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Justicia

La nueva Corte: en busca de más transparencia

Enfoques

Según muchos juristas, la renovación en el máximo tribunal ha aportado más transparencia a la Justicia y los magistrados han demostrado más independencia que la que el Ejecutivo desearía

Después de más de una década de sospechas y cuestionamientos constantes y masivos, algo está cambiando respecto de la Corte Suprema de Justicia, con su nueva composición. La mayoría de las opiniones autorizadas, aun de quienes objetan algunos de sus fallos, coincide en que ganó en transparencia y su jurisprudencia se volvió más liberal en materia de garantías del proceso penal, derechos laborales y previsionales, y derechos humanos. Pero hacia adentro del alto tribunal, el cambio más notable entre la Corte de los noventa y la actual es la restitución de la confianza entre los ministros, que ya no temen que detrás de cada fallo pueda existir una maniobra urdida por el poder de turno en connivencia con jueces amigos.

"Los nuevos miembros de la Corte son juristas y honestos. En el pasado, lo primero que debía hacer, antes incluso de analizar si estaba o no de acuerdo con la resolución de un caso, era preguntarme dónde podía haber gato encerrado. Ahora, ello no ocurre. Puedo o no estar de acuerdo con las posiciones de mis colegas en temas específicos, pero estoy tranquilo respecto de su independencia tanto como de la mía", dice uno de los ministros que transitó distintas integraciones del tribunal.

"Hay colegas con los que comparto más ideales que con otros, pero no dudo de la honorabilidad de ninguno. Y ello es mucho", dijo otro ministro consultado. La respuesta del magistrado que pidió el anonimato, al igual que todos los otros ministros consultados por LA NACION, excepto el suspendido Antonio Boggiano, evidencia que tras la renovación de casi la mitad del alto tribunal, en la Corte se modificó mucho más que la jurisprudencia en algunos asuntos clave. El trato entre los jueces y su forma de relacionarse con funcionarios, abogados y miembros de la sociedad civil cambió notablemente tras la remoción de Eduardo Moliné O´Connor y las renuncias de Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez, que dieron lugar a la incorporación de Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay.

A fines de este mes, Augusto Belluscio dejará una vacante por decisión propia y, probablemente, lo mismo ocurrirá con Boggiano, contra quien avanza el juicio político. En la Corte no quedará entonces ninguno de los jueces de la "mayoría automática" designados por Carlos Menem, que en abril de 1990 logró que el Congreso aprobara en una sesión de pocos minutos la ampliación del número de jueces de la Corte de cinco a nueve.

Los ministros Enrique Petracchi y Carlos Fayt integran el máximo tribunal desde el retorno de la democracia en 1983, cuando la Corte aún gozaba de saludable prestigio. Fayt tiene 87 años y aunque según un colega cada diciembre anuncia que al año siguiente se retirará, últimamente dice tener una razón más que válida para permanecer en su cargo: "Tengo que enseñarle Derecho Constitucional a los nuevos jueces, que son expertos en Derecho Penal y Derecho Civil".

Desde afuera del alto tribunal, Gustavo Bossert, el ex miembro de la Corte que renunció, en 2002, alegando "cansancio moral" luego de que fracasara en el Congreso un juicio político para destituir a los nueve ministros que integraron la Corte en la década menemista, percibe el cambio. "En la actual composición de la Corte advierto que hay jueces realmente independientes, que es la primera condición de un juez además de su capacidad", señala.

"En los noventa -se explaya Bossert-, junto con otros colegas firmé disidencias ante resoluciones contrarias a la Constitución adoptadas por una mayoría de cinco miembros. Hay decenas de ejemplos de lo que digo y están todos publicados."

A diferencia de otras renovaciones que registra nuestra historia institucional, el rasgo distintivo de las practicadas en los últimos dos años es que se introdujeron transformaciones sustantivas en el procedimiento de designación de los jueces de la Corte. Las modificaciones, sugeridas al Gobierno por un grupo de organizaciones de la sociedad civil en el documento titulado "Una Corte para la democracia", resultaron un modo idóneo para comenzar a revertir los bajísimos niveles de legitimidad de la Corte y la percepción ciudadana de falta de independencia del Poder Judicial. A partir del dictado del decreto 222/2003, se necesita que el Presidente publique los antecedentes académicos y profesionales de los candidatos a jueces de la Corte, y se creó una instancia en la que los ciudadanos pueden hacer llegar sus observaciones e impugnaciones.

El decreto también exige que el jefe de Estado controle que la inclusión de nuevos miembros refleje la diversidad de género, especialidad y procedencia regional en el máximo tribunal. En la Corte esperan que los futuros nombramientos de Kirchner cumplan con estos requisitos. Los ministros reclaman, particularmente, la necesidad de contar con un colega experto en impuestos y macroeconomía, porque cada vez hay más casos vinculados con estas materias.

La implementación de este proceso dejó como saldo positivo, entre otras cosas, que por primera vez en la historia democrática argentina dos mujeres integren la Corte.

Cambios institucionales

Daniel Sabsay, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), valora en forma positiva los cambios institucionales y jurisprudenciales registrados en el último tiempo. "Los nuevos integrantes del tribunal han generado en una parte importante de la sociedad una sensación de respetabilidad de la que carecían quienes se alejaron. Los cambios, que se perciben a través de los fallos, han sido importantes en muchos sentidos, en particular en cuestiones de derechos humanos y laborales".

Sabsay destaca diversas acordadas impulsadas por Petracchi, desde la Presidencia de la Corte, que modificaron la dinámica del máximo tribunal. En ellas, se resolvió que se publicara la circulación interna de los expedientes entre los jueces; que se dieran a publicidad todas las sentencias de la Corte y sus estadísticas sobre expedientes ingresados y resueltos; que fueran públicas todas las decisiones administrativas de la Corte -vinculadas con designaciones, contrataciones, licencias, sanciones, etcétera-; que existiera bilateralidad en las audiencias que los profesionales solicitaran con los jueces de la Corte y que se instaurara la figura del amici curiae ( o "amigo del tribunal") para que personas de reconocida competencia participaran haciendo oír sus opiniones en casos de trascendencia en trámite ante el tribunal.

Según fuentes del tribunal, a pesar de la resistencia que genera en cierto sector del Poder Judicial, antes de fin de año las declaraciones juradas de todos los magistrados serán públicas y, así, por fin, empezará a cumplirse la Ley de Etica Pública sancionada hace más de seis años y de la cual la Corte se autoexcluyó por medio de una insólita acordada. Los cuatro nuevos ministros del alto tribunal dijeron en las audiencias públicas que enfrentaron antes de ser designados que estaban de acuerdo con la publicidad de las declaraciones de todos los magistrados.

En cambio, según las mismas fuentes, habrá que esperar un tiempo más para que los jueces paguen impuesto a las Ganancias, como cualquier mortal. "Aunque es un tema que tarde o temprano se resolverá en favor de lo que reclama la ciudadanía, todavía no hemos alcanzado el grado de consenso necesario como para avanzar en ese punto", confió otro ministro de la Corte que pidió reserva de identidad.

La relación con el Gobierno

La teoría del Estado indica que la relación del Gobierno con la Justicia siempre es delicada. Se supone que la Corte, como cabeza de uno de los poderes del Estado, es el guardián de las garantías constitucionales de todos los individuos y de las instituciones de gobierno. Entonces, si el alto tribunal cumple cabalmente su rol, muchas veces sus decisiones van a contrapelo de los deseos de los funcionarios o legisladores de turno.

"En la actualidad, no existe relación con el Poder Ejecutivo, más allá de la funcional. Y está bien que así sea", opinó un juez de la Corte. Otro recordó las declaraciones de Zaffaroni y Highton tras la excarcelación del empresario Omar Chabán, en la que ambos jueces reclamaron públicamente al Presidente que dejara actuar a la Justicia sin interferencias.

En el último tiempo, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se jactó de tener una Corte independiente y, para avalar su postura, señaló que había varios fallos que no le habían caído bien al Presidente. Entre ellos sin duda está el caso Bustos, en el que la Corte convalidó la pesificación de los depósitos bancarios, aunque el voto de Zaffaroni que conformó la mayoría lo hizo con reservas.

En ese fallo, de 2004, la Corte en su nueva integración evidenció que no reniega del papel político que tiene el alto tribunal y, entre otros considerandos, señaló que el 1 a 1 había sido poco menos que una "farsa". Un año y medio antes, en el caso San Luis, la Corte había descalificado la pesificación y había adoptado una posición redolarizadora. Luego, con otros integrantes, el máximo tribunal llegó a la conclusión contraria.

"Las modificaciones en la integración de la Corte y las tensiones políticas entre el máximo tribunal y el Poder Ejecutivo a principios de 2002 produjeron importantes cambios en su jurisprudencia en los temas vinculados con la pesificación y el ?corralito´. Los pares de casos que evidencian las variaciones son ?Kiper´ y ?Smith´, por un lado, y ?Provincia de San Luis´ y ?Bustos´, por el otro", indica un informe del Programa de Seguimiento de la Actividad de la Corte de la Asociación por los Derechos Civiles.

Así como la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida fue ampliamente celebrada en la Casa Rosada y el fallo que aceptó la interrupción de un embarazo cayó muy bien cerca del ministro de Salud, Gines González García, fallos como el que declaró inválido el tope de indemnización por despidos y el que dejó sin efecto recortes a jubilados practicados en el pasado, no simpatizaron tanto al Gobierno. Tampoco le gustaría nada que limite el uso (¿abuso?) de los decretos de necesidad y urgencia. "Yo no sé si abusa o no, a veces puede ser abusivo y en otros casos no", dijo el jueves último Argibay cuando le preguntaron si Kirchner hacía un uso excesivo de ellos.

Cambios jurisprudenciales

En materia de derechos laborales, la nueva Corte dictó cuatro importantes sentencias -"Castillo", "Aquino", "Milone" y "Vizzotti"- en las que declaró la inconstitucionalidad de varias normas centrales del sistema de riesgos de trabajo y del régimen de despidos, que en el pasado había convalidado en los fallos "Gorosito", de 2002, y "Villarreal", de 1997. Entonces, la Corte había admitido la constitucionalidad de los topes indemnizatorios y había dicho que era tarea del Congreso, y no de los jueces, definir el régimen indemnizatorio que protegiera a los trabajadores contra el despido arbitrario. Con estas decisiones, impactó directamente en la sustancia de la Ley de Riesgos de Trabajo y la Ley de Contrato de Trabajo, que deberán ser revisadas y adecuadas por el Congreso a las nuevas pautas fijadas por el máximo tribunal.

La jurisprudencia de la Corte también cambió en lo que a derecho previsional y de la seguridad social respecta. En este sentido, hubo dos importantes modificaciones de criterio: en el caso "Itzcovich" el alto tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley de Solidaridad Provisional, que le daba competencia ordinaria a la Corte para este tipo de reclamos y habilitaba a la Anses a plantear un recurso ante el alto tribunal que impedía que se pagaran las sentencias. A menos de un mes de ese fallo, dictado en marzo último, el Congreso eliminó para el futuro la competencia ordinaria de la Corte para resolver este tipo de casos. Seguramente esta reforma descomprimirá significativamente el caudal de trabajo del máximo tribunal y le permitirá a los jueces concentrarse más en los casos constitucionales trascendentes.

La otra causa es "Sánchez, María del Carmen", donde la Corte se pronunció a favor de la movilidad de las jubilaciones y cambió el criterio establecido anteriormente en el controvertido caso "Chocobar", de diciembre de 1996.

"Le guste o no a alguna gente, esta es una Corte mucho más liberal que la de los noventa, que era claramente conservadora en muchísimos aspectos. La jurisprudencia actual se parece más a la de la Corte del gobierno de Alfonsín", comentó un ministro del tribunal.

La incorporación de los penalistas Zaffaroni y Argibay aportó al alto tribunal mayor generosidad en materia de garantías del proceso penal. Ello se nota, por ejemplo, en el reconocimiento de más autonomía para el Ministerio Público, en el regreso al criterio que prohíbe que exista condena sin acusación ("Mostaccio"), en una postura más garantista en cuanto a la inviolabilidad de domicilio ("Ventura"), un plazo razonable de enjuiciamiento ("Barra"), la necesidad de contar con un juez imparcial ("Llerena") y un importante avance en lo referido al derecho de defensa y la situación carcelaria, gracias a un hábeas corpus colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En varias sentencias la Corte también ratificó que la libertad de expresión cuenta con una amplia protección en el sistema constitucional y que resulta sumamente relevante para la discusión de asuntos públicos. Sin embargo, en el reciente fallo de "Asociación de Teleradiodifusoras", avaló la validez constitucional de un límite impuesto a la difusión de encuestas electorales, algo que para algunos expertos viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

"La Corte viene diciendo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria y que los tratados internacionales tienen jerarquía incluso superior a la Constitución, pero en este caso, hizo todo lo contrario. Continuamente invoca esa doctrina de la Corte Interamericana como obligatoria, pero en este caso no la aplicó", protesta el constitucionalista Gregorio Badeni.

Badeni es de hecho bastante poco optimista respecto del papel del máximo tribunal con su nueva integración: "Se notan cambios fundamentales. Noto algunas modificaciones que no considero que sean avances sino preocupaciones. Uno puede aceptar un cambio gradual en la jurisprudencia de la Corte, pero si se cambian los criterios de un día para el otro, los ciudadanos no podemos estar seguros de cuáles serán las reglas de juego hoy día".

La Corte cambió. Cambiaron sus miembros. Cambió su jurisprudencia. ¿Habrá cambiado también su forma de relacionarse con los otros poderes del Estado? .

Por Laura Zommer
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