Condena al senador que votó dos veces

El senador nacional Raúl Ochoa (peronista disidente-San Luis) fue condenado ayer por la justicia federal dos años de prisión en suspenso e inhabilitación de nueve años para ocupar cargos públicos, al encontrarlo culpable de haber votado por lo menos en dos oportunidades durante lo comicios celebrados en 2001.

Esta sentencia, aunque es apelable ante instancias superiores, podría poner al legislador al borde de su expulsión de la Cámara alta por inhabilidad moral sobreviniente (es decir, una causal que no existía al momento de su asunción), tal como lo establece el artículo 66 de la Constitución Nacional, según confiaron anoche voceros legislativos.

Ochoa ocupa una banca desde diciembre de 2001, su mandato vence el 9 de diciembre próximo y en los más de tres años que lleva como legislador se ha caracterizado por su bajo perfil y por su hasta no hace mucho tiempo fidelidad a Adolfo Rodríguez Saá (como se informa por separado).

Este ex diputado provincial puntano fue acusado de haber sufragado por lo menos en dos oportunidades en las elecciones que lo convirtieron en senador nacional, hace cuatro años.

La imputación, impulsada por la UCR de San Luis y probada por la Justicia, asegura que Ochoa votó en Tilisarao, su pueblo natal, portando su documento nacional de identidad y que volvió a hacerlo en Naschel con su libreta de enrolamiento.

El senador afrontó un juicio sumario que se inició el 31 de marzo último, después de que la causa permaneció dormida por más de dos años.

Ruptura

Según fuentes justicialistas puntanas consultadas por LA NACION, la decisión de avanzar con el juicio obedeció a la ruptura de relaciones de Ochoa con los Rodríguez Saá.

De hecho, los miembros del tribunal oral que lo condenaron -Raúl Fourcade, Raúl Rodríguez y Pedro Humberto González (h)-, son todos hombres de estrecha relación con los hermanos que controlan desde hace 22 años los destinos de la provincia.

El caso más llamativo es el de Fourcade, que tuvo en sus manos la causa del confuso secuestro de Adolfo Rodríguez Saá y fue administrador del Diario de la República, propiedad del actual mandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá.

La sentencia contra Ochoa fue sensiblemente mayor que la pedida por la fiscal Olga Rosa Allende, lo que se tradujo en el gesto desencajado del legislador al escuchar ayer el veredicto.

Las declaraciones de la mayoría de los 38 testigos confirmaron el delito que se le imputaba y desbarataron su coartada: que su portafolio había sido sustraído durante la elección y que otra persona había utilizado su documento para emitir un voto paralelo.

En la misma causa resultó condenado como partícipe material el oficial superior Osvaldo Javier Villegas, a quien se le dictó una sentencia de dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos bajo la figura de falsedad ideológica por haber certificado el voto fraudulento del senador.

Futuro complicado

La sentencia del tribunal oral puntano es apelable ante la Cámara de Casación de Mendoza, por lo cual no está firme. Sin embargo, el Senado deberá ser notificado del episodio, lo cual abrirá el debate sobre la continuidad de Ochoa en su banca.

Así lo confirmaron a LA NACION los senadores Jorge Yoma (PJ-La Rioja) y Norberto Massoni (UCR-Chubut), miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá entender en el proceso.

Para evitar ser recusados, ambos legisladores se negaron a emitir opinión sobre la suerte del legislador condenado. Por lo pronto, el hecho de que la condena haya quedado en suspenso impide que se le aplique la ley de fueros, que sólo concede inmunidad de arresto a los legisladores.

Sin embargo, fuentes parlamentarias arriesgaron ante LA NACION que a Ochoa se lo podría expulsar en aplicación del artículo 66 de la Constitución que establece la facultad para las cámaras parlamentarias de remover a alguno de sus miembros "por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación".

Existen antecedentes en ese sentido (como se informa por separado), sobre todo porque la condena del tribunal oral de San Luis tiene la accesoria de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por esa razón será fundamental la actitud que tome la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, una vez notificada de la sentencia.

En ese sentido, tendrán un rol importante las pruebas que el tribunal remita al Senado, como dijo Massoni a LA NACION. "Habrá que analizar la fortaleza de las pruebas para saber qué medida adoptar", expresó.

Por último, tampoco se descarta la salida política. "En realidad, alguien tendría que decirle que renuncie porque su situación es indefendible desde el punto de vista ético", señaló un senador oficialista, sin tomar en cuenta el dilema de que Ochoa no tiene jefe político, ya que está peleado con los Rodríguez Saá y se apartó del bloque justicialista para formar la bancada Lealtad y Dignidad Peronista junto con su comprovinciana Liliana Negre y con Eduardo Menem (La Rioja).

Reemplazante

• Si el Senado decidiera expulsar del cuerpo al puntano Raúl Ochoa, que ayer fue emplazado por la Justicia por haber votado dos veces en 2001, su reemplazante inmediato sería Agustín Montiveros, un septuagenario dirigente justicialista que fue ministro de Salud del actual diputado Adolfo Rodríguez Saá, en uno de los tramos de los 18 años que se mantuvo como gobernador de la provincia. Sin embargo, fuentes del PJ de San Luis aseguran que, al igual que Ochoa, Montiveros también habría roto relaciones con su líder político y, por lo tanto, no representaría una opción válida para el caudillo puntano.