búsqueda de estos objetivos por la Organización Iberoamericana de Juventud. Nos comprometemos a seguir desarrollando políticas públicas sostenibles que permitan cumplir los objetivos y metas acordadas por los países iberoamericanos, especialmente a favor de la niñez indígena y afro descendiente, con criterios de equidad e inclusión social, implementando un sistema de asistencia técnica horizontal para la región y procurando que la cooperación internacional incremente su apoyo, en cumplimiento del compromiso internacional de destinar el 0.7% del PIB de los países desarrollados como ayuda oficial al desarrollo.

44. Concordamos en que la revolución informática y tecnológica abre mayores posibilidades de participación social, económica y política. Las tecnologías de la información son herramientas indispensables para la promoción del desarrollo económico y social de nuestros países Es importante evitar que la sociedad de la información genere nuevas formas de exclusión. La reducción de la brecha digital, el desarrollo de la infraestructura para la conectividad y el acceso universal deben ser objetivos fundamentales de las políticas de construcción de la sociedad de la información. Consideramos que la administración de Internet debe realizarse a través de una gestión amplia, transparente, participativa y democrática en la que intervengan los gobiernos los organismos internacionales, la empresa privada y la sociedad civil. Consideramos que junto con maximizar las ventajas que se derivan de estas innovaciones tecnológicas es necesario también evitar nuevas formas de exclusión y discriminación tecnológicas, desarrollando proyectos de cooperación en materia de tecnologías de información. Nos proponemos trabajar por estos objetivos y por la promoción de la diversidad cultural y lingüística en la próxima Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.

45. Asimismo somos conscientes de que la protección de datos personales es un derecho fundamental de las personas y destacamos la importancia de las iniciativas regulatorias iberoamericanas para proteger la privacidad de los ciudadanos contenidas en la Declaración de La Antigua por la que se crea la Red Iberoamericana de Protección de Datos, abierta a todos los países de nuestra Comunidad.

Cooperación Iberoamericana

1. Reafirmamos que la cooperación, tal como lo estipula el Convenio de Bariloche, debe ser uno de los ejes centrales sobre los que se sustenta el proceso permanente de construcción de la Comunidad Iberoamericana como espacio de convergencia y de inclusión política, económica, social y cultural de todos los sectores de nuestras sociedades.

2. Destacamos los progresos en la ratificación del Protocolo de La Habana, por el cual se crea la Secretaría de Cooperación Iberoamericana.

3. Valoramos la importante contribución de los distintos programas de cooperación iberoamericana, que figuran en Anexo, al desarrollo de los países y a la consolidación de la Comunidad Iberoamericana y nos comprometemos a difundir sus alcances y resultados.

4. Ratificamos el mandato encomendado a la SECIB para la búsqueda de fuentes adicionales de financiamiento para los programas y proyectos de cooperación iberoamericana, tanto en el sector privado como en los organismos internacionales.

5. Manifestamos nuestra satisfacción ante el avance alcanzado por la iniciativa CIBERAMERICA para la conformación de una comunidad virtual iberoamericana, por lo que aprobamos su conversión en Programa Cumbre, encomendando a la SECIB el seguimiento y desarrollo de sus aspectos jurídicos y técnicos, así como la inclusión en este portal, entre otros contenidos, de una base de datos de mejores prácticas de cooperación técnica, identificadas de común acuerdo.

6. Reconociendo que la lectura es un instrumento real para la inclusión social y un factor básico para el desarrollo social, cultural y económico de nuestros países, aprobamos con beneplácito que el Plan Iberoamericano de Lectura - ILIMITA sea Programa Cumbre.

7. Destacamos, especialmente, los logros alcanzados por el programa IBERMEDIA durante el presente año y reiteramos nuestro compromiso con la continuidad del mismo, particularmente, con la generación de un marco jurídico adecuado que permita el desarrollo de todas las potencialidades de crecimiento de dicho programa.

8. Considerando lo señalado en la Declaración de Lima, saludamos con beneplácito la incorporación como Proyectos adscritos a la Cumbre Iberoamericana, del Programa de Formación de Altos Dirigentes y Funcionarios Iberoamericanos en Gobierno y Gestión Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y del Programa Iberoamérica Emprende, destacando la puesta en marcha de esta nueva modalidad de cooperación iberoamericana.

9. Reconocemos el trabajo realizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena) conforme a los mandatos de Lima y Bávaro y saludamos la presentación del Informe Ejecutivo sobre los avances de su Plan de Reestructuración. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir apoyando al Fondo Indígena a través de las distintas modalidades de contribución e invitamos a la Cooperación Internacional a continuar respaldándolo.

Acogemos con beneplácito la invitación hecha por el gobierno de Costa Rica y acordamos realizar la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en la República de Costa Rica en el año 2004.

Aceptamos complacidos la invitación del Presidente del Gobierno español D. José María Aznar López, para realizar en ese país, en el año 2005, la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

Expresamos nuestra gratitud al Presidente Carlos D. Mesa .

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