Hace pocos días se conoció el resultado del estudio "Haciendo negocios: eliminando obstáculos para el crecimiento", elaborado por el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). Se trata de un trabajo en el que se analiza y mide el clima de negocios en 145 países, sobre la base de siete variables: la rigidez de las leyes laborales, el costo financiero de iniciar una empresa, los trámites burocráticos para registrar la propiedad, la calidad y el costo de la obtención del crédito, la calidad de la protección de los inversores, el respeto a los contratos y, finalmente, el costo de la bancarrota de una empresa.
Según el estudio del BM, América latina es una las regiones del mundo con más carga regulatoria y es también la que menos esfuerzo hace para efectuar reformas en la buena dirección. Nuestra región se sitúa, en esos aspectos, por debajo de Europa Central y del Este. En efecto, de los 58 países que en el mundo han hecho últimamente cambios para estimular y favorecer el clima de negocios, sólo seis son latinoamericanos: Colombia, Nicaragua, la Argentina, Brasil, Bolivia y Honduras.
Sin embargo, cuando se hace un análisis detenido de las reformas que se han llevado a cabo, se observa que en la Argentina, Bolivia y Nicaragua -por lo menos, hasta enero de 2004- lo más que se logró fue reducir el tiempo necesario para abrir una empresa. En el caso de nuestro país, ese tiempo se redujo de 68 a 32 días. En Brasil, el plazo es de 152, mientras que en Chile es de 28 días. El promedio para lanzar una nueva compañía en el conjunto de América latina es de 70 días. En los países más desarrollados, que integran la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el promedio es de sólo 25 días.
En lo que se refiere concretamente a nuestro país, el informe señala que hay aspectos positivos y negativos. Entre los primeros, se destaca que la Argentina supera al promedio de los países de la región -e incluso a los desarrollados- en cuanto a la información disponible sobre créditos y a su acceso por parte del público. En esa materia, se sitúa entre los primeros veinte.
En cuanto a la protección de los inversores, el informe consigna que, en la Argentina, el índice de transparencia sobre la propiedad de las compañías, sobre las auditorías y sobre la información financiera de las empresas es muy alto: alcanza a cinco puntos sobre siete. Además, nuestro país está ubicado en el puesto 58 entre los países del mundo -y sexto en la región- que modificaron su sistema de regulación de la actividad empresarial y reforzaron los derechos de protección de la propiedad en el último año.
En cuanto a los aspectos negativos que exhibe la Argentina, el más evidente, según el estudio, es el que se refiere al estado de desamparo en que se encuentran los derechos de los acreedores. En efecto, a esos derechos no se les brinda protección adecuada, ya que las leyes son confusas y cambiantes, y no ayudan -en definitiva- a recuperar el dinero prestado. Por supuesto, tal realidad no contribuye en nada a fomentar el crédito, indispensable para motorizar la economía.
Otro capítulo en el cual nuestro país registró retrocesos es el que concierne a las leyes laborales, un campo en el que se aprecia un aumento de la rigidez. Respecto de la flexibilidad para encarar la contratación de nuevo personal, la Argentina está por debajo de la media (un índice de 44 sobre 100), mientras que en lo referente a los costos de despido duplica a los países desarrollados y supera el promedio de la región. Para medir el costo de despedir empleados, el Banco Mundial toma en cuenta la cantidad de semanas que debe pagar un empleador cuando decide prescindir de un trabajador. En la Argentina, ese costo es de 94 semanas; en el resto de América latina el promedio es de 70,8; en los países de la OCDE es de 40,4. La visión que el informe propone de nuestro país en esta materia se ha robustecido, seguramente, con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que limita la aplicación de topes indemnizatorios en los casos de despido sin justa causa. Si bien se han hecho progresos con relación al informe anterior, nuestro país todavía se encuentra bastante lejos de la línea de las mejores prácticas. Los esfuerzos deberán estar dirigidos, entonces, a restablecer la seguridad jurídica, a eliminar regulaciones innecesarias y leyes obsoletas, y a crear un clima apto para que los capitales -nacionales y extranjeros- encuentren un ambiente de negocios seguro, previsible, equitativo y de absoluto respeto por la ley.
