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Conflictos: en los campos bonaerenses

Caza de liebres, en la mira

Campo

Es una actividad que genera millones de dólares gracias a la exportación del total de la producción, pero se realiza en forma casi clandestina

Todos los años, los países más ricos de Europa consumen entre 3000 y 3500 toneladas de carne de liebre procedentes de frigoríficos argentinos. Un alimento que en las góndolas del Viejo Mundo cuesta quince euros por kilo o más, porque en Europa esa carne es una delikatessen.

Es por eso que los importadores pagaron el año pasado a razón de US$ 4677 la tonelada, que para la Argentina representaron ingresos por 15.667.950 dólares.

Pero en las pampas bonaerenses, donde se obtiene el 73% del total de liebres que se capturan en el país, la realidad no es tan florida. Los cazadores, que son el primer eslabón de este negocio, provocan las quejas de los productores, ya que circulan a la noche en los caminos vecinales para capturar las piezas y eso genera mucho temor en estos tiempos de inseguridad rural.

La realidad es que quienes cazan liebres no tienen la ley de su lado. El artículo 273 del Código Rural Bonaerense, que permite sólo la caza deportiva, prohíbe la captura nocturna con luz artificial. Si esto se cumpliera a rajatabla el negocio de la exportación de esta carne sería imposible, no se conseguirían liebres porque la especie es de hábitos nocturnos y es muy difícil verla durante el día. Igualmente, los cazadores se las arreglan para "blanquear" su situación y poder trabajar con cierta tranquilidad.

José Mujica es uno de ellos. Vive en Azul y ya lleva diecisiete años en este trabajo. "Lo que hacemos es hablar con la policía y presentar un certificado en la Municipalidad para registrar las armas y para que nos dejen transportar las liebres, y aunque muchas veces tenemos permisos de propietarios de campos que están en otros partidos, cuando volvemos por la ruta, la caminera nos para y nos confisca todo. Nos dicen que tienen que cumplir la ley."

El fiscal general de Azul, Eduardo Serradel, ordena a la policía detener a los cazadores infractores dentro su circunscripción. Pero al mismo tiempo sostiene que hay que reglamentar lo que hoy está prohibido. "La caza comercial debe regularse para que esta gente pueda trabajar dentro un marco legal. Ahora, tal como están dadas las normas, es mi obligación hacerlas cumplir. Cuando la policía detiene a un cazador, debe penalizarlo", dice.

Además de las reglas impuestas en el Código Rural, desde la temporada pasada los cazadores se encontraron con otro inconveniente: el nuevo artículo 189 bis del Código Penal -introducido mediante la ley 25.886, en mayo de 2004-, que prohíbe portar armas sin autorización en la vía pública. Esto agrava aún más la situación de los cazadores, puesto que no sólo es indispensable el uso de armas para el desempeño de su actividad, sino que también deben moverse en grupos, con lo que se convierten en lo que para la ley es "una banda armada".

Un intento de solución

En el partido de Benito Juárez, en 1999, el entonces intendente Rafael Magnanini instauró un método para que dentro del municipio se pudiera cazar comercialmente.

Reunió a los cazadores, a la policía local y a los propietarios de los campos. Todos acordaron que cada cazador y sus colaboradores debería reunir los siguientes requisitos: registrarse en la Municipalidad antes del comienzo de la temporada, estar domiciliados en el partido con más de dos años de antigüedad, presentar un certificado de buena conducta, registrar el vehículo a utilizar, pegar en la puerta un número identificatorio provisto por el municipio y llevar un teléfono celular para ser localizado en cualquier momento por la policía o avisar ellos a la comisaría sobre cualquier movimiento extraño en los caminos vecinales del partido. A todo esto se sumó el pago de un canon de alrededor de $ 75 por temporada por cada camioneta.

Los partidos de Laprida, Gonzales Chaves y Tres Arroyos también aplicaron esta metodología que, de todos modos, acarrea problemas con cazadores de otros municipios.

El año pasado, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires (MAA) convocó a una de las Mesas de Concertación de Caza, a fin de llegar a una solución para esta temporada, mediante la modificación del Código Rural. Pero no se pudo cumplir con ese objetivo, por la férrea oposición de las entidades representativas de los productores rurales que adujeron el peligro que representa la caza nocturna para la seguridad rural. "Nosotros queríamos modificar el Código Rural para que se permitiera la caza nocturna, pero con seguridad para los productores y para los cazadores. Eso hubiera sido mejor que lo que pasa hoy, porque cazar se caza igual. Y se va a seguir cazando siempre, porque de lo contrario la liebre se multiplica y hace estragos", explicó Mariano Labriola, ex director provincial de Ganadería, que reconoció que hubo municipios en los que se produjeron delitos rurales, pero porque "se dejaba cazar a cualquiera sin un control estricto".

Según Labriola lo que ocurre es que hay una caza "enmascarada", porque se dice que es diurna, cuando en realidad es nocturna. "Si se quieren evitar irregularidades, hay que reglamentar bien la actividad, pero para hacerlo hay que modificar la ley actual".

Por su parte, Pedro Apaolaza, productor agropecuario y secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), no está muy conforme con que se le otorgue una autorización a los cazadores. "En Juárez se caza igual por autorización del intendente, porque se aduce que es un beneficio para personas de bajos recursos que no tienen otro trabajo. Pero eso trae problemas porque cuando la policía encuentra a algún cazador no le queda otro remedio que detenerlo y hacerle una contravención. Ahí se producen enfrentamientos con el intendente y se crea confusión".

Para Norberto Rivada, miembro de la Sociedad Rural de Necochea, "hay que diferenciar entre los cazadores chicos, que cazan por necesidad, y los grandes".

Para esta temporada, que comenzó el 15 de mayo y se extenderá hasta el 15 de agosto, la Dirección de Recursos Naturales del MAA ha dictaminado un régimen similar al que se instrumentó en Juárez, con un sistema de identificación de cazadores, vehículos y armas. Pero tampoco está claro cuántos son los distritos que hacen cumplir estas normas.

Rivada admite que se ha ordenado un poco la actividad, al menos en su partido. "En Necochea hay menos cazadores que en otros años y creo que eso se debe a que el MAA estableció ciertos requisitos obligatorios, como el permiso del dueño del campo, el registro del arma, un tope máximo de piezas a cazar y el control de venta de balas en las armerías".

Pero aunque este estado de cosas le da mayor tranquilidad a los propietarios, "porque ya no existe el peligro de que se metan sin permiso tres o cuatro personas con armas en los campos", por el lado de los cazadores el panorama es distinto. Si bien prefieren no hacer pública su opinión, la mayoría de ellos considera que de esta forma se destruye su fuente de trabajo.

Tal como expresó Labriola, algunos se arriesgan a cazar igual, aún incumpliendo las actuales exigencias y corriendo el riesgo de que los detengan (luego de la reforma del artículo 189 del Código Penal, las penas son más duras). "Ya hubo problemas porque se encontró gente cazando con vehículos no habilitados y con armas sin registrar", comentó Apaolaza.

Por su parte, Iñaki Urruti, otro productor agropecuario de Juárez, tiene una postura más flexible: propone que la caza sea considerada "una producción alternativa y que se les reconozca un canon a los dueños de campo, que de este modo obtendrían cierta participación en las ganancias".

Inversión y riesgo

Otros de los interesados en la resolución de esta cuestión son los dueños de los frigoríficos habilitados para el procesamiento y exportación de esta carne, puesto que paradójicamente realizan una actividad legal, que se nutre de lo producido por una modalidad ilegal.

"En los frigoríficos está todo encuadrado dentro de la ley, ya que están debidamente habilitados por los organismos oficiales nacionales e internacionales, mientras que afuera el que caza liebres es considerado un delincuente", concluyó Pedro Salenave, acopiador de liebres con más de veinte años en la actividad.

Estos establecimientos invierten mucho dinero en un negocio que se vuelve riesgoso por la condición de clandestinidad en la que deben trabajar sus principales proveedores.

Eduardo González Ruiz, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Frigoríficos de Liebres, opinó: "Las autoridades no quieren hacer nada que vaya en contra de las entidades agropecuarias y éstas se han aferrado al Código Rural para terminar con los cazadores. Pero estas restricciones, van a terminar por eliminar a la industria frigorífica de liebres".

Según explicó el directivo, Buenos Aires es la única provincia que prohíbe la caza nocturna, porque el Código Rural fue redactado sobre la base del Código de Etica de la caza deportiva. "La solución sería un acuerdo razonable entre la provincia, las entidades agropecuarias y la industria frigorífica. Se debe modificar el Código Rural y reglamentar claramente la caza de liebres para dejar tranquilos a los productores agropecuarios, que son los que mayores reparos ponen", observó González Ruiz, que agregó que lo curioso es que si se terminara con la caza comercial, serían los mismos productores los que tendrían que matar liebres para poder explotar sus campos.

Aunque hay atisbos de algunos intentos de solución, el corazón del problema sigue sin resolverse y amenaza con reavivarse cada invierno, cuando se reabre la temporada de caza y un negocio de millones de dólares se pone en funcionamiento.

La coordinación de esta tarea debe ser perfecta para poder entregarle al frigorífico un número de piezas que justifique el gasto y el sacrificio. Generalmente, se comienza cuando cae la tarde y se regresa al despuntar el sol. El trabajo es duro y las noches son heladas, pero para muchos es la única forma de ganarse la vida. .

Por Iván Gángara Para LA NACION
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