El gobernador Felipe Solá y el ministro de Trabajo, Roberto Mouilleron, enviarán a la Legislatura el proyecto Foto: Archivo
LA PLATA.– Si es aprobada una ley que impulsa el gobernador Felipe Solá, los empleados estatales bonaerenses no podrán hacer paros ni otras protestas sin antes acordar con el gobierno la prestación de “servicios esenciales” durante las medidas de fuerza.
La iniciativa prevé sanciones y hasta la quita de personería jurídica para los gremios que no cumplan, y está incluida en un proyecto de ley de convenciones colectivas de trabajo que el gobierno provincial enviará próximamente a la Legislatura, donde el oficialismo tiene mayoría.
Algunos gremios ya expresaron su oposición, por entender que el proyecto limita el derecho de huelga.
El año pasado, las huelgas de trabajadores estatales fueron un dolor de cabeza para la administración bonaerense: los empleados judiciales, por ejemplo, tuvieron nada menos que 70 jornadas de paro.
El ministro de Trabajo provincial, Roberto Mouilleron, afirmó a LA NACION que el proyecto fue elaborado después de mantener reuniones con una treintena de agrupaciones gremiales; entre ellas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la sección provincial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Pero el consenso no fue total. Algunos puntos, como la obligación de establecer un cronograma de servicios mínimos antes de ir a la huelga o la disposición de que los acuerdos laborales se enmarcaran en la "disponibilidad de cargos" fueron cuestionados por gremialistas que participaron en la mesa de discusión.
El primero de esos puntos establece que será "materia obligatoria de negociación" la prestación de "servicios esenciales para la comunidad". Se establecen tres alternativas: la suspensión temporaria de la medida de fuerza, la abstención, o la aplicación de un cronograma de atención que debe ser notificado cinco días antes.
Si los gremios no cumplen con estas indicaciones se expondrán a multas y otras sanciones, como la posibilidad de que les quiten la personería jurídica. Aunque en el nivel nacional este tipo de medidas nunca pudo llevarse a cabo.
"El concepto de servicios esenciales limita el derecho de huelga, que está establecido por ley", dijo a LA NACION Hugo Godoy, titular de la sección provincial de ATE, uno de los gremios con más afiliados. Y agregó que intentará modificar el rumbo del proyecto oficial. "Vamos a generar espacios de discusión con los distintos bloques legislativos", anticipó.
Marcelo Heredia, secretario gremial de UPCN, otra de las agrupaciones con fuerte representación entre los estatales bonaerenses, dijo que "era innecesario plantear esa situación" porque cuando se realizan paros "siempre se prestan los servicios mínimos necesarios". Heredia también criticó el artículo del proyecto que establece que los reclamos durante las medidas de fuerza estarán sujetos a las previsiones presupuestarias y a la disponibilidad de cargos y de horas cátedra. Según el gremialista, eso daría pie a que el Ministerio de Economía pudiera vetar una solución acordada por las partes por razones presupuestarias.
Aunque el proyecto que será enviado a la Legislatura no comprende a los gremios docentes y judiciales, Mouilleron dijo a LA NACION que otros proyectos similares "se están consensuando con esos sindicatos", que son, precisamente, los que han provocado más dolores de cabeza al gobierno con sus huelgas en el último año. Es decir que la intención del gobierno bonaerense es enviar a la Legislatura un segundo paquete de proyectos de ley de limitación de las huelgas que comprenda al gremio de los docentes y a los judiciales.
El ministro defendió el proyecto al argumentar que "se consensuó con los gremios". Añadió: "El tema de los servicios esenciales es algo que ya está legislado. Lo más importante de este proyecto es que los conflictos se van a tratar en paritarias".
El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Mario García, anticipó que su gremio se opondrá a la obligación de gestionar la prestación de servicios mínimos durante las huelgas. "Nuestra postura es que los servicios esenciales son los que la Organización Internacional del Trabajo considera como tales, y entre ellos no está la administración de justicia", dijo García a LA NACION.
En tanto, el titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, dijo que el gobierno "intenta imponer una restricción del derecho de huelga", al forzar a los gremios a seguir prestando "servicios mínimos" no contemplados en la legislación nacional.
"Lo que tiene que hacer Mouilleron es ponerse a leer la Constitución nacional, la Constitución provincial y las leyes", dijo Baradel. Y citó un fallo judicial de 2003, en un juicio que enfrentó al Estado con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que determinó que la educación no es un servicio esencial. Además, dijo, los gremios del Frente Gremial Docente (Suteba y la Federación de Educadores Bonaerenses) negociaron en 2005 un proyecto con el entonces director de Cultura y Educación, Mario Oporto, que no incluía esa noción.
Mouilleron admitió que "el servicio educativo no está declarado como esencial" en la ley, pero recalcó que sí lo es cuando la huelga "se prolonga en el tiempo".
Por Sebastián Lalaurette
Corresponsal en La Plata
