Es la ley... señor Presidente

El Gobierno tiene finalmente su ley de cargos específicos, que le permitirá definir, en la soledad de un despacho presidencial o ministerial, qué obra de energía o gas realizar, en qué lugar del país, quién la deberá pagar (usuario o no), qué monto, por cuánto tiempo, qué empresa ejecutará la obra y quién la administrará. Todo ello, obviamente, sin los controles establecidos por la legislación vigente.

Semejante "combo" de discrecionalidad sólo puede lograrse en el marco de una profunda distorsión institucional, con un Poder Ejecutivo que "va por todo" y un Poder Legislativo que se lo permite, en función de una mayoría oficialista cada vez más disciplinada en público, pero cada vez más asqueada en privado, posición que ya resulta un secreto a voces en el ámbito del Congreso Nacional.

De aquí en adelante, queda ver qué dirá ahora el otro Poder -el Judicial-, donde recalarán, a partir de su promulgación, las acciones de inconstitucionalidad que seguramente plantearán los usuarios, las organizaciones no gubernamentales y distintas instituciones.

¿Por qué en los países serios los objetivos que gozan de consenso tienen a su vez herramientas que los ejecutan con igual consenso, y aquí ocurre lo contrario?

Consensos y atajos

¿Por qué en la Argentina, si todos coincidimos en la necesidad de hacer obras, se buscan herramientas que sólo generan disenso, sospecha y judicialidad?

¿Por qué siempre el atajo, la delegación de facultades, la discrecionalidad; en definitiva, la ilegalidad?

De eso se trata. De poder gobernar en el marco de la legalidad. De tomar decisiones y ejecutar obras con apego a la legislación vigente, que en este caso no es otra más que el Presupuesto Nacional, las leyes de marcos regulatorios, la ley de administración financiera, la de inversión pública y la de obras públicas.

Con apego a estas leyes se pueden hacer obras, fijar impuestos, aumentar tarifas, consultar a los usuarios y controlar debidamente cada uno de los procesos. No hace falta ningún "cheque en blanco" para que una persona reemplace a todo ese andamiaje jurídico, que para algo se sancionó.

El Presidente y su esposa nos exigen a la oposición "un plan alternativo". Parafraseando a Bill Clinton, pero suprimiendo el agravio, contestamos: "Es la ley, señor Presidente". .