Reforma a la ley de defensa de la competencia
Piden mayor poder para controlar las fusiones de empresas
El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso que otorga al Ejecutivo la decisión final en operaciones de concentración económica
El Gobierno anunció hoy que enviará al Congreso un proyecto de reforma de la ley de defensa de la competencia para otorgarle mayor peso de decisión al Ministerio de Economía frente a operaciones de concentración económica en sectores estratégicos.
La iniciativa firmada por el presidente Néstor Kirchner y el ministro Roberto Lavagna recorta, en los hechos, el alcance del Tribunal Nacional de la Competencia, que es el órgano técnico encargado de velar por los derechos de los consumidores y evitar la distorsión en los mercados de acuerdo a la ley 25.156.
La reforma indicará que en casos de "interés general de la Nación" y con el objetivo de defender "el empleo y el crecimiento", las decisiones de la Comisión de Defensa de la Competencia referidas a las fusiones y adquisiciones de empresas podrán ser revisadas por el ministro de Economía.
Mayores poderes. De ser aprobada la reforma, el titular del Palacio de Hacienda pasará a tener la palabra final del ámbito administrativo para casos de servicios públicos, defensa, energía, minería o aquellas "que tengan alto impacto sobre el empleo o la inversión".
Lavagna también podrá modificar la determinación técnica del Tribunal de la Competencia frente a "razones de interés general de la Nación", según informó el propio funcionario. "Defensa de la Competencia es un instrumento de política económica de primera importancia para defender los intereses del consumidor", argumentó Lavagna, quien advirtió que "si uno lo independiza (de la autoridad política que decide los lineamientos económicos) se corren serios riesgos".
El abogado Martín Caselli, socio del estudio Alfaro, consideró, en diálogo con LA NACION LINE, que el cambio no es sustancial desde el punto de vista jurídico porque la Comisión de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Coordinación Técnica –que son quienes deciden estas cuestiones en la actualidad- son entidades dependientes del Ministerio de Economía.
Sin embargo, explicó que “lo que el Gobierno trata de hacer es no perder si quiera el control administrativo de modo tal que la decisión final pase por el ministro”.
"El poder político por vía de la ley evalúa que debe tener mayor injerencia en los temas de defensa de la competencia y no dejarlo librado a los tecnicismos. Este proyecto le otorga una discrecionalidad importante al Ministerio para tomar este tipo de decisiones", señaló.
En tanto, Sandra González, directora de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), mostró cierto optimismo en relación a la iniciativa del Gobierno: “si el proyecto sirve para desburocratizar los procedimientos previstos en la ley de defensa de la competencia estamos absolutamente de acuerdo, pero esperemos que esto se haga”.
“Estudiar una empresa que tiene un monopolio o un oligopolio no nos debería llevar 10 años y las reglas de juego tienen que ser iguales para todos”, destacó.
Apelación en la Justicia. Las compañías que no estén de acuerdo con la determinación de la cartera económica deberán recurrir a la órbita judicial y apelar en el fuero civil y comercial.
En rigor, el Tribunal Nacional de la Competencia no está constituido todavía y en su lugar las decisiones son tomadas transitoriamente por la Comisión de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía.
El ministro y su secretario de Coordinación, Leonardo Madcur, fueron los encargados de explicar las modificaciones propuestas a la ley de defensa de la competencia, tras mantener un encuentro con Kirchner en la Casa Rosada.
Del encuentro entre el Presidente y el titular del Palacio de Hacienda participaron además los secretarios de Coordinación Económica, Leonardo Madcur, y de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
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