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Editorial II

Cuotas de exportación

Opinión

 
 

SE ha tornado ya habitual que los jueces intervinientes en convocatorias de acreedores y quiebras ordenen al Poder Ejecutivo la asignación de cuotas de exportación a las empresas que se encuentran en esa situación.

Este procedimiento comenzó a practicarse a principios de la década del 90 en relación con la cuota Hilton de exportación de carnes vacunas a la Unión Europea y adquirió luego creciente importancia, a tal punto que en 1999 varios jueces dispusieron la asignación arbitraria de 5000 de las 28.000 toneladas que conforman la referida cuota. El método se ha extendido ahora a la cuota de carnes vacunas que ingresan en los Estados Unidos y podría ser utilizado, también, en el caso de otros productos de exportación del país.

Las cuotas de exportación son el fruto de acuerdos internacionales celebrados en el marco del GATT, transformado hoy en la Organización Mundial del Comercio. En ciertos casos, como los mencionados, es el Estado argentino el que tiene a su cargo el derecho a la distribución entre las empresas exportadoras, mientras que en alguna oportunidad lo efectúa la nación importadora. Cada caso presenta sus peculiaridades.

Cuando esa distribución está en cabeza del Estado argentino, como en los dos casos ya mencionados, se ha actuado con diversos criterios; a veces con cierto condimento político, aunque teniendo como regla general el reconocimiento de los antecedentes de las empresas exportadoras. Tal sistema es considerado el más idóneo, aquí y en el mundo, en cuanto estimula la inversión y el esfuerzo por colocar más y mejor el producto vendido. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que tiene a su cargo las distribuciones citadas entre las industrias exportadoras, debe incluir las empresas en convocatoria o en quiebra en la distribución anual, según los antecedentes que cada una posea, siempre que mantengan la habilitación sanitaria exigida por las naciones importadoras y tengan en orden las condiciones requeridas a los demás participantes. Las disposiciones judiciales prescinden de las normas de distribución dispuestas por el Poder Ejecutivo e imponen una asignación arbitraria, sin otro fundamento que lo que el magistrado entiende que mejora la posición de los acreedores. Se superan así largamente las cuotas que le hubieren correspondido a cada empresa por su pasado exportador y se prescinde también de las exigencias impuestas a los demás participantes. Hasta se ha producido la asignación de cuotas a una empresa sin habilitaciones sanitarias ni antecedentes exportadores, con la sola condición de que elaborase sus productos en otro establecimiento.

Una primera reflexión que surge es que se podría estar generando una invasión de facultades del Poder Ejecutivo por parte del Poder Judicial. Desde el punto de vista empresarial, queda desvirtuado, además, el sentido de premiar a quienes más se esfuerzan por invertir y aumentar la exportación y se favorece a quienes no han logrado éxito en su propósito empresarial. ¿ Se puede pensar en una expansión exportadora con procedimientos tan extraños al interés exportador?

Sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo considere que existe una intromisión judicial en facultades que le son propias y desconozca tal exigencia, existen fundadas opiniones en el sentido de que la introducción de un artículo en la ley de quiebras podría proveer la seguridad jurídica necesaria en esta materia, poniendo coto a una forma tan irregular de administrar el comercio exterior. .

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