Eliashev merece que la Justicia haga escuchar su propia voz Foto: Alejandro Pagni
Veámoslo al revés: resultaba un prodigioso milagro que Pepe Eliaschev y su veinteañero clásico radial "Esto que pasa" todavía sobreviviera tan campante, con sus molestas y persistentes críticas, en el oficialísimo micrófono de Radio Nacional, a dos años y siete meses de haber asumido la presidencia Néstor Kirchner.
Está demasiado enraizada en la conciencia nacional -y, ni qué hablar, en la tan peculiar manera de ser peronista, que tanto moldea a aquélla- como algo completamente natural ceder los medios de comunicación estatales al arbitrio de quien posee el poder de turno para que los maneje a su gusto, rodeado de amigos y obsecuentes de última hora o comprados (los más peligrosos porque en el momento menos pensado cambian de patrón según de dónde provenga la mejor paga).
Esto no sucede por casualidad: en 22 años y un mes de democracia ininterrumpida ningún poderoso funcionario se dignó reemplazar la inviable, averiada y totalitaria ley 22.285 de radiodifusión -que lleva la firma de Jorge Rafael Videla-, aún asombrosamente vigente, por una norma más acorde con los tiempos que corren, que exigen una profunda actualización tecnológica y política.
Raúl Alfonsín fue el primero en incumplir su promesa -expresada de manera taxativa en la plataforma preelectoral del radicalismo en 1983- de derogar la mencionada ley. A la sombra de esa peligrosa precariedad, en tiempos de Carlos Menem se derogó el polémico inciso e) del artículo 45 de aquel decreto militar (que inhabilitaba a las empresas gráficas para poseer medios audiovisuales) y cayeron las barreras para las inversiones extranjeras en el área. En la época de Fernando de la Rúa, en cambio, se vetó un interesante texto consensuado trabajosamente entre el PJ y la UCR, que procuraba un ordenamiento más público y menos gubernamental de los medios en manos del Estado, en tanto que los gobiernos nombrados (y también durante el interinato sui géneris de Eduardo Duhalde) se repartieron a diestro y siniestro, sin ajustarse a plan maestro alguno, ondas de AM, FM, cable, etcétera.
Obviamente, mucho menos se interesaron por avanzar (a falta de una renovada ley de radiodifusión madre) en un estatuto de organización democrática y de conducción independiente de los poderes de turno de los medios estatales encabezados por Canal 7 y sus repetidoras, Radio Nacional y sus filiales, y la agencia de noticias Télam y sus corresponsalías nacionales y extranjeras.
Con tales vacíos y vicios jurídicos graves (que crean un statu quo asentado en legitimidades frágiles y cuestionables, más de hecho que de derecho), y dado el natural y permanente estado de obstrucción cerebral legislativo, no es raro que cada presidente que llega se sienta con derecho a manejar como suyos y a su antojo los medios del Estado, disponiendo monárquicamente (al no haber ningún procedimiento formal establecido para hacerlo) qué personas, de su extrema confianza y lealtad, estarán a cargo de ellos, los cuales, a su vez, elegirán figuras y comunicadores bien afines a "la causa" del momento (cuyos nombres suelen detectarse en solicitadas preelectorales).
Por todo lo expuesto, resultaba extraño que a Eliaschev se le permitiese desentonar tanto en medio del afinado coro K. Un poco a destiempo (dos años y siete meses después de su llegada al Gobierno) y bastante torpemente, el último día hábil de 2005 decidieron deshacerse del periodista que tanto les incomodaba en su "propia" casa. Si al menos le hubiesen dado la semana de preaviso que marcaba el contrato en caso de no ser renovado, Eliaschev habría seguramente despotricado en su despedida, pero por el restringido micrófono de Radio Nacional y todo se habría diluido suavemente.
Tras la enorme repercusión nacional e internacional, el caso Eliaschev, de todos modos, tiende a diluirse o a quedar "resuelto" en retóricas condenas verbales o escritas, sin remover las causales de la censura infligida. Con sólo seguir guardando silencio sobre el tema, el Gobierno finalmente se habrá salido con la suya. Para que la salud republicana no siga deteriorándose, hay quienes creen que se hace necesario impedirlo.
Asociaciones civiles o particulares valientes podrían estar, en estos precisos momentos, poniéndose en marcha para dar un paso adelante y recabar la opinión del poder que hasta ahora no se ha expedido. Ya que, por obvias razones, el Ejecutivo no será abanderado de esta causa y el Legislativo apenas aporta "pedidos de informe" poco conducentes, será menester que la Justicia haga escuchar su voz sobre el episodio que nos preocupa.
No se trata de simpatizar con Eliaschev (personalmente no escuchaba su programa), sino de una cuestión de principios: los medios estatales son de nosotros, los contribuyentes, que los sostenemos con nuestros impuestos. Como virtuales accionistas de esas compañías, aún no hemos sido debidamente informados de las verdaderas razones por las cuales se decidió prescindir de los servicios de Pepe Eliaschev. Lo alegado en cuanto a una presunta "reingeniería de la programación" parece demasiado genérico y no se compadece con la naturaleza temporal del programa que lo reemplaza.
El Gobierno se encuentra ahora en una fase de autoritarismo mediático sensiblemente mayor que el que ostentaba cuando no pudo, en 2004, resistir el levantamiento de los programas "Los siete locos" y "El refugio de la cultura" y debió reponerlos en la pantalla de Canal 7, donde aún permanecen. El episodio actual inquieta, precisamente, no tanto por Eliaschev en sí, sino por lo que la mansa aceptación de su avasallamiento podría implicar para adelante si desde el poder se pretende seguir "disciplinando" a los comunicadores más indómitos.
Exigir, entonces, de la Justicia unas palabras sobre el caso Eliaschev es un trámite más que sencillo y gratuito: los que se sientan fastidiados por todo lo aquí narrado pueden individualmente o junto con más personas fundamentar en una o dos carillas estos hechos y presentarse en Tribunales. La gestión dura unos pocos minutos: en mesa de entradas, al recibir el escrito, sortearán el juzgado que deberá ocuparse del tema.
Con sólo una denuncia radicada en Tribunales se obligará a la Justicia a expedirse sobre el asunto: esto es si Nacional procedió con corrección o, por el contrario, si incurrió en censura y "Esto que pasa" debe ser repuesto inmediatamente en esa sintonía.
Por Pablo Sirvén
