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Editorial I

La reestatización del servicio de aguas

Opinión

La rescisión del contrato de concesión de Aguas Argentinas y la reestatización de la prestación de los servicios de agua potable y cloacas en el área metropolitana marcaron el final de un prolongado enfrentamiento con el grupo francés Suez. Era una salida probable, aunque no la ideal para una privatización controvertida desde su concreción, que debería completarse a la brevedad con el traspaso a un nuevo operador privado que garantice servicios de calidad y la ampliación de la red.

La decisión del presidente Néstor Kirchner de terminar abruptamente el contrato con Aguas Argentinas incluyó, además, la creación de la empresa estatal Aguas y Saneamiento Argentinos (AYSA), que proveerá del servicio de agua y cloacas a 11 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y en 17 partidos del conurbano bonaerense. El 90 por ciento de la nueva compañía estará en manos del Estado y el 10 por ciento restante seguirá en poder de los trabajadores por medio del Programa de Propiedad Participada (PPP). Frente a ello, es fundamental dejar claramente establecido cuál será la participación de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y si ambos distritos tendrán una porción del paquete accionario.

Una de las razones esgrimidas por el Gobierno para rescindir el contrato fue el incumplimiento de Aguas Argentinas del plan de obras comprometido para la expansión y mejoramiento del servicio, además de haber acusado a la empresa de poner en peligro la salud de la población por el nivel de nitratos encontrado en algunas localidades del Gran Buenos Aires.

La empresa, que mantiene la demanda por unos 1700 millones de dólares en contra del Estado en el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial, rechazó los argumentos oficiales y destacó que durante su operación se incorporaron dos millones de personas al servicio de agua potable y un millón a los de cloacas. La empresa francesa Suez, operadora de la compañía, había anunciado en septiembre último su decisión de retirarse del país.

Aguas Argentinas, al igual que otras concesionarias de servicios públicos, había financiado en moneda extranjera la mayor parte de sus inversiones y estas deudas no fueron pesificadas. Las tarifas que contractualmente estaban ligadas al dólar fueron desenganchadas de esa moneda y además fueron congeladas. La empresa se encontró de esa manera con el descalce de su deuda con sus ingresos, cayendo en default y en incumplimiento.

El final de esta privatización es el corolario de un complejo proceso de renegociación del contrato de concesión, que se inició luego del rompimiento de hecho de los contratos con la devaluación de 2002 que siguió al colapso económico y financiero del país. Aguas Argentinas, que no recibe subsidios, como ocurre en los ferrocarriles urbanos, los colectivos, los subterráneos y la generación eléctrica, siempre adujo que sin una recomposición de tarifas era imposible sostener la operación de la compañía, hacer frente a la deuda contraída en moneda extranjera y garantizar un buen servicio.

Antes de llegar a la lamentable instancia de la rescisión, se realizaron intentos de transferir la titularidad de la compañía a otros grupos empresarios. El propio Gobierno alentó a esos grupos a considerar tal alternativa. Sin embargo, su resistencia a asegurar una recuperación tarifaria impidió que nuevos inversores pudieran quedarse con el control de Aguas Argentinas, aun a un precio nulo.

La responsabilidad por el fracaso de la privatización debe ser compartida por el gobierno nacional, la empresa y también por el Ente Tripartito de Obras y Servicios Públicos (Etoss), que ha sido un organismo regulador ineficiente de una prestación esencial.

El Ministerio de Planificación anunció que el Gobierno invertirá 144 millones de pesos para resolver el problema de los nitratos y 205 millones de pesos para el mejoramiento de las prestaciones. Con ello deja en claro que la inversión en los servicios públicos dependerá cada vez más del Estado en lugar de las tarifas de los usuarios y que la definición de prioridades quedará en pocas manos. Así se corre el riesgo de que haya un uso discrecional y político de los recursos fiscales.

Al mismo tiempo, el Estado no dispondrá fácilmente de los cuantiosos recursos requeridos, incluso normalizando las tarifas, ni tampoco de la capacidad gerencial y tecnológica, como reiteradamente quedó demostrado en nuestra experiencia histórica, particularmente mirando el antes y el después de la privatización.

Con la rescisión del contrato y la reestatización de la empresa quedan cuestiones pendientes que deberán ser resueltas a la brevedad, de las cuales la más importante quizá sea quién se hará cargo de la deuda que arrastra Aguas Argentinas.

Es de esperar que en este caso no se repita el modelo de la reestatización transitoria del Correo, a fines de 2003, que continúa siendo operado por el Estado. Sería beneficiosa y una buena señal para potenciales inversores una rápida reapertura del proceso para dar nuevamente en concesión los servicios, que debería completarse con mejores organismos de control que velen por el cumplimiento de los contratos.

En ese sentido, resulta vital que se aprenda del pasado para no tropezar nuevamente con las mismas piedras.

La Argentina requiere más que nunca que las empresas vuelvan a confiar en el país, para lo cual son fundamentales las reglas de juego previsibles y el respeto por la seguridad jurídica. .

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