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Visiones conspirativas que aportan poco y nada

Sábado 18 de marzo de 2006
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LA NACION

La suspensión de 11 consignatarios que operan en el Mercado de Hacienda de Liniers por tener deudas exigibles por la AFIP forma parte de la política de presión que despliega el Gobierno para lograr una baja en el precio de la carne.

Los propios rematadores se enteraron de la decisión por los periodistas. El Ministerio de Economía, en el comunicado que informa de la decisión, señala que los consignatarios serán notificados sólo pasado mañana.

"No le debo un peso a la AFIP", dijo uno de los referidos. "Mis contadores están revisando los papeles para ver si hay alguna deuda pendiente", señaló otro, sorprendido.

Los dos, y otros 53 colegas, han sido llamados "pícaros" el martes pasado por el presidente Kirchner, que les atribuyó poder suficiente como para manipular los precios de la hacienda.

Al día siguiente de la advertencia presidencial, el Mercado de Hacienda siguió funcionando como siempre: dependiendo de las decisiones de miles de pequeños y medianos ganaderos (se calcula que en el país hay 200.000) y de si llueve o no, porque en los municipios del interior, con buen criterio, no se deja transportar hacienda cuando los caminos de tierra se embarran. Y, para peor, esta semana llovió mucho.

Es decir que allí donde Kirchner ve una gran conspiración de ganaderos y consignatarios que trabajan en las sombras contra el pueblo para que suba el precio de la carne, en rigor hay un mercado que, con sus virtudes y errores, intenta funcionar como tal. El Gobierno tiene éxito cuando presiona a cuatro o cinco cámaras empresarias para conseguir un acuerdo de precios, pero no puede discutir con ganaderos, consignatarios, matarifes, industriales frigoríficos y carniceros que, a pesar de dedicarse a la misma actividad, suelen tener intereses diversos. Algunos de ellos, no obstante, admiten que deberían tener una cintura política más acorde con los tiempos que corren.

Este problema se remonta a enero pasado, cuando las entidades de productores y de consignatarios retiraron su firma del acuerdo de precios promovido por Economía. Desde entonces, en el Ejecutivo creció la impresión de que hay intenciones políticas detrás de ese gesto de rebeldía. Y ahora es una cuestión de quién tiene la última palabra. Quizá las cosas deberían ser un poco más racionales y fijar las prioridades comunes: la lucha contra la inflación, la defensa de la producción, la generación de trabajo, inversiones y valor agregado. Nada de eso se logra con presión.

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