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Salta: ¿qué culpa tienen los chicos?

Miércoles 06 de abril de 2005

Aunque parezca mentira, la provincia de Salta sufre desde hace cinco semanas un paro docente. En ese largo período, la mayoría de las escuelas salteñas no ha podido iniciar el ciclo lectivo, por lo cual se estima que más de la mitad de los 389.000 alumnos del distrito no tuvo clases.

Más allá de lo justificadas que puedan resultar las demandas salariales por parte de los docentes, la medida de fuerza gremial es demostrativa de una singular irresponsabilidad, pues una vez más coloca a los alumnos en situación de rehenes en medio del vergonzoso campo de batalla.

Es sabido que la multiplicación y la prolongación de los paros docentes quiebran las relaciones pedagógicas, que nunca deberían interrumpirse, al tiempo que provoca por lo general daños o atrasos irreparables en el proceso de aprendizaje, que se trasladan al futuro del niño.

Todo esto, sin dejar de tener en cuenta también el desánimo que genera el conflicto en los propios maestros, deteriora cada vez más el sistema educativo. Lo más grave es que, al repetirse la situación año tras año, al comenzar el ciclo lectivo, se termina tendiendo los cimientos de una cultura de la mediocridad y la desidia, con nefastas consecuencias. En otras palabras, la propia comunidad educativa termina acostumbrándose a lo peor.

Algo que años atrás resultaba poco menos que impensable, como una huelga docente de esta magnitud, es hoy un problema cotidiano.

Si bien el problema no es exclusivo de Salta, un dato no menor es que el año último este distrito también sufrió la pérdida de muchos días de clase como resultado de un conflicto entre los docentes y el gobierno provincial.

La Asamblea Provincial Docente reclama un salario básico de 750 pesos, mientras que el gobierno salteño ofrece un sueldo de bolsillo inicial de 700 pesos, incluido el incentivo, pero sin modificar el básico, que hoy asciende a 293 pesos. Estas diferencias, que no parecerían justificar tan prolongada medida de fuerza en un servicio esencial como la enseñanza, se agravaron en las últimas horas como consecuencia de excesos en la represión policial de una reciente manifestación de los docentes y del atraso en el pago de los sueldos.

Ningún argentino puede ser privado de un derecho elemental, como el de educarse, algo que es particularmente trascendental en los niños, por las penosas consecuencias que la conculcación de ese derecho puede provocar en su desarrollo como persona.

Tanto los gremios docentes como las autoridades provinciales y nacionales -obligadas a garantizar el funcionamiento de la enseñanza- deberían advertir los daños muchas veces irreparables que genera la falta de días de clases que muy rara vez se recuperan.

Que a más de un mes de iniciado el ciclo lectivo más de la mitad de la población estudiantil de Salta no haya tenido un solo día de clase ahorra cualquier comentario.

Es de esperar que prime la cordura y que, más allá de la importancia de llegar a un acuerdo salarial satisfactorio, el paro sea levantado inmediatamente. Pero no basta con eso: es imprescindible que hechos como el ocurrido en Salta no vuelvan a repetirse, para bien de las futuras generaciones y de una nación que debe dejar de dar vergonzosos ejemplos de subdesarrollo.

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