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La titularización masiva no respeta el estatuto del docente

Opinión

Los estudios sobre los determinantes de la educación son muy claros respecto de que, a iguales condiciones de los alumnos, lo que determina la calidad de los logros educativos es la calidad del profesor. Un determinante fundamental de la calidad del profesor es que conozca aquello que va a enseñar. Esto, en términos generales, se controla exigiendo el título correspondiente.

Una democracia defiende los derechos de los más débiles. Nuestra democracia defiende a los profesores pero no piensa en los alumnos. La Legislatura porteña acaba de aprobar una ley que titulariza en forma directa unos 3500 maestros que desde hace más de dos años dictan clases en las escuelas medias públicas de la ciudad sin realizar los concursos propuestos por el Estatuto del Docente. La cifra no es baja: representa el 11% del plantel docente que tiene la Secretaría de Educación de la Ciudad.

La iniciativa fue propulsada por todos los gremios de manera conjunta (UTE, UDA y AMET). Parecería que, si bien venden la imagen de defensores del Estatuto del Docente, en la práctica lo desconocen. La justificación de algunos legisladores para apoyar la iniciativa es que aunque el Estatuto del Docente indica que hay que acceder a los cargos a través de concursos, en la Ciudad de Buenos Aires hace 15 años que no hay concursos. Expresan que esto no hubiera pasado si la Secretaría de Educación hubiera realizado los concursos sin entrar en mora.

Pero, ¿los concursos -tal como los establece el Estatuto- resuelven el problema? Lo primero a recordar es que se trata de una legislación sancionada en 1958, hace nada más que 47 años. No es difícil imaginar que en este lapso pasaron muchas cosas en el mundo, en la Argentina, y en el sistema escolar. En el mundo, se aceleró de tal manera la necesidad de actualización de los conocimientos que hoy no existe sistema educativo serio que no controle con un examen de Estado el ingreso a la docencia, el cual debe ser revalidado periódicamente. Esto no lo prevé el Estatuto, y es lógico, porque hace cinco décadas no era un problema central.

En el sistema educativo, en estos últimos cincuenta años se quintuplicó la cantidad de alumnos en el nivel medio ya que pasó de 453.519 en 1955 a 2.168.743 en 2000. Este dato puede parecer que no tiene nada que ver, que es ajeno al tema de la calidad de la educación. Pero así como en el mundo externo a la escuela no se usan los mismos procedimientos para producir y vender 400.000 unidades que para producir y vender 2 millones de ellas, del mismo modo no son los mismos procedimientos los adecuados para llenar los cargos de profesores de un sistema cinco veces más grande.

El concurso establecido en el Estatuto de 1958 sirvió para sus fines y fue muy bien utilizado durante un tiempo. De hecho, su sanción marca un hito importante en la constitución de la docencia como profesión. Pero, debido a las transformaciones que genera la masividad de la educación, hoy este sistema -sin modificaciones- es imposible de utilizar. Por este motivo, hace 15 años que no se realizan concursos en la Capital. Pero, además de no utilizar los concursos, lo peor es que tampoco se genera una discusión que permita superar los problemas del Estatuto, adaptando su espíritu a la realidad actual, que es claramente el de respetar la transparencia y nombrar al docente más capacitado. Por ejemplo, habría que informatizar los legajos de los profesores y establecer un orden de mérito (puntaje) con criterios generales, que sean los mismos para todos los docentes y se supere la actual situación donde cada Junta de Calificación clasifica con sus propios criterios.

La solución encontrada para todos estos males hace ya unas décadas ha generado la moda de la titularización masiva que, en la práctica, ha reemplazado a los concursos. A mi criterio, el vicio fundamental de este procedimiento es la manera masiva e indiscriminada en que se utiliza. Es legítimo el argumento de la necesidad de respetar el derecho del docente a ser titularizado, ya que esto implica una serie de ventajas inherentes a la titularización que como interino o suplente no tiene como, por ejemplo, la estabilidad. Pero justamente por este hecho, el de instalar en estos cargos profesores por toda su vida, es que hay que tener por lo menos un cuidado: que tengan los conocimientos necesarios para desempeñarse de manera idónea en el cargo.

El dato es que en la Argentina carecemos de la cantidad de profesores de secundaria necesarios para todas las escuelas del país. Aunque resulte difícil de creer, en nuestra escuela secundaria ya desde hace un tiempo bastante largo, la mitad de quienes enseñan no tiene el título correspondiente. Esto quiere decir no se han recibido en un profesorado secundario, ni han logrado en una universidad el título profesional o de profesor. Son egresados del nivel medio, con título de bachiller, perito mercantil o técnico, o bien profesores de enseñanza primaria (maestros). El Censo Nacional de Establecimientos y Profesores de 1994, arrojó esta cifra para el total del país, y la del 40% de enseñantes del secundario sin título en la Ciudad de Buenos Aires. El nuevo Censo, de 2004, esperemos que actualice estos datos y permita establecer una tendencia. Por un error histórico de planificación, a pesar de que existen 1300 instituciones formadoras de docentes, hoy no los tenemos, porque la gran mayoría de ellas se dedica a formar maestros de jardín y primaria, y solo el 15% forma profesores de secundaria.

El problema de la titularización masiva, como su nombre lo indica, es que sea masiva. No discrimina si quien se titulariza tiene o no el título correspondiente, exigencia sine qua non del Estatuto del Docente, desconocida tanto por los gremios -quienes dicen representarlo-, como por los legisladores. Estamos entonces frente a una paradoja: necesitamos más gente que enseñe en el secundario ya que, gracias a Dios, se está expandiendo y alcanza cada vez a más chicos. Nuestros profesorados no generan la cantidad necesaria de profesionales titulados, de manera que la exigencia del título, hoy por hoy, hay que dejarla un poco en remojo. ¿Qué soluciones están a mano? La primera y más obvia, es que hay que barajar y dar de nuevo en lo que se refiere a la oferta de formación de profesores. Aunque es difícil y complejo, sí o sí hay que encarar de una vez por todas la reforma de la formación docente para que se titulen los profesores necesarios en calidad y cantidad para cubrir todos los cargos de las escuelas secundarias. Pero esto llevará su tiempo. ¿Qué se puede hacer mientras tanto? ¿Qué han hecho otros países cuando se han encontrado con la situación de no tener gente titulada para cubrir sus cargos docentes? Hay dos estrategias simples y complementarias que se pueden aplicar hasta tanto se revea no solo la formación de los profesores sino también el régimen de acceso y ascenso en la carrera docente. Siguiendo con el espíritu del Estatuto, el secreto es: por un lado, respetar la diferencia entre quienes tienen o no título; y por el otro, incentivar a quienes están en la cátedra secundaria sin título, a que lo logren.

Reconocemos el derecho de los profesores a lograr la estabilidad. Por eso, hasta tanto se discuta y se apruebe un procedimiento nuevo para los concursos, acorde con la realidad actual del sistema educativo, podemos pensar en la titularización de oficio (no titularización masiva) como mecanismo. La diferencia consiste en una condición: en la masiva entran todos, en la otra, no es lo mismo tener título que no tenerlo. La titularización de oficio titulariza a quienes enseñan siempre que tengan el título correspondiente, pero también establece una estrategia para quienes no lo tienen. Los países que se han encontrado frente a este problema han marcado dos rumbos. Uno de ellos es que no se titulariza a quien no tiene título, pero se respeta su derecho al cargo por un lapso determinado (cinco años) tiempo en el cual está obligado a obtener su título para retener el cargo y titularizarse. Por supuesto, que el complemento de esto tiene que ser la ampliación de la oferta de formación de profesores secundarios. El otro rumbo es que se lo titulariza en el cargo de base, pero no en la carrera docente. Esto quiere decir que se reconoce su estabilidad pero no se lo reconoce como "profesor" ya que no tiene el título. En la práctica significará que no cobra aumentos por antigüedad (porque no está en la carrera) y no puede presentarse para ascensos. Con la titularización de oficio se respetaría el espíritu del Estatuto del Docente ya que tener o no tener título tiene consecuencias concretas y marca diferencias.

Año a año recibimos noticias de los fracasos de los alumnos en el acceso a la universidad. La gran mayoría de ellos no logra pasar los controles de ingreso establecidos por esas casas de estudio. Y le echamos la culpa al secundario. Ahora, pregunto ¿hay posibilidad de mejorar el nivel secundario con 50% de docentes sin título en las escuelas? .

Inés Aguerrondo inesague@fibertel.com.ar
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