Si usted es una persona con dificultades visuales, navegue el sitio desde aquí

Hora de responsabilidad y decisión

Viernes 16 de marzo de 2001

CON una creciente ansiedad, el país entero, y la comunidad de negocios y los medios políticos en particular, aguardan el anuncio de las medidas económicas con que el equipo encabezado por Ricardo López Murphy se propone restablecer la salud de las finanzas públicas y recuperar el crédito fiscal, como un paso necesario -según su diagnóstico- para mejorar la credibilidad del país y retomar el ritmo expansivo de las actividades productivas.

La elaboración y la comunicación del programa, sin embargo, se ven jaqueadas por una enconada resistencia de diferentes sectores políticos que, por una parte, disienten en los criterios de austeridad en el gasto y contracción de las estructuras estatales que orientan la prédica de la nueva conducción económica, y, por otra parte, recelan de los efectos que una política de achicamiento y reorganización del sector público pudiera ejercer sobre el ánimo del electorado en los comicios de octubre próximo.

Visto que esa oposición resulta especialmente vigorosa y refleja una peculiar animosidad en el seno del Congreso, sin excluir a una parte importante de los legisladores que integran la propia alianza oficialista, existe en la sociedad el difundido temor de que las medidas, cuyo anuncio es inminente, terminen por carecer de fuerza y eficacia suficientes, ante la falta de un sustento político adecuado.

Tanto más en momentos como los actuales, cuando a las ostensibles dificultades del erario se suma un conjunto de circunstancias desfavorables en el escenario internacional, que contribuyen a retacear la credibilidad en la economía argentina y en su capacidad de recuperación, y a dificultar y encarecer, por ende, el financiamiento que el país -dado el abultado nivel de su gasto público- está requiriendo.

Suscita preocupación el hecho de que una porción significativa de la dirigencia política en general esté dando muestras de poca responsabilidad y hasta de ignorancia frente a los rasgos de gravedad cada vez más obvios que exhibe la situación económica de la Nación.

Los argumentos empleados por numerosos políticos para defender la permanencia de estructuras y presupuestos que son administrados directa o indirectamente por ellos mismos o por sus pares contribuyen a que la asignación del gasto público siga siendo desordenada, irresponsable y defectuosa.

La Argentina necesita hoy, y con urgencia, aplicar una política que venga a enderezar las cuentas públicas. Parece posible (aunque no son muchas, a primera vista, las alternativas disponibles) discutir sobre la forma de hacerlo, pero no hay duda de que el crecimiento ilimitado de la deuda pública no es un camino accesible ni sostenible a mediano plazo, por muchas dispensas que conceda al país el Fondo Monetario.

Por otra parte, el fuerte desequilibrio fiscal de este primer trimestre de 2001 deja a la vista, con toda claridad, que los esfuerzos realizados desde fines de 1999 han sido estériles en cuanto al objetivo de moderar el gasto y achicar el déficit del sector público de manera sustancial. En rigor, ni en la administración central ni en las estructuras de provincias y municipios se advierten avances de importancia hacia una reducción de las erogaciones, y mucho menos se ha hecho para mejorar la asignación de los recursos con criterios de eficiencia y racionalidad.

Más allá de la valoración que merezcan las iniciativas que se aprestan a difundir el ministro López Murphy y sus colaboradores, está claro que ningún programa económico puede ser llevado eficazmente a la práctica si carece del sustento político indispensable. Desde el presidente de la Nación, en primer lugar, pasando por el gabinete de ministros, hasta los legisladores y dirigentes de la Alianza que accedió al poder en 1999, la estructura política que debería apuntalar la gestión del gobierno de De la Rúa se ve dispersa, desorientada, poco coherente y abstraída muchas veces en juegos electoralistas o en disputas internas que no se corresponden con la gravedad del momento económico. Y la oposición justicialista, con demasiada frecuencia, se preocupa más por sus perspectivas en futuros comicios que por sus obligaciones y responsabilidades como parte de las estructuras de poder.

No es del caso reclamar que por mera disciplina partidaria radicales y frepasistas digan que sí a todo, ni de que nadie renuncie a sus principios más arraigados. Pero es necesario que el funcionamiento de las instituciones sea una vía abierta a la adopción de decisiones que ya no pueden ser demoradas si se pretende alcanzar los objetivos de un Estado cuidadoso de sus finanzas, y no un obstáculo paralizante que inhiba cualquier iniciativa tendiente a resolver los grandes problemas estructurales del país.

Las dudas y los temores sobre una falta de gobernabilidad en la Argentina de hoy son factores que gravitan pesadamente sobre las posibilidades de reconstruir la credibilidad internacional que el país necesita imperiosamente.

Si los dirigentes políticos -o una parte importante de ellos- prosiguen actuando como si ignoraran o desconocieran la gravedad de la situación que vive el país, seguirán conduciendo al Estado a una situación sin salida y continuarán causando el deterioro acelerado de la economía privada, con la consecuente caída del ingreso fiscal y del empleo.

El comienzo de una gestión económica que nace en un delicado contexto brinda a la comunidad política la oportunidad de actuar con la lucidez y la decisión que las circunstancias imponen. Esa oportunidad no debería ser desaprovechada.

Te puede interesar