Todo vale: inundar el correo con un millón de cartas, inscribir a los novios de las hijas de los candidatos, ofrecer la vianda del domingo o movilizar las estructuras de las organizaciones amigas.
A la hora de reclutar a los más de 30.000 fiscales que necesitará cada uno para controlar en la provincia de Buenos Aires los comicios del 23 de octubre, los partidos políticos chicos y medianos (todos menos el peronismo, en sus dos versiones, y la UCR) no dudan en apelar a cualquier recurso. Una preocupación invade por estas horas a sus comandos de campaña: que la ausencia de gente propia en los lugares de votación les haga perder una importante cantidad de sufragios.
“En la provincia de Buenos Aires, si uno no tiene fiscales, se pueden perder como si nada 150.000 votos”, afirmó Pablo Tonelli, primer candidato a diputado nacional por Propuesta Republicana (Pro). La inquietud por el mayor distrito del país obedece a varios motivos: tiene el 35% de las urnas (más de 25.000); el PJ y la UCR, los únicos que garantizan la cobertura de todas las mesas, cuentan con aceitados aparatos electorales, y, por si fuera poco, el peronismo peleará por conseguir en estas elecciones votos para sus dos listas (kirchnerista y duhaldista).
Además de un fiscal por mesa, cada partido tiene derecho a poner un fiscal por establecimiento donde se vota. En total, la cantidad necesaria para cubrir el territorio bonaerense supera las 30.000 personas, que deben estar entrenadas en la dinámica de los comicios y poder permanecer en el lugar las diez horas que duran, más lo que demande el recuento de votos.
La trampa más frecuente a la que se exponen los partidos huérfanos de fiscales, coinciden todos, es que a poco de comenzar la elección desaparezcan las boletas de esa agrupación. Por eso, el reclamo por el voto electrónico es unánime en estos partidos.
ARI inició una campaña masiva de reclutamiento: sus militantes repartieron casa por casa un millón y medio de cartas firmadas por Elisa Carrió con el objetivo de "incentivar la participación y evitar el fraude". Además, bajo la consigna "30.000 fiscales por el contrato moral" los militantes bonaerenses establecieron mesas en las principales plazas de la provincia para explicar la necesidad de fiscalizar los comicios. Y el jueves último los candidatos escenificaron un simulacro de votación frente al Congreso para difundir las "distintas estrategias fraudulentas que utilizan los partidos mayoritarios".
En Pro van a apelar al compromiso de los siete partidos que integran el frente que respalda la candidatura a senador de Ricardo López Murphy. Y empezaron por casa: Tonelli reconoció que ya anotó a toda su familia ("incluyendo a los novios de mis hijas") para la fiscalización. Destinarán a este rubro un porcentaje importante de lo recaudado para la campaña: entre movilidad, viandas y el alquiler de celulares deberán invertir unos 350.000 pesos. Saben que no cubrirán todas las mesas, pero quieren tener por lo menos un fiscal por escuela.
Encuentro Amplio, que agrupa a socialistas, comunistas e intransigentes, piensa utilizar las estructuras de los tres partidos, de la CTA y de la Federación Agraria. "Nuestro temor es por algunas zonas del interior que se tornan poco menos que impenetrables", dijo el primer candidato a diputado, Jorge Rivas. Tonelli lo sintetizó así: "En el sur del conurbano se requieren fiscales más entrenados y aguerridos". Rivas alertó también sobre "el riesgo de que, al no haber fiscales de la oposición en algunas mesas, las vertientes del PJ se terminen repartiendo los votos".
Aunque ninguno lo reconozca abiertamente, otra estrategia para garantizar la fiscalización son los acuerdos informales entre fiscales de partidos afines. Un veterano dirigente del radicalismo bonaerense reconoció que, en la práctica, es muy frecuente que, por su común origen político y social, los fiscales de la UCR, de Recrear (hoy en Pro) y de ARI se pongan de acuerdo para "cubrirse" mutuamente y abarcar un mayor número de mesas.
El candidato a senador de MST-Unite por Buenos Aires, Mario Cafiero, hizo públicas sus dudas: "El solo hecho de que en el 2005 sigamos votando con boletas y no con voto electrónico da pie a la sospecha". Como el resto de los candidatos, aclaró que no se les pagará un peso a los fiscales. "A lo sumo se distribuirá una vianda", dijo.
El apoderado del PJ, Jorge Landau, rechazó las acusaciones sobre posibles trampas por parte de los partidos mayoritarios. "El sistema es absolutamente transparente. Todos los partidos tienen derecho a fiscalizar; si no lo hacen es porque no tienen estructura. Y sin estructura no se puede gobernar", ironizó el diputado duhaldista, para quien la posibilidad de fraude es "remota".
Landau se mostró confiado en que su partido contará con suficientes fiscales, aunque se permitió sospechar del Frente para la Victoria. "Están queriendo comprar dirigentes en algunos distritos, y mi temor es que esto se traslade a los fiscales", advirtió.
Por Jaime Rosemberg y Oliver Galak
De la Redacción de LA NACION
