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Ante la posibilidad de vulnerar el derecho a la intimidad

Marcha atrás con la norma sobre e-mails

Información general

El Gobierno derogará la reglamentación que excedía los alcances de la ley que obliga a almacenar información por diez años

En medio de fuertes cuestionamientos pronunciados desde ámbitos políticos y académicos, el Gobierno anunció ayer que derogará el decreto presidencial que reglamenta la ley 25.873 y que estipula que el Estado puede revisar -con el propósito de prevenir delitos- la información intercambiada entre los clientes de las empresas de telecomunicaciones, que éstas deberán almacenar durante diez años.

La marcha atrás oficial respondió a las críticas formuladas desde todos los ámbitos por la vulneración de derechos individuales que supondría su puesta en vigor. Incluso, la Casa Rosada aseguró que la medida se dispuso para "evitar suspicacias".

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, fue el encargado de dar las explicaciones tras recibir las instrucciones del presidente Néstor Kirchner, de visita oficial en Alemania, que le indicó difundir la decisión oficial de revisar la cuestionada reglamentación.

"La sola posibilidad de que alguien pueda ver vulnerado su derecho a la intimidad es lo que nos hace retroceder para hacer una norma un poco más perfecta y discutirla con aquellos que quieran ofrecer alguna alternativa", dijo.

Sin embargo, esta decisión del Poder Ejecutivo es contradictoria con la actitud que mostró en noviembre de 2003, cuando la norma se discutía en el Congreso. Según fuentes oficialistas del Senado, el por entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz reclamó personalmente la sanción de la que luego sería la ley 25.873, durante una reunión que mantuvo con el titular del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro).

Cabe aclarar que la eventual derogación del decreto 1563/04 no implica que queden sin efecto los alcances de esa ley, en particular, del artículo que establece la obligación para las prestadoras de servicios de telecomunicación de almacenar por diez años el tráfico de información de sus clientes.

Así lo confirmaron especialistas en derecho y precisaron que la suspensión del decreto "sólo deja sin valor los excesos cometidos por el Poder Ejecutivo en la reglamentación" de la polémica norma. En rigor, sólo el Congreso -mediante la modificación o derogación- o la Justicia -mediante un fallo que declare su inconstitucionalidad- pueden dejar sin efecto los alcances de una ley.

Eliminar Internet

En ese sentido, el diputado nacional por el justicialismo porteño Cristian Ritondo y el ucedeísta por Córdoba Mauricio Bossa presentaron ayer formalmente un proyecto que propicia la derogación de la norma y que excluye a los prestadores de servicios de Internet de la obligación de brindar datos, punto que había disparado la polémica.

En tanto, desde Alemania, donde acompaña al Presidente en su gira, el titular del bloque de diputados del PJ, José María Díaz Bancalari, autor de la versión original de la norma, defendió la ley.

En declaraciones a Radio 10, aseguró que la finalidad no era controlar las comunicaciones sino "brindar herramientas para combatir el delito, conociendo al instante desde dónde se efectúan las llamadas exigiendo un rescate".

Luego consideró probable que haya habido en la reglamentación presidencial "una distorsión o interpretación que va más allá" del objetivo primario de la norma.

Invulnerables

Paralelamente, ayer se conoció un fallo de la Sala IV de la Cámara del Crimen que reivindicó la privacidad de los correos electrónicos y, en consecuencia, revocó un procesamiento contra un funcionario de una multinacional derivado de la presentación de e-mails como prueba.

Los jueces María Laura Garrigós de Rébori y Mariano González Palazzo destacaron la "invulnerabilidad de esta forma de comunicación".

El decreto 1563/04 fue tildado de excesivo por dos motivos: porque permitió incluir dentro de los alcances de la ley a toda la información que circula por Internet, e-mails y chat incluidos, y porque facultaba a la SIDE a realizar las interceptaciones.

Al anunciar la marcha atrás del Gobierno, el jefe de Gabinete dijo que "hubo una confusión" con el alcance de la normativa, porque -afirmó- tanto la ley como el decreto "disponen registrar el tráfico de las comunicaciones y nunca su contenido, que sólo puede hacerse por orden judicial".

El jefe de Gabinete explicó luego que el Presidente le encomendó preparar el decreto que derogará el 1563/04. La derogación ocurrirá una vez que Kirchner haya regresado de Alemania, la semana próxima, y tras haber dado forma a otra resolución.

En el mismo sentido, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, justificó ante LA NACION el espíritu de la iniciativa oficial que, dijo, fue malinterpretada.

"Si todo queda encriptado y sólo se puede consultar por una disposición judicial, estoy de acuerdo en que se almacene la información. Pero sólo si esos datos los habilita un juez competente", sostuvo.

"Lo que se busca es dar más garantías a la sociedad en la lucha contra el delito. La Red se utiliza para muchísimos delitos. Por ejemplo, los de origen terrorista, como los que fueron perpetrados contra los Estados Unidos", aclaró.

Un gran interrogante

"Quiero que me aprueben esta ley cuanto antes porque la necesitamos para combatir el delito", pidió Beliz el 27 de noviembre de 2003 a Pichetto, aseguraron fuentes legislativas a LA NACION.

El reclamo fue determinante para que su bancada impulsara el tratamiento del proyecto sobre tablas, luego de su aprobación sin debate y a mano alzada en Diputados el 26 de noviembre, un día antes. Los senadores aceptaron el apuro.

La iniciativa ingresó en la Cámara alta el 3 de diciembre y obtuvo dictamen dos semanas después -el mismo día en el que fue sancionada- de las comisiones de Comunicaciones y de Justicia y Asuntos Penales.

Así figura en los registros del Senado de la Nación; sin embargo, voceros de la Comisión de Comunicaciones negaron ayer que el proyecto haya obtenido dictamen de esa comisión, lo cual abre un gran interrogante. .

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