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Ofensiva de gobiernos

Los poderes judiciales provinciales, amenazados

Política

Por   | LA NACION

La crisis judicial que estalló durante las últimas semanas en San Luis –con renuncias en cadena y cámaras ocultas incluidas– es sólo la agudización de una situación que se repite, en menor escala, en gran parte de las provincias argentinas y que se ha convertido en un problema nacional: el continuo avance del poder político sobre el Poder Judicial.

Así se desprende de un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de una ronda de consultas realizada por LA NACION entre autoridades de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores).

Además de San Luis, al tope de las justicias provinciales en crisis están, como conclusión de lo manifestado por esas organizaciones, Neuquén, Santiago del Estero, Mendoza, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Tucumán y Chubut.

Los cuestionamientos son generales en algunos casos y específicos en otros. Apuntan contra la connivencia de los poderes políticos y judiciales, la falta de transparencia en los procesos de designación y destitución de magistrados y el avance del poder político sobre las garantías constitucionales de jueces y fiscales.

Imagen deteriorada

El deterioro de la imagen de la Justicia se agudizó también en la percepción de los ciudadanos, hasta tal punto que, según un estudio de Ipsos Mora y Araujo, realizado en 2004, el 90% de la gente tiene poca o ninguna confianza en el Poder Judicial. Vale destacar que cerca del 90% del servicio de justicia del país se brinda en las provincias.

"Los poderes judiciales se han ido debilitando institucionalmente por sus propias falencias, pero también por las arremetidas constantes de los poderes políticos", dijo el presidente de Jufejus, Alberto Balladini.

"Para el CELS -sostuvo Andrea Pochak, directora del área jurídica del organismo-, los problemas que aborda el último informe anual no son nuevos, «pero se agravaron durante 2004 y lo que va de 2005»."

De acuerdo con la descripción que hicieron los distintos organismos y los corresponsales de LA NACION, el panorama es el siguiente:

  • Neuquén: en enero último y en apenas un año, el gobernador Jorge Sobisch (Movimiento Popular Neuquino) consiguió renovar los cinco cargos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En una carta enviada al TSJ, la organización Una Corte para la Democracia señaló: "Diversas circunstancias permiten ubicar a esta provincia entre aquéllas con mayores problemas en materia de independencia judicial".

En el texto se destaca que en los últimos meses se adoptaron medidas tendientes a debilitar al Ministerio Público, como "las modificaciones realizadas al régimen procesal para obstaculizar las investigaciones de delitos vinculados con abusos de poder, la irregular designación de funcionarios, el desconocimiento de las facultades legalmente reconocidas a los fiscales adjuntos, el intento de limitar las facultades en la defensa de los derechos de la infancia y las hostilidades y persecución a funcionarios judiciales".

En la avanzada contra los fiscales se destaca el juicio político contra el fiscal general Ricardo Mendaña. El proceso se inició el 5 del actual y se suspendió por la renuncia al cuerpo de enjuiciamiento del diputado Marcelo Inaudi (UCR), que denunció que no estaba garantizada la independencia del tribunal. "Es una persecución política. Sobisch pretende jueces ciegos, mudos y obedientes", dijo Mendaña.

  • Santiago del Estero: por medio de un decreto el gobernador Gerardo Zamora (UCR) dispuso el cese automático de todos los miembros del Tribunal Superior, magistrados y funcionarios del Poder Judicial. La medida no sólo alcanzó a los jueces designados por la intervención federal, sino también a algunos que habían sido nombrados antes del mandato de Pablo Lanusse, con acuerdo de la Legislatura, según denunció el presidente de la FAM, Edgardo Albrieu. "Como Juárez [Carlos], Zamora también quiere imponer sus propios jueces", dijo.
  • Mendoza: por estos días hay un duro enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial por un aumento salarial dispuesto por los magistrados para paliar los efectos de la inflación sobre su poder adquisitivo. El gobernador Julio Cobos (UCR) no reconoce el principio de intangibilidad de los sueldos de los jueces como una garantía constitucional, sino como un privilegio. Acaba de enviar un proyecto a la Legislatura para modificar el artículo 151 de la Constitución provincial, que garantiza ese principio.
  • Tierra del Fuego: luego de que en 2000 el entonces gobernador Carlos Manfredotti (PJ) instrumentó un régimen de jubilaciones obligatorias y anticipadas, la conformación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) cambió 14 veces. Organizaciones civiles han denunciado deficiencias institucionales del Poder Judicial. Uno de los más críticos fue el presidente de la fundación Participación Ciudadana, Guillermo Worman, que, tras un proceso calificado como irregular por el CELS y otras organizaciones de derechos humanos, fue procesado por una denuncia del presidente del STJ, Ricardo Klass, ex secretario de Justicia de Carlos Menem.
  • Santa Cruz: este año se cumple una década del apartamiento del ex procurador general de justicia Eduardo Sosa, pese a que, en 1998 y en 2001, dos fallos de la Corte Suprema de la Nación ordenaron reponerlo en su cargo. La destitución de Sosa fue dispuesta por una ley provincial durante la gobernación de Néstor Kirchner.

En el informe del CELS se señala que hace años que "el Poder Judicial provincial tiene fuerte dependencia del poder político" y que "no hay señales que permitan afirmar que la nueva gestión de Sergio Acevedo (PJ), haya emprendido cambios sustanciales para revertir este lamentable diagnóstico".

  • Tucumán: el año pasado, el gobernador José Alperovich (PJ) eliminó el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que asesoraba en la designación de jueces, y lo reemplazó por un sistema de participación ciudadana. En los hechos, antes las ternas de candidatos eran elaboradas por la CAM; ahora el gobernador elige directamente a los postulantes.
  • Misiones: el informe del CELS cuestiona que el año pasado el gobernador Carlos Rovira (PJ) "dictó un decreto mediante el cual instruyó a funcionarios ministeriales a desobedecer las sentencias judiciales".
  • Chubut: un acta firmada el martes pasado para "mejorar el servicio de justicia y agilizar la llegada a instancias de juicio oral y público" suavizó el duro enfrentamiento entre el gobernador Mario Das Neves (PJ) y el Poder Judicial. Durante 2004, el mandatario promovió juicios políticos a magistrados y realizó acusaciones públicas contra la lentitud de las decisiones judiciales. La presión de Das Neves fue reprochada por colegios de abogados de la provincia.
  • Salta: a principios del año pasado el Poder Ejecutivo impulsó un nuevo recambio de todos los jueces en la Corte local. Aprovechó el cese de los mandatos de uno de los jueces por haber cumplido 75 años y presionó públicamente a los dos restantes para que renunciaran. El gobierno de Juan Carlos Romero (PJ) aplicó para la designación de nuevos jueces una consulta ciudadana no vinculante. El Colegio de Abogados de la provincia denunció que el nuevo sistema sólo "intenta enmascarar la crítica situación por la que atraviesa la Justicia" pero que de ninguna manera se lograría "satisfacer la demanda de un Poder Judicial independiente".
  • Entre Ríos: el gobernador Jorge Busti (PJ) acusó a miembros del Superior Tribunal de Justicia de actuar en forma corporativa. En reacción, la Asociación de Magistrados expresó su "sorpresa y no menos disgusto" por la injerencia del poder político en la Justicia.
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