El pecado de la carne

El Gobierno resolvió su pulseada con los productores con un golpe debajo del cinturón al prohibir la exportación de carne. Muchos aceptarán resignadamente el diktat. Algunos, más inquietos, revisarán las reglas de juego -la Constitución- para concluir que no tiene autoridad para pisotear derechos elementales como trabajar y comerciar. Pero si siguen investigando advertirán que la Corte, como intérprete final de la Magna Carta, avaló estas exorbitancias.

La semana última, en una reunión de alto nivel, se reflexionaba sobre cómo explicar al ciudadano común el grado en que incide en su vida la Justicia y, en particular, la Corte. Eugenio Aramburu comentaba una charla con un taxista de Nueva York preocupado por la designación, por el entonces presidente Reagan, de un miembro de la Corte. Estamos muy lejos de alcanzar esta percepción, no ya en el ciudadano común sino en dirigentes y pensadores. La Corte y la Justicia cumplen la función que en el cuerpo humano realiza el órgano que filtra la sangre para eliminar impurezas, tarea que deberían hacer con las normas y los actos contrarios a la Constitución. Si no, infectan todo el cuerpo.

Esta delicada tarea no se limita a la Corte sino a la Justicia en general. Recientemente, la Cámara del Trabajo resolvió que un empleado tercerizado puede demandar a la empresa principal sin tener en cuenta a su empleador directo. Son más que discutibles las consecuencias de resultar responsables por gente que no conocemos, y, aunque la medida es pretendidamente protectora, lo terminará pagando toda la sociedad, aumentando el riesgo argentino y expulsando más trabajadores al sector informal. Lo más grave es que es un fallo plenario -en principio, obligatorio para todos los magistrados inferiores-, y así los jueces que lo firman se convierten en legisladores vulnerando el principio de división de poderes, lo cual es inconstitucional. No se trata de unificar un simple criterio procesal, sino de cambiar el régimen de responsabilidad. Son dos ejemplos de cómo la Justicia y la Corte inciden en la vida diaria.

La Corte no supo controlar en el siglo XX el avance planificador del Estado y permitió su crecimiento desmesurado, que alcanzó un tamaño y poderes propios de un país socialista, complicando la gobernabilidad. Por ello es corresponsable de nuestro "ogro filantrópico", como llama Octavio Paz a muchos Estados latinoamericanos que, como monstruos generosos, regalan prebendas a sus súbditos a cambio de cancelar sus libertades. .