Hay una buena noticia para los porteños que no deseen ser molestados por la llamada telefónica de un joven que promociona el servicio de banda ancha a 40 pesos durante tres meses, ni ser sorprendidos por la telemarketer de un banco con la incómoda oferta de un seguro de salud “por si en el futuro tiene cáncer”.
De ese bombardeo telefónico, en gran parte posible gracias al tráfico de datos privados, podrán librarse los vecinos cuando el Poder Ejecutivo de la ciudad reglamente la ley que ayer sancionó la Legislatura local, que crea el Registro No Llame para que se inscriban todas las personas que no quieran recibir llamadas de empresas o particulares dedicados a la venta telefónica.
La norma prohíbe a quienes emplean el telemarketing dirigirse a los números de teléfono y a los titulares de líneas anotados en ese registro, y prevé que la autoridad de aplicación de la ley “fijará las sanciones” para los operadores que violen lo ordenado por el texto.
"La medida pretende defender la privacidad de los individuos y, paralelamente, frenar el tráfico de datos personales. Al que quiera operar como call center en la ciudad se le entregará el registro y deberá abstenerse de llamar a los inscriptos", explicó a LA NACION el diputado de ARI Alejandro Rabinovich, autor del proyecto que ayer fue convertido en ley por amplia mayoría.
La industria del call center , según estadísticas recientes, marcha en franco crecimiento. Las nueve empresas del sector agrupadas en la Agrupación de Centros de Atención al Cliente emplean hoy a 30.000 personas, contra las 7500 que empleaban en 2001. Así lo aseveró el presidente de la cámara, Carlos del Río.
Pero estas compañías -Atento, Teleperformance, Apex America, Teletech, Actionline, PYD, Clienting, Pearson y Proyectar Connect- son call centers que prestan servicios a terceros. Y este segmento constituye apenas el 30 por ciento del mercado, según un estudio de Convergencia.
El 70% restante desarrolla sus tareas in house -o sea, pertenecen a la misma empresa para la que operan- y se desconoce cuántas son exactamente.
Consultado anoche sobre cómo repercutiría la creación del registro en la actividad de las empresas agrupadas en la cámara, Del Río dijo a LA NACION que desconocía el texto de la ley y que, por eso, no podía efectuar esa evaluación hasta leerlo.
Interminable
Según el diputado Rabinovich, los servicios de telemarketing "avasallan la intimidad y hacen negocio de esto. Una persona da sus datos a su banco y a su compañía de seguro, por ejemplo, y lo llaman de todos los bancos y de todas las aseguradoras".
Pero no sólo son bancos y aseguradoras, claro está. Más precisamente, el listado de ofertas de bienes y prestaciones amenaza con ser interminable. En él figuran también proveedores de Internet, bancos, servicios de ambulancias, automotrices y explotadores de tiempos compartidos.
Según Del Río, en la Argentina la gente no resulta tan afectada por las llamadas efectuadas por operadores de call centers . "Una persona recibe un llamado cada dos meses, cuando en los Estados Unidos recibe cinco o seis por día. Allí el do not call list funciona y hay pocos anotados", sostuvo.
El legislador arista contrapuso: "Terminan llamando a la casa de un particular empresas a las que la persona no les dio información alguna, porque se venden las bases de datos. Quienes se anoten en el registro expresarán su voluntad de no ser llamados siquiera por encuestadoras y deberán ser respetados".
Incumplimiento
Sobre cuál será el mecanismo para comprobar una violación a la normativa, Rabinovich explicó: "El perjudicado podrá valerse del registro de llamadas entrantes que conservan las compañías de telefonía".
En caso de un incumplimiento, según dijo, la autoridad de aplicación -que será la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor del gobierno porteño- impondrá al responsable una multa. El monto de la sanción no fue establecido en el texto aprobado ayer, sino que será determinado por el Poder Ejecutivo.
La norma también indica que la incorporación en el registro tendrá validez por dos años y se renovará automáticamente por otro período igual, a menos que el inscripto exprese lo contrario. De todas maneras, el ciudadano anotado podrá solicitar ser eliminado del listado en cualquier momento.
Si el jefe de gobierno, Jorge Telerman, no veta la ley y los trámites administrativos transcurren sin problemas, el Registro No Llame podría estar en funcionamiento dentro de 100 días. La norma otorga a las empresas de telemarketing 90 días a partir de la publicación del listado para tomar conocimiento de las inscripciones existentes en él. .