El Gobierno busca distanciarse del aborto

El Gobierno dio a conocer ayer, por primera vez, su postura frente al aborto. Advirtió que "nunca" presentará un proyecto para despenalizarlo.

El revuelo que causó el anuncio del Ministerio de Justicia de un anteproyecto elaborado por un grupo de juristas que propone no penar a la mujer que aborte dentro de los tres meses de embarazo cuando hubiera "circunstancias que lo hicieran excusable", forzó a la Casa Rosada a responder a las críticas que provocó la iniciativa.

"Es un tema que no admite discusión", dijo en la mañana de ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández respecto de si el Poder Ejecutivo convertiría en propio el proyecto elaborado en la sede del Ministerio de Justicia.

En esa cartera, que ya publicó en su página web ( www.jus.gov.ar ) el proyecto para someterlo a la opinión popular, nadie habló públicamente de las declaraciones de Fernández.

En diálogo con LA NACION, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, insistió en que el documento preparado por los expertos "no es un proyecto del Gobierno" y destacó que requiere "un extenso y profundo debate, no sólo en los ámbitos académicos y profesionales especializados, sino también en el conjunto de la sociedad".

La Comisión de Reforma del Código Penal fue creada durante la gestión de Horacio Rosatti en la cartera de Justicia. En el último año, todos los jueves, de 10 a 17, el grupo de expertos se reunió con el propósito de revisar y actualizar el Código Penal, coordinados por el secretario de Política Criminal de ese ministerio, Alejandro Slokar.

El reglamento que creó la Comisión incluye entre sus miembros a un representante del Ministerio del Interior. Para ocupar ese cargo fue designado el ex juez Gabriel Di Mateo. Sin embargo, en el ministerio que conduce Fernández informaron que "Di Mateo jamás fue convocado a las reuniones desde que se fue Rosatti" y que, mientras asistía a ellas, "nunca se habló de flexibilizar las penas para el aborto".

Los restantes miembros de la Comisión son David Baigún, Raúl Ochoa, Carlos Chiara Díaz, Guillermo Yacobucci, Edmundo Hendler, Daniel Erbetta, Alejandro Tizón, Gustavo Ferreyra y Javier De Luca. Precisamente, el aborto fue el tema que más discusión generó entre ellos. "Había dos grupos: uno que quería mantener la punición y otro que quería permitirlo abiertamente", relató a LA NACION Carlos Chiara Díaz, juez del Superior Tribunal de Entre Ríos.

"Nadie nos dio una directiva ni nos dijo qué quería el Gobierno. El Ministerio de Justicia nos dio un apoyo técnico impecable, pero no influyó en el contenido del proyecto", sostuvo De Luca.

Según De Luca, si esta reforma se hace realidad, las penas por aborto no se reducirán. "¿Qué mujer está hoy presa por abortar? No hay condenas, -opinó el penalista-. En todo caso, habrá habido una prisión en suspenso. En cambio, ahora, que se le va a permitir al juez optar por penas alternativas, se van a tener que cumplir."

Durante el primer día de publicación, el proyecto recibió 102 observaciones en la casilla de mail del Ministerio de Justicia. La consulta estará abierta hasta el 15 de agosto próximo. Después, la comisión elaborará un informe de las opiniones recabadas y elevará a Iribarne el proyecto de reforma que redactó junto con el resumen de las observaciones.

La publicidad de este proyecto no sólo provocó la reacción de la Casa Rosada, sino que generó reacciones encontradas entre políticos, miembros de asociaciones civiles y de la Iglesia Católica, que ayer recibió un llamado tranquilizador del Gobierno. Juan Carlos Blumberg, que se opone a la iniciativa, también dijo haber recibido una comunicación desde la Presidencia (ver aparte).

El ministro de Salud, Ginés González García, es un abierto defensor del derecho a abortar. Ayer, LA NACION intentó hablar con él, pero fuentes oficiales dijeron que estaba viajando a Ginebra.

Una de las primeras voces contra la propuesta de reforma fue la del tradicional Colegio de Abogados porteño, que consideró que todo aborto es un homicidio (como se informa por separado).

En las antípodas de esta posición, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) pidió un derecho a abortar aún más amplio. Su presidenta, Mabel Bianco, pidió la liberación total del aborto.

"Muchas mujeres tienen miedo de ir a un hospital después de un aborto mal hecho por miedo a que las denuncien. Cambiar la ley no va a hacer que la gente aborte más", sostuvo.

En el mismo sentido se manifestó la ex legisladora María José Lubertino: "Pretendemos que se debata el aborto para que se logre discriminalizar a las personas que llegan a eso", dijo.

El nuevo proyecto de código modifica buena parte de las figuras penales, entre ellas, la liberación de la tenencia de drogas para consumo personal y la flexibilización de la eutanasia, que puede ser incluso no penada por el juez. .