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Justicia

Precariedad de los vaivenes criollos

Enfoques

Sigue pendiente la composición definitiva

Es difícil opinar sobre la actuación y la orientación de "la nueva" Corte Suprema, por cuanto la integración de dicho cuerpo está siempre pendiente de nuevas vicisitudes: al juicio político en trámite que puede afectar la permanencia de uno de sus jueces se ha sumado la renuncia de otro magistrado que se hará efectiva en pocos días más, produciendo la consecuente vacante. Como si esto fuera poco, periódicamente reaparece el probable retiro por jubilación del vocal de mayor edad.

Todo lo dicho sirve para indicar que nunca termina de conocerse la composición definitiva y estable del "intérprete final de la Constitución", que es -por autodefinición- nuestro "Tribunal de Garantías Constitucionales". Obsérvese la diferencia entre la precariedad de los vaivenes criollos y el dato no precisamente minúsculo que exhibe la Suprema Corte de los Estados Unidos, en la que recién al cabo de once años y medio se produce una vacante.

Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, entendida como predictibilidad de una orientación y regla de calculabilidad de sus decisiones en temas puntuales, la diferencia entre ambos tribunales resulta más que abismal: hay un contraste surrealista. Los intérpretes finales de la Constitución no pueden dejar de examinar entre ellos tres cuestiones fundamentales para alcanzar la "excelencia" de su función. Y no lo pueden hacer aisladamente. Tienen que debatir, discutir, hacer de abogado del diablo entre ellos, analizar, reunirse en confesión.

Primero que todo, deben ordenar los valores que consagra la Constitución, o que se infieran de ella, tomándolos del Preámbulo y de la primera parte de la Constitución Nacional. Lo que no puede hacer la Corte es invertir los valores. No puede reemplazar los valores por antivalores.

Con la interpretación "dinámica", seguida por nuestra Corte a partir de los años 30, y también por la de Estados Unidos a partir de la renovación de esos años, no sólo se integra la letra con las vivencias comunitarias históricas, sino también con las vivencias compartidas del presente, de la contemporaneidad, pero respetando la escala de valores. Es un problema de armonización y no de reemplazo de los valores.

La segunda cuestión fundamental es la política institucional. ¿Cómo va a actuar la Corte, siendo un poder de Estado, como cabeza y no como un tribunal más en una escalera de tribunales? Tiene que separar espacios, reservando algunos para un mayor "activismo judicial", y otros para una mayor prudencia o "autorrestricción", aunque sin declinar su función de control, que es de orden público y es imperativa.

Músculo y cerebro

¿En qué áreas volcar una cosa y en qué áreas volcar la otra en el ámbito jurisdiccional? La Corte lo tiene que decidir. Puede ayudar, en este sentido, lo que llamamos la regla de Hughes, un Chief Justice que señaló: a mayor competencia de la Corte hay menos poder; sin confundir la necesidad de actuar con "energía jurisdiccional", actitud bien distinta que la de caer en el "gobierno de los jueces". Nadie pretende esto último.

Un punto muy importante consiste en distinguir entre la "tarea cerebral" de la Corte y la "tarea muscular", como dijo muy acertadamente un juez de la Corte. Por eso es que hay que crear un Tribunal intermedio de Casación (que no costaría mucho) y así desbrozamos el terreno de malezas ajenas a la función de la Corte.

La tercera y última cuestión es la técnica jurídico-constitucional, pues resulta grave no distinguir claramente entre los argumentos que hacen a la ratio decidendi (el fundamento decisorio) y los argumentos que se vuelcan obiter dictum, o sea, a mayor abundamiento. Lo fundamental es lo primero.

Se van produciendo vacantes: si se van de a uno, se mueren de a uno o se jubilan de a uno, el tema no es tan grave. Pero, cuando hay un cambio nuclear en la composición del tribunal, es necesario que se reúnan antes de empezar a dictar sentencias. Si es razonable que las ONG propongan que los jueces deban declarar sus bienes, es más imperioso todavía que los jueces del más alto tribunal de la Nación expliciten sus principios, creencias y valores para saber a qué atenerse.

El autor es diputado de la Nación y presidente del Bloque Compromiso para el Cambio. .

Por Jorge R. Vanossi
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