Ibarra dijo que no hay pruebas en su contra

El suspendido jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, cerró esta noche las audiencias de su juicio político al hacer uso del derecho a la última palabra de los acusados para afirmar que "ni un sólo testigo, ni una sola prueba" justificó el pedido de destitución de la fiscalía.

"No hubo un sólo testigo, una sola prueba que sirva para justificar la destitución de un jefe de gobierno", reclamó Ibarra ante los legisladores que actúan como fiscales y los miembros de la Sala Juzgadora.

Ibarra cuestionó el pedido de la fiscalía luego de que sus tres integrantes -Jorge Enríquez, Rubén Devoto y Jorge San Martino- pidieran unánimemente esta mañana su destitución por "mal desempeño" de sus funciones, derivadas según el criterio de la parte acusadora, de lo actuado por el jefe porteño en relación con la tragedia de Cromagnon.

Responsabilidad acreditada. El fiscal Jorge Enríquez, aseveró que la responsabilidad política de Ibarra en la tragedia "está plenamente acreditada" y por tanto consideró que "absolver a Ibarra sería consagrar la impunidad e invitar a los gobernantes del futuro a que desprecien sus deberes".

En su exposición, que fue aplaudida al final por los familiares de las víctimas, Enríquez aseveró que "Cromagnon fue el desenlace fatal de una política de control que se decidía por conveniencia" y que Ibarra "no tomó las medidas necesarias para que se controlaran todos los locales" bailables.

Imprecisión. En cambio, la defensa de Ibarra, encabezada por los abogados Julio César Strassera y Julio Golodny destacaron la "imprecisión" en los cargos adjudicados al jefe de gobierno, en la falta de evidencias "serias" y en las nulidades detectadas en el proceso.

Resaltaron además la lucha de Ibarra contra "el focazo de corrupción" que había en el área de control de comercios de la Ciudad y defendieron la labor del gobierno porteño en la asistencia durante las tareas de rescate de los heridos de Cromagnon.

En la réplica a lo expuesto por la defensa, Enríquez cuestionó a Strassera su autoridad moral "para hablar de nulidades (en el juicio) quien juró como funcionario judicial en el Proceso de Reorganización Nacional" que se instaló a partir del golpe de Estado de 1976.

La contestación de Strassera no tardó en llegar y, pese a la advertencia del presidente del tribunal Julio Maier para no virar el debate hacia "cuestiones personales", el ex fiscal no se privó de recordarle a Enríquez que "usted que se arroga la representación del pueblo sacó el 0,2 por ciento de los votos".

Disturbios. La audiencia, hasta allí sin incidentes salvo por sordos abucheos de los familiares críticos de Ibarra, tomó temperatura y estalló durante el descargo del jefe de gobierno cuando los familiares de las víctimas increparon al acusado.

Maier advirtió en dos oportunidades que no toleraría "gestos de aprobación y desaprobación" pero la furia de los familiares ya no se contuvo cuando Ibarra dijo que "mis dos hijos menores fueron amenazados de muerte".

Desalojo. Luego de casi 20 minutos de gritos e insultos al suspendido jefe de gobierno, la Policía Federal logró desalojar el recinto e Ibarra, que se mantuvo sentado todo el tiempo, continuó su descargo y pidió disculpas por "no haber podido transmitir" su dolor e impotencia a los familiares de las víctimas.

Carnicería política. "No polemizo con los familiares ni lo haré pero si polemizo con cierta política", compuso el jefe de gobierno tras los incidentes y recordó que de este proceso se hizo una "carnicería política" para intentar obtener ventajas que no tiene "antecedentes en el mundo".

La Sala Juzgadora tiene ahora la atribución de fijar la fecha de sentencia -se conocería el 10 de marzo-, que en el caso de ser condenatoria necesitará el aval de diez legisladores, es decir, los dos tercios de sus integrantes.

Agencias DyN y Télam .