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Reabren la investigación por la caída de un helicóptero militar

La Cámara Federal aceptó un planteo de la viuda de un testigo en la causa armas

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LA NACION
Martes 14 de diciembre de 2004

La investigación sobre la caída de un helicóptero del Ejército en el Campo de Polo de Palermo en octubre de 1996 se reabrirá en los próximos días para determinar si fue un atentado vinculado con el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador.

La sala II de la Cámara Federal aceptó como querellante en la causa a Guillermina López Mónico, la viuda del coronel Rodolfo Aguilar, una de las víctimas en el confuso hecho.

Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun accedieron al pedido del letrado de la viuda, Ricardo Monner Sans, que reclamó ser tenido como querellante en la causa y completar nuevas medidas de prueba a partir de una investigación que publicó LA NACION en mayo y en junio últimos.

Algunas de las víctimas, cerca del helicóptero que luego se desplomó
Algunas de las víctimas, cerca del helicóptero que luego se desplomó. Foto: Archivo

López Mónico, que luego del accidente sufrió amenazas y un secuestro, sospecha que se trató de un atentado perpetrado para entorpecer la investigación judicial sobre el contrabando de armas.

El juez federal Jorge Urso archivó el expediente en diciembre de 2000 tras concluir que se trató de un accidente, con la anuencia del fiscal federal Carlos Cearras. Ahora deberá reactivar el expediente y avanzar sobre algunas eventuales pistas.

El 8 de octubre de 1996, cuando sólo le faltaban siete metros para aterrizar, los mandos del helicóptero Puma 330 dejaron de obedecer, según testimonios de los tripulantes. Viró a la derecha, después a la izquierda y finalmente se desplomó.

Murieron once de los quince pasajeros y tripulantes, entre los que había altos oficiales argentinos y peruanos, con sus esposas.

Entre los fallecidos se encontraban el general Juan Carlos Andreoli, ex jefe de Arsenales del Ejército y ex interventor en Fabricaciones Militares; el coronel Rodolfo Aguilar, jefe de la Central Reunión de Inteligencia Militar (CRIM); el coronel peruano Federico Celi Febres, y el general peruano Hugo Soto Núñez.

Celi Febres traficaba armas para Vladimiro Montesinos, el monje negro del entonces presidente peruano Alberto Fujimori. En tanto, Andreoli estaba al Frente de Fabricaciones Militares cuando en 1995 se produjo el atentado a la planta de esa empresa en Río Tercero. El abogado de su familia no cree en la tesis del atentado.

Aguilar fue, además, agregado militar en Lima en febrero de 1995, cuando avisó al gobierno argentino que en Ezeiza se preparaba un contrabando de armas a Ecuador, país que estaba en guerra con Perú.

La causa Armas

La caída del helicóptero ocurrió pocos días antes de que la cúpula del Ejército, entre ellos el general Martín Balza, tuviera que declarar en la causa del contrabando de armas, que por entonces llevaba 20 meses de instrucción judicial.

El general Andreoli integró la comitiva con los oficiales peruanos, aunque no estaba previsto que participara. Tampoco debía abordar el vuelo que cayó, sino uno anterior, pero hasta ahora no pudo determinarse quién ordenó sumarlo a la delegación.

El nombre de Andreoli fue incluido a mano a último momento en un documento oficial, pero en otra versión del documento hallada por LA NACION figuran otras anotaciones manuscritas.

A diferencia de las esposas de Andreoli y de los peruanos, en cambio, López Mónico de Aguilar se salvó porque no abordó el helicóptero debido a su miedo a volar. Para la Fuerza Aérea, lo ocurrido fue un accidente, según consta en un informe, pero sin establecer en forma fehaciente su causa.

Además, y tal como reveló LA NACION, el certificado de defunción del coronel Aguilar contendría elementos falsos. Entre otros, allí consta que el cuerpo lo reconoció su concuñado, el teniente coronel Jorge Horacio Donaire, pero éste lo desmintió al declarar ante el juez Urso.

El programa de actividades para el día de la caída también ofrece elementos de sospecha: figura fechado un mes antes, pero consigna que ese día sólo participarían 12 de las 14 esposas de los oficiales. Lo llamativo es que sólo pocos días antes del siniestro se supo que las mujeres de Aguilar y de un peruano no intervendrían en los actos.

En su resolución, los camaristas recuerdan que, en su momento, "la hipótesis delictiva que pretenden profundizar" la viuda de Aguilar y Monner Sans "es coincidente con al menos una de las líneas de indagación que pretendió ahondar el fiscal para averiguar la verdad real de lo acontecido".

"En este contexto son atendibles los interrogantes que pretende resolver su abogado a través de nuevas medidas a producirse en autos", explicaron.

En su escrito, Monner Sans pidió investigar las presuntas irregularidades en los documentos oficiales que presentó el Ejército y pidió las declaraciones de varios protagonistas.

"La muerte del coronel Aguilar iba a permitir que callara una voz que había alertado, desde el Perú, cómo había jefes del Ejército argentino implicados en la venta de armas a Ecuador", recordó el letrado al reclamar la reapertura de la investigación.

Lima, Río Tercero, Palermo

Las investigaciones sobre el contrabando ilegal de armas, la caída del helicóptero en Palermo y la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero registran militares y pistas en común. En septiembre de 1995, dos meses antes de la explosión en la planta, había viajado a Lima una delegación integrada por el jefe de la fábrica, coronel Jorge Cornejo Torino, según relató la viuda del coronel Rodolfo Aguilar. Tras años de calificar la explosión en Río Tercero de accidente, la Justicia concluyó que fue un atentado. En 1995, el interventor en Fabricaciones Militares era el general Juan Carlos Andreoli, que murió al caer el helicóptero en Palermo.

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