Polémica por el proyecto de ley

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que promueven políticas de transparencia coinciden en criticar con dureza el proyecto de ley de acceso a la información que trata el Congreso y que respalda el Gobierno, y en elogiar el decreto sancionado por el Poder Ejecutivo, aunque algunos cuestionan su funcionamiento.

El peligro, alertan, es que si se aprueba la iniciativa tal como salió de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Cristina Kirchner, el acceso a la información quedará muy restringido, incluso en el Poder Ejecutivo, puesto que la ley se impondría sobre el decreto. Ocurre que mientras que el decreto sólo alcanza al Poder Ejecutivo, la ley regiría sobre los tres poderes del Estado.

Esta situación originó un profundo debate entre las ocho ONG que impulsan la herramienta. De un lado quedaron las que, pese a las críticas, quieren que el proyecto avance; del otro, las que prefieren esperar hasta diciembre para que la iniciativa pierda estado parlamentario y empezar de nuevo.

"Ante una mala ley, es mejor que no haya ley", dijo Mariel Fitz Patrick, del Foro de Periodismo Argentino, en representación del último grupo.

Natalia Torres, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), coincidió en que el proyecto del Senado altera principios y estándares internacionales, pero opinó que "es necesaria una ley".

Desde Poder Ciudadano, María Julia Pérez Tort sostuvo que "el proyecto aprobado por el Senado entorpece el acceso a la información pública".

Las principales críticas contra la iniciativa radican en que exige que el solicitante explicite los motivos de su pedido, bajo declaración jurada, y que extiende la obligación de suministrar información a los entes privados que explotan servicios públicos.

"Se habilitaría a la administración a determinar o evaluar discrecionalmente si debe o no entregar la información aludida frustrando la solicitud requerida y limitando la supuesta legitimación amplia que tanto los señores senadores han pregonado", dijo Mariela Belski, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Si bien las ONG coinciden en destacar la importancia de la sanción del decreto, que incluye otras herramientas de transparencia, como la publicidad de las agendas de los funcionarios, advierten sobre los defectos. Para Torres, de Cippec, "la difusión es parte de las acciones que el Gobierno debe encarar para hacer cumplir la norma".

Campaña publicitaria

De hecho, en el sitio de Internet de la subsecretaría que encabeza Oyhanarte, que es el organismo de aplicación del decreto, se indica que a principios de este año se debía lanzar una campaña publicitaria "destinada a informar a la ciudadanía en general sobre las herramientas instrumentadas" por el decreto. Eso nunca ocurrió.

"Esto se aprobó en 2003, cuando había un fuerte reclamo de transparencia. Ahora, el Gobierno se dio cuenta de que creó una herramienta que no le conviene y por eso no la difunde", opinó Ezequiel Nino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

La experiencia de LA NACION

• Entre noviembre del año pasado y abril último, LA NACION hizo una decena de pedidos a cinco dependencias oficiales para probar el funcionamiento del mecanismo de acceso a la información. Si bien la mayoría de los pedidos recibió algún tipo de respuesta, no todos los ministerios respondieron en los tiempos fijados por la norma, algunas de las contestaciones resultaron incompletas y otros requirimientos nunca fueron contestados. Entre estos últimos figura uno por el que se solicitaron todas las resoluciones administrativas por las que se asignaron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde 2003.