La Iglesia sufre los ataques a la libertad de expresión en Cuba

GUADALAJARA, México, 19 (AP).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra su 53a. Asamblea General, denunció en un informe mundial el "crecimiento de la represión y persecución bestial de los periodistas independientes que operan en Cuba".

Según ese informe, los atentados contra la libertad de expresión se han extendido en la isla, "incluso a la Iglesia Católica, que ha sido objeto de severas restricciones para la adquisición de equipos de computación, fotocopiadoras y telefax", pocos meses antes de que el Papa visite el país caribeño.

En su carácter de vicepresidente de la SIP para la Argentina, el director de La Nación , doctor Bartolomé Mitre, presentó un informe donde se destaca que el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas no ha sido esclarecido aún y que es incontable el número de agresiones y amenazas que recibe la prensa nacional. El texto de su informe es el siguiente:

El caso argentino

"El aún inconcluso sumario judicial para determinar quiénes fueron ejecutor y autor intelectual del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas y un incontable número sin precedente de agresiones y amenazas a periodistas hirieron el pleno ejercicio de la libertad de prensa en la Argentina desde mi último informe en Panamá, en marzo de este año.

"Han pasado ya casi nueve meses y, a pesar de la acción permanente de la Justicia, continúa sin ser aclarado el asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, mafioso crimen ocurrido el 25 de enero de este año en las cercanías del balneario de Pinamar (provincia de Buenos Aires), donde ese semanario había denunciado numerosos casos de corrupción policial. Después de esas denuncias, más de un centenar de policías fueron dados de baja.

"Con el lema "No se olviden de Cabezas" el país se movilizó, fue unánime y pública la demanda de que el asesinato fuera aclarado y que los responsables materiales e intelectuales fueran juzgados y castigados. El juez José Luis Macchi acumuló unas 20.000 hojas en los 97 cuerpos del expediente. Los indicios apuntan al ex oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires Gustavo Prellezo, ex segundo jefe de la comisaría de Pinamar, como posible autor material, y a otros cuatro policías como participantes en el crimen, todos los cuales están detenidos. El 1º de octubre, el juez dispuso la prisión preventiva de Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Alfredo Yabrán, como instigador del asesinato. En la actualidad hay ocho personas detenidas por orden judicial. El magistrado aún no ha formulado ningún pronunciamiento final sobre culpabilidad.

"Agradecemos vivamente los reiterados mensajes que Danilo Arbilla, presidente de esta Comisión de Libertad de Prensa e Información, envió en este período a las autoridades argentinas reclamando el esclarecimiento de esos sucesos.

"Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace pocas semanas reiteró que las dudas que subsisten sobre el crimen "se encaminan hacia la policía de mi provincia y al círculo de (Alfredo) Yabrán", un importante empresario postal privado.

"Yabrán negó toda conexión con el crimen cuando fue indagado, el 23 de mayo, por el juez que no lo procesó. Volvió a interrogarlo el 11 de octubre como imputado sospechoso de ser el presunto instigador del asesinato, dejándolo después en libertad. En una derivación política, el presidente Carlos Menem aceptó en junio la renuncia del ministro de Justicia Elías Jassan cuando se revelaron conversaciones telefónicas de éste con el grupo empresarial cuestionado y que él antes había negado. Todo ello aumentó la sospecha pública de las vinculaciones de Yabrán con el poder. Yabrán había quedado irritado por una foto de él tomada por Cabezas en el verano.

"Continúa también sin ser aclarada la misteriosa muerte en 1993 de Mario Bonino, que trabajaba en la organización gremial Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, y cuyo cadáver apareció en un río del contorno urbano de Buenos Aires.

"En septiembre, el presidente Menem volvió a insistir sobre la necesidad de poner límites a la prensa. Al inaugurar, justamente, la Oficina Nacional de Etica Pública dijo: "Respeto la libertad de prensa y de opinar. Pero creo que debe tener sus límites", haciendo alusión a una llamada "libertad del palo", algo así como el derecho de responder con golpes cuando alguien se considere agraviado por la prensa. El día 19 de ese mismo mes, en una carta dirigida a los directores de los medios de comunicación, Menem se disculpó de esas declaraciones admitiendo que había sido "inconveniente". "Pido disculpas -dijo el Presidente- y reitero mi voluntad inquebrantable de seguir luchando para que esas libertades permanezcan intactas."

"En 1993, el Gobierno anunció la creación de una comisión investigadora de ataques y amenazas a periodistas. Hasta el presente no existe ninguna información sobre la misma.

Hechos negativos

"El homicidio de Cabezas fue seguido de ataques o amenazas contra periodistas. Desde marzo se ha contabilizado mas de una treintena de ellos, aunque ese número puede ser más alto ya que varios periodistas no han querido hacer públicos los intentos de amedrantamiento. Los episodios registrados van desde ataques físicos hasta anónimos llamados telefónicos que en un caso forzaron al Canal 13 a retirar en junio al reportero Antonio Fernández Llorente de la cobertura diaria del proceso de Cabezas, debido a que de sus hermanas fue herida y la familia advertida de que se atentaría contra los sobrinos si el periodista continuaba informando del caso. Igual relevo ocurrió con los amenazados periodistas Fernando Menéndez, de Telefé, y Verónica Jacobson, de Noticias.

"El no esclarecimiento del cruel crimen de Cabezas se inserta en un contexto donde la Justicia tiene muy baja credibilidad en el país y, en cambio, la prensa goza de confianza pública.

"En marzo el presidente Carlos Menem, en un artículo firmado, criticó a los medios de comunicación como si fueran éstos los que crearan la sensación de inseguridad e impunidad, olvidando que es labor del periodismo mantener informada amplia y libremente a la comunidad. Además está claro que esa sensación que vive el país no es una creación de los medios, sino la incapacidad del Estado para prevenir y castigar a los responsables de corrupción y otros delitos.

"En abril, agitadores impidieron en dos oportunidades la distribución de 11.500 ejemplares de El Tribuno de Salta y amenazaron al fotógrafo del periódico Benjamín Arias, que registraba el hecho.

Un tribunal de ética

"El ministro del Interior, Carlos Corach, propuso en mayo la creación de tribunales de ética periodística, lo que fue rechazado por la prensa. El director del diario Río Negro, de General Roca, Julio Rajneri, tuvo que presentarse en mayo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para aclarar una información de su medio que aludía a un senador. Rajneri consideró que esa convocatoria era "una amenaza sutil para los medios de prensa", ya que el parlamentario tenía los caminos de pedir una aclaración o recurrir a la Justicia".

"La Corte Suprema desestimó un recurso de queja presentado por el ex director de La Prensa, Máximo Gainza, y quedó firme la condena a ocho meses de prisión en suspenso en su contra por el delito de injurias, a raíz de una nota publicada en 1986 por la cual se identificaba a tres personas como pertenecientes a una guerrilla clandestina y no descartaba que sus miembros podrían luchar para conquistar el poder.

"En junio, una carta bomba no activada fue enviada al subdirector de La Nación y presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), José Claudio Escribano, con la amenaza de que la próxima estaría armada para estallar. La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú recibió amenazas telefónicas de muerte y una bala apareció en la puerta de su vivienda.

"En julio, Jorge Lanata, de América TV, fue golpeado por un motociclista que trabajaba para el canal oficial de televisión, acerca del cual el periodista había denunciado irregularidades. La sede del semanario La Opinión de la Costa, de San Bernardo (provincia de Buenos Aires), fue atacada con bombas molotov provocándole daños materiales. El director Mariano Bobryck dijo haber recibido un llamado anónimo para que suspendiese la publicación.

"El presidente Menem, en septiembre, en un programa de televisión, criticó a la prensa diciendo que "no respeta la investidura presidencial, porque los ataques son de una magnitud impensable".

La propaganda oficialista

"Contemporáneamente, el partido oficialista exhibía por televisión propaganda señalando a la prensa como difusora sólo de noticias negativas al Gobierno. En la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, representantes del Gobierno aprobaron en septiembre un proyecto de ley limitando o excluyendo la participación de capital extranjero en medios y prohibiendo a empresas telefónicas operar en televisión o radio. El ex capitán de la Marina Adolfo Scilingo, que había revelado que aviones navales durante el gobierno militar, en la década del ´70, habían arrojado vivos al mar a presos políticos, denunció haber sido secuestrado durante unas horas, cuando le fueron grabadas con un cuchillo en una mejilla las iniciales MGV, correspondientes a los conocidos periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú, Mariano Grondona y Horacio Verbitsky, que lo habían entrevistado. La comunidad periodística consideró ese hecho como una directa amenaza a esos profesionales.

"Se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario presentado por Germán Sopeña, prosecretario general de redacción de La Nación , por una causa iniciada a raíz de informaciones publicadas en 1994 sobre un presunto caso de corrupción en el trasporte aéreo. Se espera que la Corte defienda el principio de que la prensa libre y responsable informe sobre esta clase de episodios.

"El 4 de octubre, el subeditor fotográfico del diario Los Andes de Mendoza, Julio Delfo Rodríguez, fue detenido durante 5 horas y amenazado "de correr la misma suerte que Cabezas" por tres oficiales de la policía, que después fueron castigados con arrestos de entre 9 y 10 días cada uno.

Hechos positivos

"Gracias a los reparos de la prensa no prosperaron proyectos de ley presentados en abril para regular el funcionamiento de las comisiones investigadoras del Congreso, que, entre otras medidas anticonstitucionales, obligarían a los medios a tener "el deber de informar sobre la veracidad de sus informaciones".

"En junio, los periodistas Alberto Ferrari y Marcelo Helfgot llegaron mediante una inédita mediación a un acuerdo con la jueza Nora Cesualdi, que había querellado y ganado en la Corte Suprema una demanda contra ambos, obligándolos a pagarle 25.000 dólares por una información que resultó no cierta.

"La jueza se allanó a no cobrar la multa a cambio de la reparación que significó demostrar la falta de veracidad en la información publicada en la revista El Porteño. Un tribunal condenó a los atacantes a golpes del periodista Santiago Pinetta, hecho ocurrido en 1996, aunque sin poder probar que la agresión estuviese conectada con su actividad profesional.

"En agosto, una comisión de la Cámara de Diputados no aprobó, tras reclamos de la prensa, un proyecto que si bien obligaba a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales impedía a los medios su publicación.

"Se encuentra en trámite en el Senado un proyecto para incorporar al Código Penal el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información.

"En septiembre, el juez Carlos Wowe fue condenado a siete años de prisión por un intento de coima de 200.000 dólares al periodista Bernar-do Neustadt a cambio de dictarle un fallo favorable en una denuncia que tenía por calumnias e injurias." .