LA PLATA.- "Hay que prepararse para la paz y para la guerra." El ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Mouilleron, comparó las huelgas -que ahora el gobierno provincial quiere morigerar- con los conflictos bélicos. Y la frase resultó profética.
Algunos gremios también anunciaron que darán batalla, aunque usaron una retórica más prudente: anticiparon a LA NACION que contraatacarán con denuncias judiciales si se aprueba el proyecto de ley de negociación colectiva que enviará el Poder Ejecutivo a la Legislatura, porque ven en esa iniciativa un intento de limitar el derecho de huelga, en contradicción con leyes vigentes.
El punto en discordia es el artículo 19 del proyecto, que fue elaborado en sucesivas reuniones con unos 30 gremios que agrupan a trabajadores estatales. Allí se establece que antes de ir a la huelga los gremios deberán acordar con las autoridades la prestación de los "servicios esenciales para la comunidad".
Incluso tendrán que considerar, según el caso, la suspensión, abstención o limitación de las protestas, o la fijación de un esquema de "servicios mínimos" que deberá ser comunicado al gobierno con cinco días de anticipación como mínimo.
Consultado por LA NACION, Mouilleron insistió ayer en que esa cláusula no contradice las leyes ni constituye una limitación del derecho de huelga. Pero se mostró partidario de asegurar la prestación de servicios mínimos durante las medidas de fuerza: "Hasta las guerras tienen normas de funcionamiento".
Más protestasEl ministro cree que el conflicto será cruento. "A partir de esta ley no va a haber menos protestas; al contrario, seguramente va a haber más. Pero todo se resolverá en paritarias, con posibilidad de mediación, y eso es positivo", dijo.
Los representantes gremiales de los trabajadores estatales, que ya habían reaccionado negativamente ante el anuncio del proyecto, deploraron ayer las palabras del ministro.
Julio Ortellado, secretario de organización de la filial provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), dijo que le extraña que se estén tensando las posiciones cuando ya se sabía qué pensaba cada quien al respecto.
"Nosotros no nos preparamos para la guerra, sino que creemos que el diálogo y la madurez en el debate permiten llegar a soluciones -dijo Ortellado-. Lo que no logramos entender es el grado de desconfianza del gobierno, cuando en la práctica nunca dejamos de prestar ningún servicio esencial en nuestras medidas de fuerza."
El sindicalista advirtió que, si el proyecto se convirtiera en ley, ATE realizaría una presentación judicial para que se declare la "inconstitucionalidad" de la norma.
Roberto Baradel, titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), también dijo a LA NACION que su gremio iría a la Justicia si el gobierno lograra la aprobación de un proyecto similar para el área docente, algo que las autoridades están estudiando, reconoció Mouilleron.
El proyecto que próximamente será remitido a la Legislatura no se aplica a maestros y trabajadores judiciales, dos de los sindicatos más conflictivos. Pero la intención del gobierno es elaborar convenios similares para ellos: "Si el servicio educativo no se presta durante 20 días seguidos, es obvio que pasa a ser esencial", había dicho el ministro de Trabajo.
La ley nacional 25.877, que regula los convenios laborales, reconoce como "servicios esenciales" los sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
Pero también establece que una "comisión independiente" podrá incluir "excepcionalmente" en esa categoría a otras actividades si son de "importancia trascendental" o si la "duración y extensión territorial" de la protesta hacen peligrar "la vida, la seguridad o la salud" de la población.
