El gobierno argentino defendió la "actitud democrática" de su plan de salud reproductiva y educación sexual, frente a la acusación de autoritarismo lanzada por la Iglesia Católica.
La viceministra de Salud, Graciela Rosso, dijo a radio Del Plata que "la población debe ejercer su derecho a elegir", de cara al programa de salud reproductiva y educación sexual, que incluye distribuir unos 18 millones de condones y otros contraconceptivos.
Pero el vocero católico en asuntos de salud reproductiva, Alberto Bochatey, sostuvo en declaraciones radiales: "el Gobierno no sabe bien lo que piensa la Iglesia, porque nunca quieren hablar con nosotros".
El Gobierno está "atado de pies y manos" porque "más que seguir su posición" está cumpliendo con "las obligaciones que le están poniendo los organismos internacionales y no se atreve a hacer algo en serio", dijo Bochatey, quien también es director del instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El portavoz eclesiástico consideró que el Estado debe hacer un programa que "respete el estilo y la cultura de los países latinoamericanos", diferentes a los de la mayoría de los países europeos o Estados Unidos.
El Gobierno anunció el lanzamiento de la segunda etapa de una campaña que promueve distintos métodos de anticoncepción, además de informar sobre formas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Organismos no gubernamentales y el Ministerio de Salud calculan que en Argentina hay unos 500.000 abortos clandestinos por año.
Posturas antagónicas
La Iglesia había emitido una declaración en la que calificó la campaña de "una nueva respuesta autoritaria" y sostuvo que los repartos de preservativos y anticonceptivos "son inútiles tanto para la prevención de enfermedades de transmisión sexual como para prevenir embarazos".
En reacción, el especialista Pedro Cahn, presidente de la Sociedad Internacional del sida, dijo a la prensa que "cuestionar la eficacia del preservativo es mentir".
Una aliada imprevista del Gobierno fue también la líder de la oposición socialcristiana, Elisa Carrió, de Alternativa para una República de Iguales (ARI), al afirmar que apoya el plan gubernamental, porque "evita a muchas mujeres el aborto", aunque dijo estar en contra de su despenalización.
El eje del conflicto
La despenalización del aborto y la entrega gratuita de condones habían sido la piedra de la discordia con el Vaticano, en vida de Juan Pablo II, cuando el obispo castrense, Antonio Baseotto, atacó al ministro de Salud, Ginés González García.
Baseotto le envió al ministro una carta con una cita bíblica en la que se señala que "los que escandalizan a los pequeños, merecen que se les cuelgue una piedra de molino al cuello y se los tire al mar".
El Gobierno reaccionó destituyendo al obispo del cargo, aunque sin prohibirle ejercer el oficio religioso.
Ante la nueva crítica eclesiástica, la viceministra Rosso señaló que la campaña se realiza para que "todos los sectores, sobre todo los más vulnerables, sean los que tengan mayor información".
"Hay un problema serio de salud pública y hay una precocidad en el inicio de las relaciones sexuales. Por eso se lanzó la campaña, aunque sería bueno que la Iglesia también difundiera su metodología", dijo la viceministra.
Bochatey le respondió que, aunque los métodos naturales que defiende la Iglesia tienen riesgo "si no se usan con cuidado", constituyen "la única manera" de prevenir el sida y embarazos no deseados.
