Aconsejarán el juicio político de Ibarra

Los nueve miembros de la comisión que investiga la tragedia de Cromagnon en la Legislatura porteña presentarán mañana un dictamen único y estructurado sobre elementos probatorios que concluirán -según pudo saber LA NACION- con una serie de recomendaciones, entre ellas, y la más importante, la apertura del juicio político contra el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, por mal desempeño de sus funciones.

Colaboradores de los nueve diputados que siguieron de cerca la redacción del dictamen, que será sometido a los últimos retoques entre hoy y las primeras horas de mañana, confiaron a LA NACION que un consejo en el mismo sentido alcanzaría a la síndica de la Ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante, ya que admitió públicamente y sin tapujos ante la comisión haber incumplido los deberes de funcionario público al no contar en su dependencia con un órgano de auditoría interna, tal como lo establece la ley.

Y algunos observadores de las audiencias no descartan que ese grupo de legisladores también emita alguna sugerencia al Poder Ejecutivo respecto de la conveniencia de alejar de su puesto a uno o a más responsables de organismos del área de Seguridad con rango menor que el de secretario, ya que la Legislatura sólo puede enjuiciar a esta categoría y a las superiores.

Según logró confirmar LA NACION, el dictamen será dividido en una decena de capítulos, con especial hincapié en la descripción de las irregularidades existentes en el funcionamiento de la estructura de inspección y control del gobierno porteño, ventiladas durante la etapa de audiencias de la comisión investigadora (ver aparte), en la que escucharon 76 testimonios.

También aparecerá la enumeración de los errores cometidos durante la atención de la emergencia por parte del SAME y de Defensa Civil. Sin embargo, este segmento quedará en segundo plano porque la responsabilidad de estos equipos -tal como comprobaron los diputados de las declaraciones recibidas- se mezcla con la de la policía y los bomberos, que mostraron por igual fallas en las tareas de protección del sector y de rescate de las víctimas.

Si bien el dictamen contendrá una detallada constancia del mal accionar de las fuerzas de seguridad, no incluirá ninguna recomendación en este sentido, porque la Legislatura porteña sólo tiene potestad para juzgar a funcionarios de la Ciudad actualmente en actividad.

El consenso

No les resultó sencillo arribar al consenso necesario para elaborar un dictamen único a los miembros de la comisión (Fernanda Ferrero, Milcíades Peña, Martín Borreli, Gabriela Michetti, Diego Santilli, Fernando Cantero, Alvaro González, María Eugenia Estenssoro y Tomás Devoto).

Al principio, los nueve acordaron investigar tres hipótesis: la falta de eficacia en los controles que permitió que Cromagnon funcionara en contravención con la normativa vigente hasta el 30 de diciembre último, una asociación ilícita entre funcionarios que mantenían ese estado de cosas y el abandono de persona que, esa noche, empeoró la situación de los sobrevivientes.

Por eso, se dividieron en equipos para abocarse al estudio de cada eje en particular. Y pensaban dividir el dictamen, precisamente, en estos tres temas, para que el trabajo de ninguno quedara relegado en el expediente.

La perspectiva empezó a cambiar cuando abogados constitucionalistas comenzaron a asesorar a algunos de los miembros de la comisión. Una cosa surgió en claro: que ellos no estaban para acreditar si se había cometido o no un delito, sino para evaluar la existencia o no de un mal desempeño de funciones. A partir de entonces, las expresiones "abandono de persona", "asociación ilícita", "corrupción" y "cohecho" pasaron al terreno de lo prohibido.

Cuentan quienes monitorearon las sesiones de la comisión que, luego, los embates permanentes del gobierno porteño durante las últimas semanas no lograron desestabilizar el funcionamiento de la comisión sino que, por el contrario, acercaron naturalmente a los nueve legisladores. Y así empezó a decantar el dictamen único que, según las personas que más frecuentan los despachos de los diputados, sólo hablará de mal desempeño de funciones -figura que le cabrá tanto a Ibarra como a la síndica, por lo menos- y la consecuente recomendación de iniciar juicio político.

Sin embargo, el dictamen no marca el fin de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo por comisiones legislativas. De manera permanente funcionan en la Legislatura dos salas encargadas de tramitar un juicio político: la Acusadora, de 45 miembros, y la Juzgadora, de 15 miembros. Trece diputados de la primera conforman, a su vez, una comisión investigadora. Estos recibirán el documento de la comisión especial, para ampliar la investigación de ser necesario y dar a los imputados el derecho de defenderse.

Y luego elevarán uno o más dictámenes -pueden ser hasta 13- al plano de la Acusadora. Allí, 30 votos son requeridos para abrir el proceso, momento en el que Ibarra quedaría suspendido.

De iniciarse, bastarán diez votos afirmativos de los 15 miembros de la Juzgadora para destituir a Ibarra. .