No dividir más a la sociedad

La controversia desatada por la exposición del artista plástico León Ferrari, presentada en el Centro Cultural Recoleta, espacio perteneciente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lindero a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, resultó en buena medida anacrónica y propia de otras épocas.

Como se sabe, la muestra, que anteayer fue reabierta al público, molestó a sectores de la ciudadanía por su contenido ofensivo hacia los símbolos supremos del cristianismo. A estas alturas de los tiempos ya no deberían producirse esa clase de enfrentamientos: una sociedad madura tiene derecho a vivir en paz sobre carriles aceptados de pluralismo. No es posible que se agravie públicamente el sentimiento religioso de vastos sectores de la población: el respeto de esos valores debería estar asegurado por el comportamiento natural de los integrantes de la sociedad. Un artista que para canalizar sus inquietudes estéticas necesita herir groseramente a sus convecinos revela, de por sí, una inmadurez lindante con lo patológico.

En un país civilizado, el respeto a los valores religiosos, espirituales, étnicos o históricos deben estar fuera de toda discusión, como lo está también el respeto por la libertad de expresión, tanto en el plano del periodismo como en el de la libre manifestación de las ideas y la creación artística.

El autor de la muestra, León Ferrari, es un artista conocido tanto por sus méritos profesionales como por su tendencia a cultivar formas de expresión provocativas y escandalosas, a menudo ofensivas para las creencias tradicionales. Ya en otras oportunidades sus propuestas habían suscitado reacciones enardecidas de parte de quienes se consideraron ofendidos por su visión crítica de las concepciones religiosas clásicas.

Más allá del reconocimiento de la libertad de expresión que todo ciudadano tiene derecho a ejercer, y del severo rechazo que merecen las agresiones violentas que se produjeron por parte de detractores y defensores de la exposición, lo que ha molestado a una parte significativa de la población es que el gobierno de la ciudad apoyara una propuesta que contenía expresiones injuriosas para la sensibilidad religiosa de un vasto sector del cuerpo social.

Es sabido que no existen derechos absolutos. Por eso, sin afectar la vigencia de la más amplia libertad para crear, la ciudadanía tiene razones para reprocharle al gobierno local el haber cedido espacios públicos a quien -sin abrir juicio sobre el mérito artístico que pueda tener su obra- exhibe creaciones lesivas para el espíritu religioso de una gran parte de la comunidad argentina.

Es comprensible que a muchos ciudadanos les disguste que se utilice el espacio público para agraviar las creencias de un sector, en este caso el que adhiere a la fe cristiana. Las mismas reflexiones serían válidas, por supuesto, si las creencias atacadas hubiesen sido las judías o las mahometanas, por citar sólo algunas de las más difundidas en nuestro espectro sociocultural.

Al respecto, resulta interesante traer a colación una cita del Código de la Televisión de los Estados Unidos, "Normas para la emisión de los programas", donde se expresa: "No están permitidos los ataques contra la religión y las creencias religiosas...El oficio de pastor, sacerdote o rabino no debe ser presentado de tal suerte que se menoscabe su dignidad". Este no ha sido, pues, un problema propio de los católicos, sino del ámbito religioso en general.

La reacción de algunos sectores católicos ha sido desmedida, así como el error cometido por el gobierno autónomo que debería velar por no promover manifestaciones de arte que puedan generar cualquier tipo de odio o que fomenten divisiones en la sociedad.

Los espacios públicos sostenidos por los impuestos ciudadanos no deberían ponerse a disposición de un artista que agrede los símbolos de una comunidad. El creador de arte que aliente esa vocación debería procurarse el apoyo de sectores de la iniciativa privada. El deber del administrador comunal es gestionar la cosa común, con un amplio espíritu de diversidad, respetando ciertos límites, como son los que derivan del principio de la no discriminación y del compromiso de no herir ni ofender ninguna creencia.

Que las obras de Ferrari fueron ofensivas lo demostró el pronunciamiento de la defensora del pueblo de la Ciudad, quien observó que las advertencias de las leyendas de algunas salas, en el sentido de que lo exhibido podía dañar la sensibilidad o las creencias de algunos sectores, implica el reconocimiento de las propias autoridades de que se creó un riesgo de daño moral en un espacio público.

Por otro lado, el hecho de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad haya revocado la decisión de primera instancia que había dispuesto la clausura de la muestra, merece ser recibida como una saludable ratificación del valor institucional del principio de la libertad de expresión, que es -como tantas veces se ha dicho- una precondición del sistema democrático.

Queda, pues, en claro que toda persona es libre de crear lo que le parezca y que la sociedad no debe temerle al ejercicio de la libertad de expresión, uno de los pilares de nuestro ordenamiento institucional y moral. Eso no significa que toda creación deba ser promovida por las autoridades en espacios públicos. Cuando se trata de expresiones que claramente agravien las creencias de un grupo religioso, étnico o cultural, la prudencia y la equidad deben presidir la decisión de los organismos públicos encargados de seleccionar las obras que aspiran a ser expuestas.

Más allá de estos principios, insistimos en que la sociedad debe tratar de evitar que se planteen controversias de esta clase y si se plantean no debe llevarlas a niveles desmedidos de intolerancia y dramatismo. No es posible revivir enfrentamientos que la evolución cultural de la humanidad permitió superar hace ya mucho tiempo. No es bueno, tampoco, que se exacerben gratuitamente las discusiones o polémicas que, en lugar de unirnos, nos dividen como sociedad. .