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Opinión

El fallo tendrá un grave impacto para las empresas

Economía

Por Daniel Funes de Rioja
Para LA NACION

Tras el fallo de la cámara laboral porteña, la figura del contratista y, por tanto, empleador directo, va a desaparecer como partícipe necesario del juicio donde se ventila el reclamo -salvo que la empresa principal demandada consiga traerlo a juicio, pues el fallo aludido fue pronunciado en una votación dividida-, se consagra la responsabilidad directa y la posibilidad al mismo tiempo de un juicio exclusivamente contra dicha empresa principal, que ninguna relación ha tenido con el reclamante.

El mundo moderno se caracteriza en lo productivo por una fórmula de organización que ha llevado a la segmentación por razones de especialización y no como parece desprenderse de quienes sustentan la doctrina que cuestionamos como resultado de una "perversidad" empresaria para afectar o licuar su solvencia.

Si se da el caso de licuación o afectación, hay fraude y la figura en todo caso es la relativa concretamente a descubrir esas maniobras tendientes a hacer nominal o teórico un crédito a partir de un desapoderamiento que tenga como fin perjudicar al trabajador.

Lo que ocurre es que los procesos de segmentación o satelización responden a nuevas realidades que no son solamente producto de los cambios originados en la globalización, sino que ya resultaban verificables después de la crisis energética de los años 70, donde las "viejas fortalezas industriales", integradas horizontal y verticalmente, dieron paso a modelos de articulación, en los que las grandes empresas se complementan con otras de pequeña y mediana dimensión, mucho más eficientes por especialización, que dieron lugar a un nuevo salto en competitividad.

Podrá haber quien subcontrata para eludir la ley, intentar deslindar su responsabilidad, pero ésta no es la regla y, de cualquier manera, ello tiene remedio legal para llegar al autor del ardid o engaño. Sin embargo, la aplicación de la doctrina del Plenario equipara a quien subcontrata de modo lícito y honesto con quien utiliza maniobras fraudulentas para eludir las obligaciones (equiparación de las consecuencias legales del artículo 30 con las del artículo 31 de la ley de contrato de trabajo) y esto es claramente injusto y no deseable.

Ello ocurre cuando se impone el carácter de deudor liso y llano a quien contrató no un empleado o una tarea, sino a otra empresa y -a tenor del Plenario comentado-, los trabajadores de esta última pueden, sin siquiera requerir su crédito o reclamar el hipotético derecho que les asiste contra su verdadero empleador, demandar a la principal directamente. Así, se omite siquiera analizar la realidad subyacente, a la vez que se altera la esencia de la norma laboral específica, que es el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo, que consagra la solidaridad como garantía accesoria de la obligación principal.

Dudosa procedencia

En tales condiciones, no cabe duda de que la demanda directa releva del reclamo directo contra el empleador del trabajador. Y esto no puede ser subsanado simplemente alegando que lo que la empresa principal puede hacer es citar procesalmente como "tercero interesado" al empleador contratista, pues en el trasfondo de esta preocupante jurisprudencia resultará que nadie demande a su empleador directo cuando se trata de un contratista o subcontratista. Ello conllevará no sólo el perjuicio para la empresa principal de verse sometida a juicio aun por reclamos que pueden ser de dudosa procedencia, sino también que la carga de la prueba, tanto de su vinculación laboral con el contratista como de la inexistencia del crédito laboral respecto del tercero así excluido de la demanda, quede a cargo de la empresa principal.

Esto no sólo va a constituir una nueva contingencia y muy seria para las empresas con procesos productivos u organizativos segmentados, sino que coadyuvará a proteger la informalidad y la irresponsabilidad de quienes de tal manera y pese a ser empresas regularmente constituidas y obligadas laboral y fiscalmente, encontrarán en este fallo un nuevo argumento para "el otro sendero", dado que -finalmente- quien tendrá que responder y será demandada es la empresa principal. .

El autor es presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina.
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