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Investigan si hubo fraude en Belgrano por la inundación

Información general

No hicieron obras que se habían pagado

El Gobierno de la Ciudad investiga a dos funcionarios que habrían dado por hechas obras de desagües en Cabildo y Blanco Encalada que nunca se concretaron, y por las que se pagó un millón y medio de pesos.

El sumario administrativo que se labra contra los sospechados busca establecer la vinculación entre las obras no realizadas y las grandes inundaciones que se abatieron con particular saña sobre el barrio de Belgrano, y que causaron la muerte por ahogamiento de cinco ancianas de un geriátrico y cuantiosos daños a particulares y a comerciantes.

Los funcionarios, que fueron separados preventivamente de sus cargos y a los que se denunciaría penalmente en las próximas horas, son el director de Gestión de Mantenimiento y Control de la Dirección de Hidráulica, José Figueira, y Claudio Daniel Palmerio, colaborador directo del anterior.

Según reveló a La Nación el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad, Abel Fatala, los sospechados tenían a su cargo el control del avance de las obras de ampliación de los conductos de acceso al entubado arroyo Vega, que corre por debajo de Blanco Encalada.

Figueira y Palmerio habían certificado que tales trabajos habían sido realizados. Pero una inspección dispuesta tras las últimas inundaciones permitió establecer que nada había sido hecho. La empresa contratista se habría limitado a cambiar las tapas de registro, como se conoce a las escotillas que permiten acceder desde el nivel de la calle hasta los conductos pluviales subterráneos.

La separación del cargo de ambos funcionarios -son de carrera y cuyas antigüedades superan los 20 años de servicio- fue recomendada a Fatala por el procurador general de la Ciudad, Juan Carlos López, quien dijo tener elementos suficientes para dar conocimiento de la investigación a la Justicia.

Anoche, La Nación habló con Figueira. El imputado rechazó los cargos y desconoció las resoluciones que lo separan de su cargo, aunque reconoció que el lunes último debió declarar en la Procuración General de la Ciudad.

Un testimonio similar ofreció Claudio Palmerio: "Con Fatala tengo un diálogo fluido y si me tiene que comunicar algo lo va a hacer en persona", señaló.

Ambos funcionarios se mostraron sorprendidos por la consulta de La Nación y coincidieron en que "las autoridades nunca ordenaron esos trabajos sobre Blanco Encalada, sólo pidieron el cambio de una tapa de la boca de registro en la esquina de esa calle con Golfarini".

En cambio, nadie de la empresa Bachelor SA -que debió realizar las obras que fueron adjudicadas por licitación Nº 172/97 por un monto de 1.497.501,14 pesos- respondió la decena de llamados realizados a la firma, situada en Tigre. Todos fueron derivados a un contestador automático.

Explicaciones de Fatala

"Por un lado tenemos las certificaciones de que las obras se hicieron y están firmadas por los imputados. Por otro, la Dirección General de Obras Públicas realizó un monitoreo televisado de los conductos, y comprobó que sólo se había cambiado la tapa de seguridad", sostuvo Fatala.

La investigación, que impulsó el funcionario con el visto bueno del jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, se originó un año atrás, cuando operarios del gobierno porteño quisieron ingresar a una de las bocas de registro que conducen al arroyo Vega para realizar tareas de limpieza y así evitar futuros anegamientos en la zona de Blanco Encalada y Ciudad de la Paz.

"Levantamos las tapas de registro y nos encontramos con que, a pesar de que en 1997 se habían licitado y pagado los trabajos de ampliación de los conductos, todo estaba como si nunca se hubiera hecho nada, por lo que se debió encarar una nueva licitación", agregó el secretario de Obras y Servicios Públicos.

La primera tapa de registro que levantaron los operarios municipales fue la de Blanco Encalada y Golfarini. Los técnicos se sorprendieron al ver que sólo se habría cambiado ese elemento y que bajo tierra no se habían realizado las obras.

Tras ese descubrimiento, Fatala ordenó que se inspeccionaran todos los accesos que tiene el arroyo Vega desde la calle.

Tras el relevamiento se pudo comprobar la ausencia de trabajos en 15 puntos, casi todos situados sobre Blanco Encalada, desde la altura del 1800 hasta el 2700. También se inspeccionaron los accesos que hay en el cruce de Cabildo y Blanco Encalada y allí también se constató la falta de obras.

No hay que perder de vista que bajo esta calle corre el arroyo Vega, que, tras una lluvia intensa y persistente, se desborda con facilidad.

Pero la pregunta obligada es: ¿qué pasó con los controles de obras que realiza en forma periódica el gobierno porteño?

"Nosotros confiamos en los funcionarios que todos los días recorren las calles para seguir de cerca el avance de las obras. Ellos son los que certifican que todo se haga en tiempo y forma. Si ellos llegan a denunciar algo, es transmitido directamente a la empresa contratista para que lo corrija", explicó Fatala.

De manera paralela a esta investigación, Abel Fatala recibió en su despacho una denuncia anónima en la que se relata una serie de irregularidades en la obra que fue adjudicada a la empresa Bachelor SA durante la gestión del ex secretario de Obras y Servicios Públicos, el radical Nicolás Gallo.

"Allí se habla de posibles vinculaciones familiares entre los imputados y los propietarios de la empresa. No sabemos si realmente es así. Esto también lo está investigando la Procuración", agregó el funcionario.

Juan Carlos López confirmó que la empresa también está bajo la lupa, pero no quiso adelantar la estrategia que llevarán adelante. .

Por Andrés Villalonga De la Redacción de La Nación Colaboró: Matías Cohen
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