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Rescisión de la concesión del servicio postal

Se precipita la quiebra del Correo

Economía

El Gobierno, al rescindir el contrato de concesión a la empresa Correo Argentino SA, aceleró los tiempos de la quiebra, una decisión que parecía previsible y que, ahora, se volvió virtualmente inevitable. Pero, al mismo tiempo, crea una serie de incógnitas: por un lado, las posibilidades reales que tendrán los acreedores para cobrar sus créditos, y por el otro abre la puerta a que el grupo Macri inicie un juicio millonario contra el Estado.

Macri también aduce créditos contra el Estado -fuentes cercanas a la causa dicen que existen pruebas suficientes- y su rescisión caducó antes del plazo previsto.

Anteayer, el Gobierno oficializó la rescisión del contrato de la concesión y estableció un período de 180 días para volver a licitar el servicio postal entre el sector privado. Mientras tanto, una unidad administradora, encabezada por el diputado Eduardo Di Cola, se hará cargo de la administración de la empresa.

El Estado pretende ser acreedor de la firma por 296 millones de pesos. Pero, además, el CFI y el BID lo son, respectivamente, por 180 y 194 millones, y el Citibank, por 38 millones, además de otros acreedores menores. En total, Correo Argentino adeuda más de 900 millones de pesos, sumando las deudas al Estado y a los organismos multilaterales.

Correo Argentino se presentó en convocatoria de acreedores en septiembre de 2001 y pidió sucesivas postergaciones del plazo para proponer un acuerdo con los acreedores. El 9 del mes pasado venció ese período de exclusividad, por lo que el grupo Macri presentó ante el juez del concurso preventivo, Eduardo Favier Dubois, un pedido para alargar 30 días ese plazo. Por otra parte, el síndico solicitó una medida de no innovar en la que pidió que la Justicia impida la rescisión del contrato o, en su caso, que la deje sin efecto.

Sin prórroga

En primera instancia, el expediente no prosperó, y ahora está a estudio de la Sala B de la Cámara Comercial, integrada por Ana Piaggi, Enrique Butty y María Gómez Alonso de Díaz Cordero. La cámara, aunque hace un mes decidió abrir la queja, no está dispuesta a conceder ni la prórroga del período de exclusividad, ni tampoco dejará sin efecto la rescisión del contrato. Una vez que, posiblemente esta semana, dicte esa resolución y desestime la extensión del período de exclusividad corresponderá técnicamente abrir el período de cram down , para intentar un salvamento de la empresa.

Pero por más que los trámites de ese momento procesal insumen, publicación de edictos mediantes, unas tres semanas, en este caso no tiene viabilidad alguna. Es imposible que, luego de la rescisión, se inscriba un inversor. En todo caso, quien quiera conseguir la concesión deberá presentarse en la futura licitación. Por eso, el juez Favier Dubois terminará decretando la quiebra, presumiblemente antes de fines de año.

Ahora, con la rescisión del contrato, los bienes de la concesión volverán al Estado, salvo, tal vez, la planta de Monte Grande -por ahí pasa uno de los ejes de la discusión-, bien sobre el cual los acreedores intentarían cobrar lo que se les debe. Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó ayer que la quita de la concesión del Correo "no tiene el propósito de que el Estado reasuma funciones que fueron delegadas a la actividad privada".

"FedEx no está negociando"

El llamado a licitación para otorgar la concesión del Correo dentro de seis meses esparció rumores de posibles interesados en adquirir el servicio postal argentino. Uno de los nombres que sonaron con fuerza fue el de la empresa norteamericana FedEx, que, consultada por LA NACION, informó: "FedEx Express no está negociando la compra de Correo Argentino. No existen precedentes de que FedEx Express asumiera el control de un servicio postal nacional en cualesquiera de los más de 210 países en donde opera".

Operadores postales consideraron que muchas empresas tendrán interés e hicieron votos por que las condiciones de la competencia sean "más limpias y sin prebendas". .

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