CORDOBA.- La Justicia ordenó la suspensión del proceso de expropiación del cerro Uritorco, que había sido aprobada por el Concejo Deliberante y la intendencia de la localidad serrana de Capilla del Monte.
Es uno de los principales atractivos turísticos de la zona. El mítico pico, visitado anualmente por miles de turistas y centro de culto de creyentes en OVNI, terapias alternativas y ciudades misteriosas, está enclavado dentro de un inmueble rural de 900 hectáreas, propiedad de Sonia Beatriz Anchorena de Crotto.
La dueña había anticipado a LA NACION, a principios de noviembre, que se opondría a que se la obligara a ceder el predio, apelando a todas las instancias administrativas y judiciales. Su abogado, Rubén Sánchez Quinteros, interpuso una acción declarativa de certeza constitucional que ha sido admitida por la jueza de Cosquín Cristina Coste de Herrero.
La magistrada, como primera medida, ordenó al municipio capillense que "deberá abstenerse de continuar el proceso expropiatorio" hasta tanto dicte sentencia en la causa o cuente con elementos de juicio que aconsejaran dejar sin efecto la medida cautelar. El letrado dijo que cuestiona la ordenanza municipal de expropiación "porque limita el derecho de propiedad" y tampoco se han dado "fundamentos suficientes para declarar la utilidad pública" de la medida.
El secretario de Gobierno de Capilla del Monte, Oscar Amante, comentó sobre la decisión judicial: "Nos tomó de sorpresa". Los abogados del municipio analizan la medida.
La expropiación fue resuelta hace dos meses. Un crimen ocurrido en la cumbre del Uritorco obró de "disparador" de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que, entre otros argumentos, hizo referencia al sórdido episodio para justificarla.
En Capilla del Monte es una opinión bastante extendida que el tour turístico a la cima del cerro carece de medidas de seguridad e infraestructura adecuada -no hay servicios sanitarios, guardias ni guardaparques- y que la "sobreexplotación" está degradando la naturaleza. El Uritorco es actualmente explotado por un concesionario con el cual la dueña mantiene otro litigio por incumplimiento de contrato en un tribunal porteño.
