El Gobierno amenazó a las petroleras

Después de que el llamado del presidente Néstor Kirchner a boicotear a Shell por encarecer sus combustibles -con manifestaciones piqueteras incluidas- no impidió que Esso le siguiera los pasos, el Gobierno busca evitar nuevos aumentos, más que lograr dejar sin efecto los ya concretados.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, advirtió ayer que "están analizándose todas las medidas necesarias a los efectos de tener las sanciones" contra aquellas dos petroleras, aunque diversas fuentes del Gobierno reconocieron a LA NACION que escasean los instrumentos legales para castigarlas.

En el Ministerio de Economía, mientras tanto, recrudecieron las críticas a las protestas piqueteras contra Shell. "No estamos contra el boicot, sino contra la acción piquetera. Se malinterpretó el mensaje presidencial, que había pedido mantener una actitud ciudadana. Esto conspira contra el objetivo del Gobierno de salir al mundo para generar más inversión y sostener el crecimiento, ahora que se normalizaron las relaciones financieras [por la salida del default]", apuntaron fuentes de esa cartera, preocupadas por las imágenes de los bloqueos en la prensa internacional y su efecto sobre la inversión.

"El objetivo del Gobierno es garantizar los volúmenes para el levantamiento de la cosecha gruesa; y para los sectores medios y bajos de la sociedad, en materia de poder adquisitivo, es lograr que se mantenga el cuadro tarifario que en este momento tienen las empresas Repsol YPF y Petrobras, que entendemos justo y razonable", explicó De Vido, en declaraciones a radio Del Plata, antes de que Sol Petróleo, de la estatal uruguaya Ancap, diera marcha atrás con su incremento. La cosecha gruesa suele elevar la demanda de gasoil y, como la producción nacional no alcanza para abastecer al mercado interno, se debe importar.

Desde la devaluación y desde que se impusieron retenciones a la exportación, la diferencia de precios entre el diesel local y el extranjero es grande. Por eso, desde entonces, en esta época se elimina por un tiempo y un cupo determinados el impuesto a la transferencia del combustible (ITC) del importado, de modo de abaratarlo. Con todo, el presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, dijo que aun sin impuesto la empresa perdería 20 centavos por cada litro de gasoil importado.

Las bolsas de cereales del país advirtieron anteayer que ya hay desabastecimiento en algunas zonas.

Primera reacción

En este momento, la medida más adecuada es "la pronta sanción de la ley de liberación del ITC a las importaciones de gasoil, lo que permitirá mantener los valores tarifarios", afirmó De Vido (ver Pág. 11). El impulso del Ejecutivo a ese proyecto, enviado al Congreso en diciembre pasado, fue la reacción inmediata de la Casa Rosada tras la suba de Esso. Según fuentes de mercado, la ley no servirá para que vuelvan atrás Esso y Shell, que en la Argentina carecen de pozos petroleros y se dedican a refinar el caro crudo que compran a otros. La futura norma evitaría nuevos aumentos de esas dos compañías o de sus competidoras Repsol YPF y Petrobras, que sí tienen producen petróleo en el país.

De Vido fue consultado sobre qué tipo de castigos pueden aplicarse a Esso y a Shell por encarecer sus productos, pero el ministro pateó la pelota a otra cancha. "Están analizándose en el área del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor", afirmó.

En el Palacio de Hacienda está estudiándose una batería de políticas antiinflación, pero nada concreto contra el aumento de combustibles de dos petroleras que en total controlan algo más de un tercio del mercado. Dentro de esta cartera funciona Defensa del Consumidor, que conduce Patricia Vaca Narvaja y que responde más a Kirchner que al ministro Roberto Lavagna. La Subsecretaría audita los precios, pero las principales herramientas para actuar están en manos del secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur.

En el sector petrolero dudan de la posibilidad de sancionar a Esso (de la norteamericana Exxon Mobil) y a la angloholandesa Royal Dutch Shell sin perjudicar a las demás. Y negaban que fuera legal elevarles retenciones a la exportación de combustibles a dos empresas.

Una posibilidad sería castigar a ambas por desabastecimiento del mercado en caso de que disminuyan sus ventas -cosa factible después del aumento y del llamado presidencial al boicot- y, en cambio, se incrementen sus exportaciones. Vender afuera es más rentable, pero las acusadas de desabastecimiento podrían defenderse alegando que perdieron mercado porque Repsol YPF o Petrobras vendieron por debajo del costo, haciendo competencia desleal. .