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Cuatro dependencias públicas, con luz roja

El Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos, entre otras, no cumplen con los estándares en la relación con los ciudadanos

Domingo 22 de enero de 2006

Enrique Oteiza no pudo ocultar la sorpresa. Desde Ginebra, Suiza, el director del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se sinceró ante LA NACION: "Me entero por usted de que el Inadi está en rojo".

El Inadi es uno de los 46 organismos del Estado que adhirió al programa Carta Compromiso con el Ciudadano, impulsado durante la gestión del presidente Fernando de la Rúa, con la intención de mejorar la relación de los organismos públicos con la gente.

Según el último informe del área que monitorea cada etapa, el Inadi es uno de los cuatro organismos públicos que tiene luz roja porque "no cumplió con la continuidad del programa", dijo a LA NACION Juan Manuel Abal Medina, subsecretario de la Gestión Pública.

Mediante la firma de la carta, los funcionarios asumen el compromiso de cumplir con las obligaciones de sus cargos y de respetar en un todo los derechos de los usuarios: ser escuchados, ser informados -con sencillez, claridad y precisión-, ser respetados -tratados sin discriminación, en forma equitativa y justa-, y recibir una respuesta ante los reclamos y una solución o compensación, si fuera el caso.

Pero no todos los organismos llegaron a los plazos estipulados en sus cartas. Es por eso que la propia subsecretaría evalúa mensualmente con un "tablero de control", semejante a un semáforo, si los organismos participantes merecen la luz verde, amarilla o roja.

Los otros tres organismos con mala nota son la Secretaría de Derechos Humanos, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Mejor parados quedan la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Secretaría de Turismo, la Prefectura Naval Argentina, el Registro Nacional de Armas (Renar), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Biblioteca Nacional del Maestro y el Sistema Argentino de Informática Jurídica (SAIJ).

"Debe haber una confusión, nosotros ya elaboramos la segunda Carta Compromiso, no sé por qué Gestión Pública no la recibió aún", se defendió Oteiza. Advirtió, además, que el Inadi tuvo que sortear varios avatares desde que obtuvo su autarquía.

Pese a la insistencia de empleados del Inadi para que no se juzgue la atención al usuario y las tareas que desarrollan por no haber presentado la segunda carta, lo cierto es que hasta ayer continuaba en la misma posición del tablero.

A pesar de estar señalado con la luz roja por incumplimiento, el Inadi recibe pocas quejas de los usuarios. Al menos, no quedan asentadas en el libro de quejas del organismo, se indicó.

"Hay muchos casos de discriminación en el país. Por ejemplo, el caso de ciudadanos de países vecinos que no tienen los papeles en regla y no pueden inscribir a sus hijos en las escuelas argentinas", aseguran.

En observación

La Secretaría de Derechos Humanos comparte en el tablero de control la luz de "incumplimiento". Esto significa que su primera Carta Compromiso, firmada en septiembre de 2002, no fue actualizada al año siguiente, cuando venció el plazo estipulado por Gestión Pública para presentar una nueva. Porque si cada año se cumple con las mejoras de calidad y servicio hacia el ciudadano, el organismo debe renovar el voto de compromiso ante la subsecretaría con la presentación de la carta siguiente.

Consultado por LA NACION, el titular de la secretaría, Eduardo Luis Duhalde, respondió -por correo electrónico-por qué se demoró en continuar con el programa: "Yo no lo calificaría de luz roja. En 2005 la secretaría accedió por primera vez a un edificio propio y este proceso de adecuación de su estructura funcional dificultó la estricta observancia de los estándares fijados en la Carta Compromiso en aspectos tales como la colocación de redes informáticas y obras de mejoras en la atención al público (por ejemplo, baños para discapacitados)".

Asimismo, Duhalde señaló que "la gestión administrativa ha mejorado notablemente, y se trabaja con la Subsecretaría de la Gestión Pública en las modificaciones de la actual estructura jurídico administrativa, ya que ésta se ha convertido en insuficiente frente a las nuevas funciones surgidas de la política de la actual gestión".

Otro de los organismos con mala nota, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, tiene sus puertas cerradas tras un incendio que sufrió en noviembre último. Según averiguó LA NACION, su titular, Héctor Verón, sólo regresará de sus vacaciones el mes próximo, cuando las oficinas estén refaccionadas.

Ana Da Costa

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