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Opinión

El problema es cómo se aplica la ley

Política

Por Florencio Varela

Entre las propuestas del señor Blumberg se encuentra la disminución del límite de edad para la imputabilidad penal a los 14 años y, como respuesta, el Poder Ejecutivo se ha despachado con un proyecto de ley que constituye la implantación de un nuevo régimen penal de menores. La ciudadanía creerá que con ello se llenará un vacío que solucionará el problema, cuando en rigor de verdad no es así.

Casi todas las medidas contempladas en el proyecto pueden ser aplicadas hoy por los jueces de menores con el régimen vigente. Si no lo hacen, no es porque no lo quieran, sino porque no pueden. Ocurre que los medios que la ley ordenó que fueran puestos a su disposición no fueron instrumentados por el Poder Ejecutivo. Y no es la primera vez que esto ocurre.

La ley 10.903, de 1919, fracasó en buena parte por su falta de instrumentación. Lo mismo ocurrió con la ley 14.394, de 1954, o con la 15.244, de 1958. De esto surge que, antes de tratarse un proyecto, el Ejecutivo debe informar cuál es el estado del sistema de protección de menores y cuáles son las razones por las cuales el régimen penal vigente debe ser sustituido.

En la fundamentación del proyecto se omitió toda referencia a antecedentes nacionales encarnados en las figuras de Luis Agote, Gregorio Aráoz Alfaro, Juan J. O«Connor y muchos más que bregaron por la protección de la minoridad. Todo indica que esta iniciativa responde a urgencias muy lejanas a los intereses de los menores. Sólo ese apuro es el que explicaría que se haya ignorado que cuando el menor delinque, y es "dispuesto" por los jueces mediante ese acto, el Estado asume su tutela, siendo de allí en más responsable de la satisfacción de todas sus necesidades. Esto demuestra que los menores ya tienen estos derechos que se pretende conferir en el proyecto.

Igualmente, no se entiende que se diga que los menores no pueden ser obligados a declarar contra sí mismos cuando ese derecho está reconocido en la Constitución Nacional. Entre otras cosas, es inadmisible el avance que se realiza en materia procesal, pues ello implica una falta de respeto a las autonomías provinciales.

El problema no está en la ley sino en la instrumentación que debe realizar el Ejecutivo. Por ello creo que el Congreso, antes de tratar este proyecto, debería interpelar a los responsables del Ejecutivo para que den cuenta de la situación del sistema de menores y dé las razones por las cuáles no han sido instrumentados los medios para que los jueces cumplan con su cometido. De lo contrario, una vez más todo quedará en el papel y en las buenas intenciones. .

El autor es abogado y estuvo dos veces al frente del Consejo del Menor
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