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Pretenden penar la violación de e-mails

Diputados debatirá un proyecto de ley

Domingo 04 de junio de 2006

Días después de desatado el escándalo de espionaje virtual contra periodistas, empresarios y dirigentes políticos, el oficialismo en la Cámara de Diputados decidió tomar cartas en el asunto y establecer durísimas penas contra este tipo de delitos, todavía sin sanción efectiva en el contexto legal vigente.

El próximo martes por la tarde, las comisiones de Legislación Penal, Comunicaciones y Libertad de Expresión de la Cámara baja debatirán un proyecto de modificación al Código Penal presentado anteayer por la diputada oficialista Diana Conti (FV-Buenos Aires) y respaldado por el jefe del bloque, Agustín Rossi (Santa Fe).

La iniciativa, que iguala la intromisión en correos electrónicos con las de misivas en papel, prevé penas de hasta diez años de prisión para la violación del correo electrónico por parte de funcionarios públicos o miembros de fuerzas de seguridad.

En la mesa de debate de las comisiones también estará un proyecto similar -aunque con una penalidad menor a la que propone el oficialismo- presentado semanas atrás por la arista Delia Bisutti (ARI-Capital).

El martes último, una treintena de diputados de distintos partidos convocados por la titular de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giúdici (UCR-Capital), recibieron a distintos periodistas cuyos mails habían sido violados y se comprometieron a impulsar iniciativas para penalizar estos comportamientos.

"Al revisar la legislación nos dimos cuenta que, por falta de adecuación a los nuevos tiempos, nuestro Código Penal no pena claramente los delitos por medios electrónicos. Los jueces nos están pidiendo estas modificaciones y vamos en ese sentido", explicó Conti a LA NACION.

El proyecto, modificatorio de los artículos 153 a 157 del código y que cuenta con el apoyo del bloque kirchnerista, equipara el delito de violación de correos electrónicos efectuados por particulares con el de estafa, que alcanza una pena máxima de seis años de prisión. Si quien comete ese delito es funcionario o miembro de una fuerza de seguridad, las penas que se contemplan van de 1 a 10 años de reclusión.

"No se trata sólo de penalizar violación de e-mails o el uso indebido de tecnología. Hay que estar atentos, en el país cualquiera hace inteligencia y nadie controla", alertó Giúdici.

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