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Ajustes en las remuneraciones: entre la definición en la Justicia y la reunión sindical

Aprueban un aumento de sueldos en el Poder Judicial

Política

Por sorpresa y por unanimidad, el Consejo de la Magistratura aprobó ayer el otorgamiento de un aumento salarial retroactivo para camaristas, jueces, secretarios letrados y empleados del Poder Judicial de la Nación de entre el 10 y el 35 por ciento.

Los consejeros aprobaron una suba del 10% sobre los salarios básicos, que se combinará con el ascenso de la mayoría de los más de 15.000 funcionarios y empleados al escalafón superior, además de promover la vigencia del sistema de "enganche" por el que se prevé futuros incrementos en los sueldos.

El aumento insumirá una partida suplementaria de 130 millones al año, de acuerdo a los cálculos de la Administración General del Poder Judicial de la Nación, cuyo presupuesto de este año ronda los $ 715 millones.

La decisión generó un nuevo incidente con miembros de la Corte Suprema, entre los que se encuentra su presidente Enrique Petracchi, quien según fuentes del máximo tribunal, no estaría de acuerdo con el incremento salarial, ya que al tener una administración paralela a la del Consejo, el tribunal debe aprobar los aumentos para los empleados de su propia planta, que quedaron fuera de la suba aprobada ayer.

El incremento salarial tampoco alcanza a los fiscales y defensores oficiales, ni a la planta restante del Ministerio Público de la Nación, ni tampoco beneficiará a los 1200 meritorios del Poder Judicial.

El Consejo apoyó la iniciativa sin que estuviera previsto debatirla en la sesión plenaria. Lo hizo a pedido del consejero Jorge Casanovas (PJ-Buenos Aires) mientras se desarrollaba una protesta de los judiciales para obtener esos beneficios laborales.

La Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) que conduce Julio Piumato había organizado una marcha frente a la sala de reuniones del Consejo, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales para reclamar "el inmediato pago del reescalafonamiento adeudado al personal desde hace cinco años".

Pero la marcha se transformó para los judiciales en un festejo imprevisto y más amplio de lo imaginado.

Los consejeros resolvieron que la nueva escala salarial regirá en forma retroactiva desde octubre último y comenzará a abonarse "de inmediato", es decir, en los primeros días de diciembre, aunque aún no está claro de dónde saldrán las partidas necesarias.

Los detalles

El incremento oficial aprobado fue del 10% sobre los salarios básicos, a los que se suman algunos complementos según cada escalafón. Pero al sumarle el ascenso generalizado al cargo superior, las subas van del 20 al 35 por ciento, según cada caso particular.

Así, los camaristas federales y nacionales que hasta ahora cobraban un básico de 5327 pesos obtendrán una suba del 10%, es decir, un salario de $ 5860, ya que no ascenderán.

Mejores serán las perspectivas para los secretarios de las cámaras federales y nacionales, que percibirán un aumento real del 20,25 por ciento. Embolsarán $ 3888, en vez de 3233 pesos.

Más alta aún será la suba para los prosecretarios administrativos, que pasarán a desempeñarse como prosecretarios jefes. Pasarán así de cobrar 1689 a 2237 pesos, es decir, una suba del 32,44 por ciento.

Incrementos similares recibirán los oficiales mayores, y los oficiales y los encargados del servicio. Los primeros cobraban $ 1425 y cobrarán ahora $ 1911 -una suba del 35,45%- al pasar a ser jefes de despacho, en tanto que los otros dos rangos pasarán de 1220 a 1634 pesos -33,94%-, y asumirán como oficiales mayores y jefes de sección.

Piumato elogió la decisión del Consejo. "Si hay justicia interna, se puede esperar justicia para todos; con esta decisión comenzó a equilibrarse la balanza", afirmó.

Los técnicos de la Administración General temen, sin embargo, que el aumento derive en la radicación de denuncias penales por presunta malversación de caudales públicos u otras complicaciones similares a las que causó la suba salarial de $ 200 que aprobó el Consejo en 2003.

"Los recursos para afrontar el aumento existen gracias al superávit de las cuentas públicas, pero no están previstas en el presupuesto judicial. Los consejeros tomaron una decisión política y ahora habrá que lidiar con el marco legal", explicó un alto funcionario de la Administración. .

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