PRINCETON, Nueva Jersey
“DADME vuestras masas cansadas, pobres, apiñadas, que anhelan respirar en libertad”, escribió Emma Lazarus. Todavía hoy se me hace un nudo en la garganta al leer su poema. La historia de la inmigración en Estados Unidos me enorgullece, y agradezco que este país haya abierto sus puertas a mis abuelos, cuando huyeron de Rusia.
En otras palabras, instintiva y emocionalmente soy partidario de la inmigración. Pero el análisis de estudios serios e imparciales revela algunos hechos desagradables de la inmigración moderna, en particular la de los mexicanos, en su faz económica. Si queremos responder de manera eficaz a los demagogos que peroran contra los inmigrantes, tenemos que admitir esos hechos.
Ante todo, la inmigración beneficia, y mucho, a los inmigrantes, pero la ganancia neta para la economía norteamericana es pequeña.
Según cálculos realistas, desde 1980 hasta hoy ha significado un aumento de menos del uno por ciento en los ingresos totales de los norteamericanos nativos.
En segundo lugar, es posible que haya incrementado levemente los ingresos totales, pero perjudica a muchos norteamericanos nativos de los sectores más pobres. Esto se aplica especialmente a la inmigración desde México. Los inmigrantes mexicanos tienen un nivel de instrucción muy inferior al de nuestro trabajador común. Por lo tanto, aumentan la oferta de mano de obra menos calificada y provocan la baja de los salarios de los norteamericanos peor remunerados.
En el mejor estudio reciente de este efecto, George Borjas y Lawrence Katz, ambos de Harvard, estiman que, de no ser por los inmigrantes mexicanos, los norteamericanos que abandonaron el secundario ganarían hasta un ocho por ciento más. Por eso es intelectualmente deshonesto decir, como el presidente Bush, que los inmigrantes “hacen las tareas que los norteamericanos no quieren hacer”.
La disposición de éstos a hacer un trabajo depende de cuánto les paguen por él. Y la razón por la que algunos salarios son demasiado bajos para atraer al norteamericano nativo es la competencia de los inmigrantes mal pagados.
Por último, hoy día nuestro país es un Estado benefactor, aunque nuestra red de seguridad social tenga más agujeros de lo debido y los inmigrantes poco instruidos amenacen con deshacerla.
Cuando ya están adentro, por así decir, la decencia más elemental nos obliga a proporcionarles atención médica básica, educación para sus hijos, etcétera. Como dice el escritor suizo Max Frisch sobre la experiencia de su propio país: “Necesitábamos mano de obra, pero vinieron seres humanos”. Lamentablemente, los impuestos que pagan los inmigrantes poco capacitados no cubren el costo de los beneficios que reciben.
Peor aún: la inmigración castiga a los gobiernos humanitarios. Los inmigrantes constituyen un problema fiscal mucho más grave en California que en Texas, donde se trata con dureza a los pobres y los desafortunados, sea cual fuere su lugar de origen.
No debemos exagerar estos problemas. Según el estudio Borjas-Katz, la inmigración mexicana sólo ha desempeñado un papel modesto en la creciente desigualdad norteamericana. La amenaza política que significa la inmigración poco calificada para el Estado benefactor es más grave que su amenaza fiscal. El desastroso proyecto de ley sobre la provisión, por Medicare, de medicamentos de venta bajo receta contribuye mucho más, por sí solo, a socavar las finanzas de nuestro sistema de seguridad social que toda la carga que significa tratar la inmigración ilegal.
Pero los problemas medianos no dejan de ser reales y la inmigración se está convirtiendo en una importante cuestión política. ¿Qué haremos al respecto?
En términos realistas, Estados Unidos tendrá que reducir el ingreso de inmigrantes poco calificados. Eso entraña principalmente un mejor control de la inmigración ilegal. Pero la dura legislación aprobada por la Cámara de Representantes, que ha suscitado tantas protestas, es sencillamente inmoral. Entre otras cosas, consideraría un delito prestar atención médica a un inmigrante ilegal.
Entretanto, es obvio que el programa de “trabajadores visitantes” que propone Bush fue ideado por y para las grandes empresas. Les encantaría tener una mano de obra barata que no pudiera votar. Además de ser profundamente contrario a nuestro estilo de vida, no ayudaría en absoluto a reducir el efecto adverso de la inmigración sobre los salarios. Y como el trabajador visitante podría ser deportado al cabo de unos años, no tendría ningún incentivo para integrarse en nuestra sociedad.
¿Y si elaboran un programa de trabajadores visitantes más orientado hacia su naturalización? Yo seguiría siendo cauteloso. Sean cuales fueran sus intenciones, en la práctica (y con demasiada facilidad) podría llegar a tener el mismo efecto que el plan de Bush: crear una subclase permanente de trabajadores sin derechos civiles.
Estados Unidos tiene que hacer algo, y pronto, con la inmigración. Pero yo preferiría que el Congreso no llegara a ningún acuerdo este año, y no que aprobara de prisa una legislación mal estudiada que traicionaría nuestros principios morales y democráticos.© La Nacion
El autor es economista, escritor y profesor en la Universidad de Princeton.
(Traducción de Zoraida J. Valcárcel)
