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La crisis desafía al Congreso

Por Pedro J. Frías Para La Nación

Jueves 22 de marzo de 2001

¿ESTAMOS en emergencia o no? ¿Quién lo duda? Quizá los que niegan que el país fue entregado en insolvencia en todos sus niveles de gobierno y que esa insolvencia vernácula no ha podido ser resuelta ni por el "blindaje", que cumple otros fines importantes, por los ajustes ya ensayados. Lo rechazan unos pocos por el delicado equilibrio de las instituciones, por reverencia al sistema republicano, pero muchos más por especulación política. Hay quienes quieren que el gobierno actual pierda, y ese sentimiento rencoroso puede darse en provincias y municipios respecto de sus autoridades no sólo en el nivel nacional. Para peor, hay elecciones, y éstas condicionan algunas conductas.

Creo que como ha dicho alguien, es el momento de la Alianza por la Patria, si quitamos a la Alianza la connotación política. Es una de esas situaciones -la nuestra- que autorizaba la dictadura en la antigua Roma. emergencia, pues, sin duda, por la pobreza y la cesación de pagos en perspectiva muy cercana.

El artículo 76

Los constitucionalistas compartimos en general dos sentimientos opuestos: una cerrada resistencia a la delegación legislativa en el Ejecutivo, pero también una profunda aprensión por la emergencia, como responsable del crecimiento de la necesidades básicas insatisfechas, del descalabro del funcionamiento regular de las instituciones, del aumento del riesgo país, de la recesión. En eso estamos. Y el artículo 76 de la reforma constitucional de 1994 nos da la respuesta. No hay silencio en la ley fundamental, tan bien interpretado por Alejandro Pérez Hualde en los comentarios a la reforma de 1994 del Instituto de Mendoza, cuyos 20 años nos aprestamos a celebrar.

Creo que el Congreso debe ceder esta vez. La quiebra será para todos si el Presidente no puede acelerar los tiempos. Lo acepto con natural resistencia, pero como necesidad suprema. Hasta la grandilocuencia nos está permitida para ponderar la necesidad de que el país supere esta situación. No atribuyo responsabilidades. Lejos de mi intención. Estoy mirando al futuro inmediato. Si el Congreso funciona, una comisión bicameral podrá controlar el uso de la delegación legislativa, algo que el congreso pocas veces hace. Esta es su oportunidad. Aunque parezca paradójico, sería esta posibilidad del Presidente de gobernar por decretos la que daría al Congreso la oportunidad de probar su prudencia política y su operatividad.

Estuve tentado de plantear la paradoja desde el comienzo de este artículo, titulándolo "una oportunidad para el Congreso", pero me detuvo el temor de una posible mala interpretación.

Nunca como hoy

Cuando el artículo 76 de nuestra Constitución habilita excepcionalísimamente la delegación legislativa, dice así: "Con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca". Esto es decisivo y así debe ser. Si el Congreso se niega o pide una negociación previa, el compromiso que adquiera lo volverá al decisivo protagonismo político, pero será entonces tan responsable de la crisis como el Ejecutivo.

De la crisis somos responsables todos o casi todos. Confieso que me gustaría ver al Congreso nacional atendiendo con urgencia los proyectos del Ejecutivo, discutiéndolos racionalmente y decidiendo de inmediato lo que no puede ser dilatado. Pero si la gente advierte que se interponen ante la emergencia argumentos esgrimidos con la mirada puesta en las elecciones próximas, me temo que el repudio social, sin derribar las instituciones, deje de reconocer su legitimidad por largo tiempo, en el momento mismo en que las necesitamos eficaces, creíbles y oportunas.

Para concluir, nunca como ahora, el Ejecutivo se "juega" en cada decreto y en cada nombramiento.

El autor es presidente honorario de la Academia de Derecho de Córdoba y de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

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