Escándalos en la Justicia

Según la última medición del índice de confianza en la Justicia (ICJ), presentado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y la Fundación Libertad, en noviembre de 2005, el 81 por ciento de la población argentina cree que la Justicia es "poco o nada honesta". De acuerdo con los resultados de la encuesta, sólo el 15 por ciento percibe al Poder Judicial como honesto y confiable, mientras que la opción "muy honesto y confiable" quedó en cero. El 78 por ciento de las 800 personas consultadas en las principales ciudades del país aseguró que percibe a la Justicia como "poco o nada eficiente", mientras que ocho de cada diez encuestados consideran "poco o nada confiable" la imparcialidad de este poder del Estado.

El ICJ es utilizado como una herramienta para sondear en forma cuatrimestral la confianza de la sociedad argentina en la Justicia. Seguramente, los próximos resultados de la encuesta reflejarán -una vez más- la preocupación de la opinión pública sobre el funcionamiento del Poder Judicial, pero en esta oportunidad agravada a raíz de los últimos acontecimientos que se han sucedido en el terreno judicial. En este sentido, la reforma del Consejo de la Magistratura, aprobada recientemente por el Congreso de la Nación, tendrá su cuota de incidencia negativa en la confección del nuevo índice.

Sin embargo, otros acontecimientos serán los que tengan mayor gravitación en la opinión pública, al momento de ser consultada para la conformación del ICJ. Concretamente, los episodios que, con amplia repercusión pública, tuvieron como protagonistas a jueces de la Nación.

En primer lugar, cabe mencionar el caso de dos personas provenientes de la ex Yugoslavia procesadas por narcotráfico, causa conocida como "Viñas Blancas". Uno de ellos, Dragoslav Ilic, con prisión preventiva decretada, pudo celebrar su casamiento en un importante hotel de la ciudad gracias a una autorización judicial. Sin embargo, no fue ese el único beneficio que obtuvo. En efecto, luego de dos años de detención en el edificio Centinela -sede de la Gendarmería Nacional-, Ilic pasó a tener arresto domiciliario en un departamento de la zona de Puerto Madero.

Luego de la preocupación manifestada por la DEA y de que tomaran estado público los beneficios concedidos, el juez Daniel Rafecas revocó el arresto domiciliario por considerar que Ilic había cometido un grave incumplimiento del permiso que le había concedido, que sólo comprendía una celebración religiosa, con la presencia de sus familiares más íntimos y no una fiesta para 200 personas como la que se realizó.

Otro de los episodios destacados es el que protagonizaran dos jueces de la Cámara del Crimen de la Capital Federal, Luis Ameghino Escobar y Alfredo Barbarosch, que terminaron a golpes de puño tras discutir la situación de Guillermina Martínez, quien fue apartada por la Cámara y el Consejo de la Magistratura de su cargo de jueza interina cuando venció su subrogancia el 28 de febrero último.

No menos importante es el caso en el que se investiga el pedido de coimas a una empresa española dedicada a la explotación de juegos de azar, a cambio del cierre de una causa por supuesto contrabando de máquinas tragamonedas, que se tramitaba, hasta el momento de la denuncia, en el juzgado en lo penal económico a cargo del juez Guillermo Tiscornia.

La lista de episodios continúa con la resolución de la Cámara del Crimen de Chubut que ordenó la liberación de 13 presos -la mayoría de ellos, próximos a la libertad condicional- alojados en las seccionales policiales locales, con antecedentes de homicidio, robo y portación de armas. La decisión se tomó tras hacer lugar a un hábeas corpus impulsado por los defensores públicos debido a las condiciones de superpoblación y consecuente hacinamiento carcelario, con la consiguiente vulneración de los derechos humanos básicos que padecen las personas privadas de la libertad en los centros de detención. La decisión judicial ha merecido las críticas del gobernador de la provincia, Mario das Neves, quien, de ser ciertas las afirmaciones de los defensores, tendrá que arbitrar los medios para revertir la situación de hacinamiento que existe en los centros de detención provinciales.

Como broche final, puede mencionarse que en un reciente examen tomado por el Consejo de la Magistratura a 33 postulantes a jueces, más de la mitad ni siquiera llegó a cuatro puntos sobre diez, en tanto que sólo dos fueron calificados con más de siete y un juez subrogante, que se halla a cargo de un juzgado federal penal de la Capital, se sacó un uno.

Es indudable que estos acontecimientos en nada contribuyen a mejorar la imagen que la opinión pública se ha formado sobre el funcionamiento de la Justicia. Más aún cuando muchos de ellos impactan directamente sobre los tres atributos que se consideran claves para su correcto funcionamiento: imparcialidad, eficiencia y honestidad. Es de esperar que los mecanismos establecidos para juzgar la conducta de los magistrados funcionen apropiadamente de modo de establecer, si así correspondiese, la responsabilidad que les cabe por las decisiones adoptadas. .