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Los cambios en la Justicia

Petracchi acelera una definición sobre las leyes de amnistía

Política

El presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, impulsa la definición de los casos sobre las leyes de punto final y de obediencia debida.

"Petracchi condujo muy bien el acuerdo. Estuvo muy tranquilo. Tenemos un mes para resolver el caso Arancibia Clavel", dijo uno de los jueces respecto de la que fue la primera reunión dirigida por Petracchi, nuevo titular del cuerpo.

El acuerdo no fue muy extenso, pero se trataron algunos temas clave. El primero de ellos es el de las leyes del perdón, y el titular de la Corte instó a sus pares a resolver en un mes el caso Arancibia Clavel, que considera un importante paso previo para que los jueces acerquen posiciones antes de declarar la invalidez de aquellas normas.

En realidad, todavía no hay entre los jueces una mayoría para declarar inconstitucionales las leyes de punto final y de obediencia debida. Pero desde hace tiempo la Corte se encamina en esa dirección.

El año último, el tribunal dio varias señales en ese sentido y, en particular, Petracchi y Juan Carlos Maqueda, en el caso de Dagmar Hagelin, se preocuparon por citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando un caso que fue más que indicativo de cuál es la intención que tienen respecto de aquel asunto.

Hasta ahora, parecen estar alineados Petracchi, Maqueda, Antonio Boggiano y Eugenio Zaffaroni. Falta la quinta firma, que sería la que podría aportar Carmen Argibay cuando se incorpore al tribunal si el Senado aprueba su pliego, posiblemente en abril o mayo próximos.

Esa es, quizá, la explicación de por qué el presidente Néstor Kirchner se empeña en sostener la candidatura de la ex jueza a pesar de las fuertes críticas que despertaron sus declaraciones periodísticas.

Lo que hizo ayer Petracchi, con lo que sus pares se mostraron de acuerdo, fue promover la rápida resolución del caso Enrique Arancibia Clavel.

Ese hombre fue un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) que participó en los homicidios del ministro de Interior del gobierno de Salvador Allende y general del ejército trasandino Carlos Prats, hechos cometidos en Buenos Aires.

En ese expediente se discute si esos homicidios y la asociación ilícita organizada para cometerlos son imprescriptibles.

Si la Corte dice que lo son, estará un paso más cerca de declarar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por militares argentinos en los años setenta. Y si aquellos delitos no se sanearon por el transcurso del tiempo, las leyes del perdón perderían razón de ser. Ese es el razonamiento, en términos simples, que subyace en la elaboración jurídica de la Corte.

Hace siete años, en noviembre de 1995, la Corte decidió sobre otro caso que puede aportar harina a este costal: dispuso que los delitos de genocidio y de lesa humanidad son imprescriptibles. Lo hizo en el caso del ex militar nazi Eric Priebke, cuya extradición a Italia concedió la Corte.

Algunos jueces del máximo tribunal volvieron a mirar con atención ese caso, porque también podría ser usado para armar otro de los fundamentos del futuro fallo de invalidez de las leyes del perdón. Con un agregado: uno de los jueces que firmaron el caso Priebke es Carlos Fayt.

Hasta ahora, este veterano juez se negó a dar su firma para invalidar las leyes del perdón, pero podrían acercarlo a esa línea si le permiten firmar un fallo similar al caso Priebke.

Impuestos y transparencia

Otros dos asuntos sobre los que se conversó en el acuerdo de ministros celebrado ayer fueron la publicación de todas las compras de la Corte en Internet y el proyecto de ley para gravar con impuesto a las ganancias las remuneraciones de los jueces. Además, el tribunal nombró vocero al periodista Albino Gómez.

Desde que llegó a la Corte, Petracchi promovió varias acordadas para publicar todos los fallos en Internet y la circulación de los expedientes. En este mismo sentido, ahora se publicarán los nombres de los abogados que tramitan cada causa y también todas las licitaciones que realiza el tribunal, así como los nombres de los proveedores que intervienen.

Pero el tema de mayor interés es el que gira alrededor del impuesto a las ganancias. Anteayer, la Corte mantuvo un contacto reservado con el ministro de Economía, Roberto Lavagna. En esta oportunidad, todo indica que el Congreso intentará establecer ese impuesto sobre los sueldos judiciales.

Pero la Corte quería enviar un doble mensaje: por un lado, se le dijo a Lavagna que debe ser el Congreso nacional el que asuma la responsabilidad de establecer la base imponible para calcular el tributo, tarea que no puede delegar en la Corte porque el tribunal quedaría expuesto a fuertes críticas.

Es lógico, porque no es comprensible que los sujetos que vayan a pagar el impuesto sean los mismos que establecen su monto. Una delegación semejante, para la Corte, sería inconstitucional. Lavagna entendió la preocupación y dejó en claro que será el Congreso el que asuma esta tarea.

El otro mensaje que recibió Lavagna es que la Corte no podrá evitar que, una vez que la ley haya sido sancionada, cientos de jueces presenten una catarata de amparos para que se declare la inconstitucionalidad de la norma y no pagar un tributo que ese sector tradicionalmente resistió. .

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